por Marvin Ramírez
Cuando Christina Corpus, cuya madre es nicaragüense, fue elegida sheriff del condado de San Mateo en 2022 con el 57 por ciento de los votos, fue una victoria histórica con una plataforma de reforma, transparencia y fin del favoritismo dentro de un departamento largamente envuelto en escándalos. Pero poco más de dos años después, Corpus está al borde de la destitución, no por delitos comprobados, corrupción o abuso de poder, sino por una serie de acusaciones que, analizadas con detenimiento, son más insignificantes que condenatorias.
Desde el principio, la victoria de Corpus desafió la arraigada estructura de poder del condado. Su predecesor, Carlos Bolaños, no era ajeno a la controversia: se vio involucrado en la redada a un burdel en Las Vegas en 2007, conocida como la «Operación Dollhouse», y, en un extraño acto final, envió agentes a través de las fronteras estatales para resolver una queja sobre una réplica de lujo del Batimóvil. Corpus, en cambio, prometió romper con la rutina. Su campaña atrajo a activistas comunitarios deseosos de reforma, y su mensaje en las primarias fue claro: «Nos enfrentamos a un sistema establecido».
Pero casi tan pronto como asumió el cargo, el sistema pareció volverse en su contra.
Una serie de titulares e investigaciones han retratado a Corpus como una líder caótica, centrada obsesivamente en asuntos que sorprenden, pero en última instancia triviales: un par de botas de 1200 dólares, un cachorro orinando en la oficina y un viaje a Hawái con un viejo amigo y partidario de la campaña, Victor Aenlle. El gran escándalo parece girar en torno a la percepción de una relación personal inapropiada, basada en acusaciones anónimas y detalles circunstanciales. ¿Las supuestas pruebas? Masajes compartidos, pendientes y una caja de zapatos escondida.
Debemos preguntarnos: ¿Es este realmente el estándar para destituir a un sheriff elegido democráticamente?
El informe de 400 páginas de la exjueza LaDoris Cordell sobre la oficina del sheriff presenta a Corpus como alguien que violó las políticas del condado sobre nepotismo y permitió que una relación personal influyera en sus decisiones profesionales. Pero incluso la base del informe es frágil. La acusadora principal, identificada como «Empleada n.° 3», permanece en el anonimato, y ninguna de las presuntas faltas de conducta alcanza el nivel de actividad delictiva. Mientras tanto, Cordell no dio a ninguno de los acusados la oportunidad de cuestionar directamente a sus acusadores, una señal de alerta en cualquier proceso que pretenda imparcialidad.
Aenlle, el supuesto poder tras el trono, se desempeñó como subdirector de reserva durante 17 años. No fue elegido de la nada, a pesar del énfasis de Cordell en su experiencia en el sector inmobiliario. Tanto él como Corpus argumentan que la reacción negativa que enfrentan proviene de intereses arraigados que resienten la reforma, específicamente, la reforma que amenaza el aumento de las horas extras y las jerarquías internas arraigadas. La propia Corpus declaró con insistencia que, como mujer de color que ascendió en un campo dominado por hombres, estos ataques le resultan demasiado familiares.
De hecho, los mismos problemas que Corpus pretendía abordar (el uso indebido de las horas extras, la falta de transparencia y una cultura de liderazgo deficiente) podrían estar alimentando las críticas en su contra. Cabe destacar que algunos agentes han ganado más en horas extras que su salario base, y uno de ellos llegó a ganar casi $500,000 en horas extras en un solo año. Cuando Corpus intentó frenar estos excesos y reformar las prácticas salariales, la resistencia aumentó.
Uno de los episodios más inquietantes fue el arresto del presidente del sindicato de agentes, Carlos Tapia, pocas horas antes de que se hiciera público el informe de Cordell. Fue acusado de falsificar tarjetas de tiempo, un cargo que la Fiscalía de Distrito declinó presentar, alegando errores administrativos y sin intención de engañar. Tapia alega represalias por parte de Corpus por sus críticas a su liderazgo, pero las circunstancias sugieren lo contrario: que el arresto de Tapia podría haber sido una maniobra política orquestada desde dentro de un departamento en conflicto con su propio jefe electo.
Mientras tanto, la Junta de Supervisores aceleró la votación de una medida —la Medida A— para otorgarse la facultad de destituir al sheriff. Se aprobó con el 84 por ciento de los votos, pero los votantes se vieron seducidos por una narrativa mediática llena de insinuaciones y escasa de sustancia. Corpus se ha negado a dimitir, y el condado está procediendo ahora a un proceso de destitución a puerta cerrada, una preocupante falta de transparencia para un asunto de tanto interés público.
En esencia, la campaña contra Corpus parece centrarse menos en violaciones éticas y más en reafirmar el control por parte de quienes han dominado el departamento durante mucho tiempo. Las reformas amenazan el poder arraigado. Una mujer de color que derrotó al sistema podría haberse convertido en una disrupción excesiva.
Destituir a un funcionario electo debería requerir una falta de conducta grave y probada. No chismes de oficina. No acusaciones vagas de irregularidades. No botas de diseñador fuera de lugar.
La sheriff Christina Corpus obtuvo un mandato demócrata para sanear la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo. Lo que recibió, en cambio, fue la reacción negativa de un sistema desesperado por protegerse. Independientemente de que apoye sus políticas o no, todos los votantes del condado deberían estar alarmados por el hecho de que se están utilizando acusaciones endebles, bajo la apariencia de responsabilidad, para invalidar la elección del público.
La democracia implica dejar que los votantes decidan quién gobierna. Si Corpus Christi no ha cumplido, hay elecciones para eso. Hasta entonces, esto se parece menos a justicia y más a un golpe de Estado camuflado en la burocracia.
