por Adolfo Flores y Mario Aguirre
Una serie de fuegos arrasadores que han incendiado por más de una semana seis condados del Sur de California donde viven 7.2 millones de hispanos —cerca del 40 por ciento de su población combinada—finalmente aparenta estar bajo control.
El infierno alimentado por el fuego inició las evacuaciones más grandes en la historia del estado.
Ennegreció más de medio millón de acres, destruyó 1,800 hogares y causó siete muertes. Cuatro de las personas capturadas y muertas por el fuego se cree son inmigrantes indocumentados. Sus cuerpos carbonizados, encontrados el 25 de octubre cerca de la frontera con México han sido enviados a la Oficina del Juez de Instrucción del Condado de San Diego para intentar identificarlos.
El gobierno de EE.UU. y organizaciones locales, así como la Cruz Roja Mexicana, han dado una mano a quienes necesitan de refugio, alimento o cuidado médico. El Consejo Nacional de La Raza se ha unido a la Cruz Roja Norteamericana (ARC) para asegurarse de que se cumplan con las necesidades de la comunidad latina. La ARC ha pedido al NCLR compartir información sobre cualquier otro servicio de rescate, donde transferir a las familias evacuadas e identificar locaciones específicas donde las comunidades están teniendo dificultades.
Ambos grupos prepararon una hoja de datos y el National Immigration Law Center está ayudando a los inmigrantes que no hablan inglés a navegar en las distintas avenidas para recibir ayuda.
“Estamos asegurándonos de que la comunidad hispana tenga la información y recursos para recibir la ayuda que necesita”, dijo la portavoz de NCLR, Laura Anduze. “Entendemos que puede ser difícil para ellos buscar asistencia”.
La Cruz Roja de México ha estado ayudando en San Diego desde el 25 de octubre, brindando asistencia bilingüe a la comunidad que habla español.
Los bomberos de Tijuana han ayudado a los bomberos de California y estados vecinos en ambos lados de la frontera.
El Presidente Bush se unió al gobernador Arnold Schwarzenegger en una visita del 25 de octubre a las áreas de “desastre” en San Diego y prometieron ayuda federal a las víctimas.
“Esta declaración significa millones de dólares en importante asistencia para ayudar a nuestro estado a reconstruirse y recuperarse”, dijo Schwarzenegger. “El gobierno federal hizo lo correcto”.
La Federal Emergency Management Agency estableció una línea telefónica dirigida a la comunidad hispana y a los que hablan otras 173 lenguas extranjeras. En los seis condados afectados hay cerca de 3 millones de personas de habla hispana con limitadas capacidades para el inglés, según el censo de 2000.
FEMA también envió representantes bilingües y multiculturales para brindar asistencia a aquéllos en las áreas devastadas.
La línea telefónica es el punto de inicio para las víctimas para inscribirse para asistencia federal. Las familias pueden recibir hasta 28,000 para viviendas temporales, reparaciones de edificios, posesiones perdidas y costos médicos y funerarios a través de su Programa Individuos y Hogares.
En las primeras 48 a 74 horas de emergencia, FEMA no consideró el estatus legal de las víctimas al brindar los servicios. Para recibir ayuda fi nanciera, sin embargo, se requiere la prueba de un estatus legal. No todos los miembros de una familia deben mostrar esa prueba. De hecho, FEMA requiere que sólo un miembro —pueden ser niños y menores—sea un ciudadano, residente o un extranjero calificado. La información de una sola persona es sufi ciente durante el proceso de registro. El padre o la madre deben dejar claro que la ayuda es para el niño.
“Si una persona no cumple con los requisitos, los transferimos a otra organización voluntaria o religiosa, donde no se necesite proveer información relativa a su estatus legal”, dijo la portavoz de FEMA, Mayra López de la Victoria.
Aunque el gobierno federal ha sido rápido en ofrecer ayuda, las comunidades indocumentadas, tales como los Mixtecos en los cañones de San Diego serán dejadas fuera cuando haya que reconstruir sus vidas.
Amanda Martínez de New American Media informó que funcionarios del gobierno mexicano están llenando la brecha. El Consulado Mexicano ha estado en el frente del esfuerzo para cumplir con las necesidades de la comunidad indocumentada, a través de asociaciones con otros grupos.
La organización Casa Familiar ubicada cerca de la frontera no pide documentación. Se ha convertido en un centro de evacuación.
La trabajadora Mónica Hernández descubrió que miembros de la comunidad indocumentada permanecían reacios a evacuar sus hogares y recibir ayuda por miedo a la Patrulla Fronteriza.
