por Orsetta Bellani
Exclusivo para El Reportero
Familiares campesinos muestran las fotos de sus seres queridos asesinados o desaparecidos en la lucha por tierras en Honduras.
Cada día veinte personas son asesinadas en Honduras. Es el país más violento del mundo, y las causas se leen en su historia.
En los años 70, mientras en los países colindantes (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) se consolidaban las guerrillas de izquierda, Honduras era un feudo estadounidense. El país fue utilizado como base de las operaciones de la Contra, la fuerza guerrilleras utilizada por los EE.UU. para combatir al gobierno sandinista de Nicaragua.
Honduras ha sido la “República de las Bananas” por antonomasia. Aquí durante 10 años empresas bananeras como Dole y Chiquita, cuyos camiones siguen formando interminables procesiones en las calles, se han sustituido al Estado. En la ciudad de Tela, que hospedó la homónima bananera durante el siglo pasado, la empresa trajo electricidad, escuela y trabajo. Hoy, más que una República Bananera, Honduras tiene el aspecto de una República de la Palma Africana. A consecuencia de esto, como revela el Ministro de Relaciones Exteriores hondureño, el país actualmente importa la mitad de su necesitad de maíz y arroz, con una evidente pérdida de autonomía alimenticia. Según Rel-Uita, hoy Honduras produce más de 300 mil toneladas métricas de aceite de palma africana, y el 70 por ciento se vende en los mercados extranjeros.
Los latifundios de palma africana, cuyo aceite es destinado al sector alimenticio y a la producción de agrocombustibles, son cultivados por campesinos que – según datos proporcionados por las organizaciones integrantes la campaña “Vamos al Grano” – por alrededor del 75 por ciento viven con un dólar al día. Trabajan inmersos en sustancias químicas que contaminan la tierra y envenenan las capas acuíferas del tercer país más pobre de Latinoamérica. Esta situación crea intolerancia entre los campesinos y ganancias para la familia Facussé, una de las más poderosas del país y de toda América Central.
“En Honduras son diez familias las que toman las decisiones. Controlan industrias, bancos, medios, policía, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, la Asamblea Nacional y el Gobierno”, relata Miriam Miranda, Presidenta di OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).
La oligarquía hondureña empezó a estructurarse a mediados del siglo XX, cuando un puñado de familias judías y palestinas migraron a Centroamérica, atraídas por la inversión de capital extranjero de las transnacionales mineras y bananeras.
Estas familias han sido capaces de poner a un lado las tensiones históricas entre los dos pueblos y hoy controlan el 40 por ciento de la producción nacional. El Estado es su mayor cliente en un contexto en el que, como subraya la presidenta de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) Berta Caceres, “el Estado no existe, más bien fortalece a los poderes fácticos”. Casi todos los oligarcas hondureños contribuyen económicamente con los dos partidos, y varios miembros de estas familias han sido ministros del gobierno de turno.
En el 2009, el ex presidente Zelaya obstaculizó la misma oligarquía de la que forma parte. Anunció el aumento del salario mínimo del 66 por ciento, la adhesión al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la alianza entre los países progresistas latinoamericanos promovida por Chávez) y prometió la reforma agraria.
Ésta nunca fue aprobada: el 28 de junio de 2009, día en el que Zelaya había llamado a la población a votar una consulta para decidir si convocar a una asamblea constituyente, los oligarcas del país organizaron un golpe de estado. Depusieron a Zelaya y pusieron en su lugar a un gobierno en línea con los intereses de la oligarquía, tan entrelazados con los del narcotráfico que, según revela Wikileaks, utiliza las propiedades de Facussé como pista de aterrizaje para sus aviones. Un ejemplo de la prepotencia de la oligarquía hondureña es lo del Bajo Aguán. En los años 90 el gobierno privatizó la tierra, siguiendo los consejos del Fondo Monetario Internacional.
“A causa de las amenazas, aquí en el Bajo Aguán todos iniciaron a vender, sobre todo a Facussé. Quienes se negaron fueron asesinados”, denuncia Vitalino Álvarez, de la organización MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán). Luego, cuando los campesinos se rebelaron, el gobierno prometió la restitución de buena parte de las tierras. El acuerdo no ha sido respetado y, además, al principio de junio Miguel Facussé amenazó con desalojar siete fincas – unas 4 mil hectáreas – negociadas con el gobierno, donde están asentadas miles de familias campesinas afiliadas al MUCA.
Sin embargo, a finales de junio la organización campesina MARCA (Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán) obtuvo una importante victoria: el Juzgado de Letras de Tegucigalpa sentenció la restitución de 1,800 hectáreas de tierra a las familias de la misma organización que fueron despojadas de su tierra en 1994, reconociendo la ilegalidad de su adquisición por parte de Facussé y René Morales Carazo. Sin embargo, según el MARCA, los corruptos magistrados hondureños admitieron recursos de amparo presentados por los dos terratenientes, revirtiendo de esa manera la sentencia.
Esa decisión sienta las bases para nueva violencia en el Bajo Aguán, región donde, desde el principio de 2010 hasta hoy, los guardias de Facussé han asesinados a 51 personas pertenecientes a organizaciones campesinas y a un periodista junto con su pareja.
“Los decretos del gobierno legitiman la impunidad que rige a partir del golpe: cuando es tan generalizada corresponde a un plan”, ha afirmado el ex presidente Zelaya durante la inauguración del Encuentro Internacional por los Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras, que se ha llevado a cabo en febrero en el Bajo Aguán.
