Las iniciativas que apuntan a las “ciudades santuario” no fueron aprobadas por la legislatura de Texas en 2011 y 2015, pero esfuerzos similares en esta sesión tienen mayores posibilidades de que el Gov. Abbotts lo haga
por Julián Aguilar
La Legislatura está librando una batalla sobre las iniciativas de las “ciudades santuario” — y no es la primera vez. El debate actual fue antecedido por otro en 2011, pero en esta ocasión hay más posibilidades de que la iniciativa llegue al escritorio del Gov. Abbotts.
La propuesta de Texas de 2011 de prohibición de las ciudades santuario, término común de entidades locales que no aplican leyes federales de inmigración, habría autorizado a la policía local inquirir sobre el estatus de inmigración de cualquier persona arrestada o detenida. Eso condujo al temor de que los inmigrantes no reportaran crímenes y que las autoridades pueden detener gente con base solamente en el color de piel y entregarlas a los oficiales federales de inmigración.
“Texas Puede Hacerlo Mejor” y “Ningún Odio en Arizona” fueron lemas comunes de los críticos de la legislación que reverberaron alrededor del Capitolio del estado en 2011 — referencias a la controvertida iniciativa de Arizona que extendía los poderes de la aplicación local de la ley sobre la inmigración y que fue aprobada por la legislatura del estado en 2010.
El plan, considerado como una emergencia por el entonces Gov. Rick Perry, no fue aprobado por la Legislatura de Texas en 2011, y una legislación similar agonizó en el Senado de Texas en 2015. Como se esperaba, los republicanos están retomando la iniciativa para aprobarla este año, y Abbott y el teniente Gov. Dan Patrick han calificado la cuestión como una “prioridad legislativa”.
Las iniciativas de ambas cámaras —la Iniciativa Senatorial 4 por el senador estatal Charles Perry, R-Lubbock, y la iniciativa de la Cámara 889 por el representante estatal Charlie Geren, R-Fort Worth— permitirían a la policía local hacer cumplir las leyes de inmigración, pero sólo si el oficial trabaja con un oficial federal de inmigración, o bajo un acuerdo entre las agencias federal y local. También castigaría a los gobiernos si sus agencias de aplicación de la ley —específicamente las cárceles de los condados — no cumplen con las peticiones, conocidas como detenciones, de los oficiales de Inmigración federal y de Aduanas para que los sheriffs entreguen a los inmigrantes bajo su custodia para una posible deportación. El castigo podría ser la negación de los fondos de la subvención estatal.
En estas fechas, un demócrata de la frontera ha concedido que podría apoyar el componente de retención de las actuales propuestas, especialmente si ello significa que se mantendrán medidas más extremas.
El Sen. José Rodríguez, D-El Paso, dijo que, según información del ICE y testimonios de los sheriffs de los condados a principios de este año, el cumplimiento de la cárcel de los condados no es como los republicanos piensan.
“Tuvimos audiencias, y 254 condados [en Texas] estaban cooperando con el ICE”, dice Rodríguez, refiriéndose a las sesiones realizadas el año pasado. “Así que si [sólo tiene una disposición de retención], nadie tiene problemas, es todo lo que puedo decir”.
El componente del ICE de la legislación se ha vuelto el foco de atracción de los republicanos, especialmente después de que la Sheriff del condado de Dallas Lupe Valdez despertó la ira de Abbott en 2014 después de que dijo que ella cooperaría con el ICE sólo con una base de caso por caso. La nueva Sheriff del condado de Travis, Sally Hernandez, se sumó a la controversia cuando estaba contendiendo para el cargo el año pasado, diciendo que ella no cooperaría con el ICE. Más tarde, Valdez dijo que la habían sacado de contexto, pero los funcionarios estatales ya brincaron por el comentario.
Un análisis de la información del ICE realizado por el Texas Tribune muestra que los condados texanos no eran las principales ofensas cuando se trataba de negar solicitudes federales. Sólo 146 de los 18,646 en todo el país negaron los arrestos del ICE entre enero de 2014 y septiembre de 2015, provenientes de cárceles de Texas. El condado Travis era el primero de la lista con 72, mientras que el condado de Bexar tenía 11. La cárcel del condado de Dallas, de Valdez, negó sólo dos, según los datos. Y dos de los mayores condados de la frontera de Texas –Webb e Hidalgo– registraron tres, mientras el condado de El Paso sólo registró una. (Una representante del condado de Webb dijo que no había negado esas peticiones —los presos fueron transferidos a otro condado donde también enfrentaron cargos.)
A pesar de que la legislación no aplica a una persona que es detenida por ser víctima o testigo de un crimen, Rodríguez dijo que aún está preocupado sobre la iniciativa, porque está escrita muy ampliamente, de forma que abre la puerta a la coerción policiaca.
“Es consistente con una interpretación de que su intento es que la policía local pregunte sobre el estado migratorio”, dijo. “Porque por otro lado, lo que están diciendo es que si se trata de una ciudad denominada santuario que les prohíbe pedirlo, ellos serán penalizados y sancionados con pérdida de dinero. Es obvio que los dos elementos combinados sugieren que [ellos] quieren que la gente sea revisada”.
La oficina del Sen. Perry no respondió a estos comentarios. Pero Geren dijo que es muy pronto en el proceso para predecir qué planteará la iniciativa final y señaló que él quiere hablar con los interesados en la legislación.
“Nosotros no la hemos vetado en el proceso del comité en este punto”, dijo. “Quiero trabajar con la aplicación de la ley para asegurar que no estamos desalentando a la gente que viene, así que todavía queda mucho por decir”.
Geren era el inflexible que los sheriffs necesitaban para cumplir con las detenciones del ICE.
“Esa es en gran parte la iniciativa que queremos aprobar. Pero obviamente hay algunos sheriffs que han dicho que no lo van a hacer, y eso crea un problema”, dijo. “Pero entiendo que en algunos condados rurales, donde el ICE no está a diario en la cárcel, hacerlo podría ser una carga financiera”.
Los abogados también podrían sufrir presión de la comunidad de los negocios debido a una disposición en la iniciativa que permite a una persona presentar una queja ante el procurador general si piensan que el gobierno local no está siguiendo las disposiciones de la iniciativa.
“Si eres un sheriff y yo estoy contra ti, todo lo que tengo que hacer es alegar que estás haciendo algo nefando, como dice la legislación, y luego el [procurador general] tiene la autoridad para abrir una investigación”, dice Bill Hammond, ex director y presidente de la Asociación de Negocios de Texas y actual presidente de la firma consultiva Bill Hammond y Asociados. “Yo trato de estar en lo correcto, pero un mero alegato que no está justificado podría desencadenar, y probablemente lo haga, una investigación de un titular. Ésa es una mala política”.
