por Alex Meneses Miyashita
Mississippi se está uniendo a un grupo de media docena de estados que requieren que los empleadores usen un programa de verificación de trabajo federal para asegurarse de que quienes contratan pueden trabajar legalmente en el país.
El programa de verificación de empleados, con5ocido como E-Verify, hasta ahora ha sido adoptado por Arizona, Colorado, Georgia, Missouri y Oklahoma. El gobernador de Mississippi Haley Barbour aprobó el requerimiento el 17 de marzo.
En el Congreso de EE.UU., dos proyectos están pendientes que requerirían el uso de E-Verify a nivel nacional.
El Centro Hispano Pew estima que había más de 7 millones de trabajadores indocumentados en 2005.
Los críticos están preocupándose por el sistema que alegan tendría efectos adversos en todos los trabajadores de EE.UU., algunos de ellos enfatizan su potencial impacto en inmigrantes legales nacidos en el extranjero y ciudadanos y otros incluso, en dueños de pequeñas empresas.
Tyler Moran, director de políticas de empleo de National Immigration Law Center, de Los Ángeles estima que hay cerca de 50 proyectos pendientes a nivel estatal, que incorporan el uso obligatorio de E-Verify en su lengua.
Pero Moran señaló que de cerca de 60 proyectos introducidos el año pasado, solo un puñado de ellos se volvieron ley y algunos estados, incluyendo los conservadores, han rechazado la idea.
Idaho, Indiana y Virginia han recientemente abatido tales proyectos.
A nivel federal, el Rep. Sam Johnson (R-Texas) introdujo recientemente una legislación que requerirá la verificación del empleador para todas las nuevas contrataciones en tres años.
Otro proyecto, auspiciado por los Reps. Heath Shuler (D-N.C.), Tom Tancredo (R-Colo.) y Brian Bilbray (R-Calif.), establece el tiempo en cuatro años.
Los partidarios de este último proyecto son firmas en un movimiento de procedimiento en la Cámara, conocido como cumplimiento discharge, para saltarse los procesos de comité para el proyecto y traerlo directamente a la Cámara.
La petición tiene 181 de las 218 fi rmas requeridas de los legisladores para hacerlo en el receso de primavera.
Manejado por el Departamento de Seguridad Interior y la Administración de la Seguridad Social, el sistema basado en Internet revisa los nombres de los empleados contra los números de Seguridad Social para asegurarse de que éstos sean correctos.
El sistema fue lanzado en 1996 con el nombre Piloto Básico, y ha estado disponible desde entonces para que los empleadores lo usen de manera voluntaria.
A los críticos les preocupa particularmente los errores existentes en las bases de dato de la Administración de Seguridad Social y de Seguridad Interior, que el gobierno federal mismo ha documentado a través de investigaciones comisionadas.
Estas bases de datos propensas a los errores podrían eliminar en promedio a miles de trabajadores, diariamente, de ser elegidos para ser contratados, alegan.
“Habrá muchos trabajadores, particularmente de los sectores socio-económicos más bajos, que no podrán navegar en ese proceso”, dijo Jim Harper, director de estudios de información política del Instituto Cato en Washington, D.C., durante una presentación el 25 de marzo.
Los datos de SSA tienen una tasa de error de 4.1 por ciento, lo que signifi ca que la información es inexacta para uno entre 25 individuos, según Harper, quien citó datos de la Ofi cina General del Inspector de SSA.
Moran, de National Immigration Law Center, dijo que los errores en la base de datos del DHS impactan desproporcionadamente a los trabajadores extranjeros legales.
Citando un estudio reciente comisionado por el DHS, dijo que los trabajadores nacidos en el extranjero tienen 35 veces más posibilidades que aquéllos nacidos en Estados Unidos, de ser desautorizados de manera incorrecta para trabajar inicialmente.
Los ciudadanos naturalizados también tienen más probabilidades que los nativos, 10 por ciento vs. 1 por ciento, para ser identificados incorrectamente como no autorizados para trabajar, dijo Moran.
Hispanic Link.
