A military guards the electoral process in a school in the colony La Travesía, popular district of Tegucigalpa. (PHOTO BY ORSETTA BELLANI)
El domingo 24 de noviembre Honduras se asomó a las urnas en una situación desastrosa: el 70 percent de la población vive en condición de pobreza y el 40 percent está desempleada. La convivencia entre las autoridades y el crimen organizado es invasiva y la militarización de la sociedad, en nombre de la lucha en contra del crimen organizado, ha causado un incremento de los homicidios y de la presencia del narcotrafico, que aprovecha previsde la impunidad que toca el 80 percent de los delitos.
Según la DEA (Drug Enforcement Administracion), por Honduras transita más del 80 percent de la droga que viaja hacia los Estados Unidos; en 2013 las autoridades confiscaron sólo dos toneladas de cocaína. Además, el viceministro de la Defensa Carlos Roberto Funes ha afirmado recientemente de sospechar que en el país se encuentra “El Chapo” Guzmán, jefe de jefes del narcotráfico mexicano.
A causa de las elecciones ha sido ulteriormente incrementada la presencia del ejercito, que mandaría a custodiar la entrada de cada sede electoral. Según relató Azadeh Shahshahani, presidenta del Nacional Lawyers Guild acudida a Honduras, entre los 800 observadores internacionales, en el avión que desde Georgia la llevó a Centroamérica viajaban algunos militares hondureños, alumnos de la Escuela de las Américas que regresaban al país centroamericano en ocasión de las elecciones.
Desde el pasado octubre el aparato policiaco-militar hondureño ha sido reenforzado con 1,000 efectivos de la nueva Policía Militar de Orden Público, creda para luchar en contra del narcotrafico. La formación del cuerpo élite ha sido promovida por Juan Orlando Hernández, candidato presidencial del oficialista Partido Nacional, que con el 34.08 percent de los votos ganó la presidencia del país centroamericano.
La campaña de Juan Orlando – ideada por el venezolano JJ Rendón, involucrado en campañas exitosas de varios presidentes de la derecha latinoamericana, como Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, Enrique Peña Nieto y Henrique Capriles – ha sido centrada sobre la promesa de seguridad a través de la militarización de la sociedad. Además, Juan Orlando ha prometido la creación de miles de puestos de trabajo en los maquiladoras, la mejoría de la situación de la vivienda de los barrios más humildes y la ampliación de los cultivos de caña de azúcar y palma africana. El programa del nacionalista ha sido apreciado por la oligarquía hondureña, un grupo de personas que posee el 40 perciento de la riqueza del país, concentrada sobre todo en la industria maquiladora y en los grandes monocultivos dirigidos a la exportación, sobre todo de palma africana.
“En Honduras son 10 las familias que toman las decisiones. Controlan industrias, bancos, justicia y gobierno”, explica Miriam Miranda de la organización por la defensa de los derechos al pueblo afrodiscendente OFRANEH. Los dueños de Honduras tienen apellidos mediorientales: Facussé, Canahuati, Kafie, y financian el sistema que garantiza la alternancia entre el Partido Nacional y el Partido Liberal desde 1902.
Con su candidatura, Xiomara Castro – esposa del ex presidente Manuel Zelaya, llevado al exilio en junio 2009 con un golpe de estado organizado por la oligarquía – desafió el machismo hondureño que cobra la muerte de una mujer cada 14 horas, y el centenario bipartidismo del único país centroamericano que no ha tenido una guerrilla capaz de desafiar el imperialismo estadounidense durante la Guerra Fría. Los norteamericanos siempre han mandado en la que se considera la República de las Bananas por excelencia, poniendo presidentes-fantoche para permitir a empresas como Chiquita de ejercer un gobierno de facto.
“En 2009 Xiomara Castro estuvo con nosotros en las calles de Tegucigalpa marchando contra el golpe y apoyo a su candidatura, aunque no estimo algunos miembros de su partido y me reservo la facultad de crítica respecto a su gobierno”, relata Tomás Gómez Membreño, de la organización indígena COPINH, con quien El Reportero conversó unos días antes de las elecciones. “Además temo que haya un fraude electoral, es difícil pensar que la oligarquía deje gobernar a Xiomara”.
De hecho, la Mesa de Análisis sobre Violación a Derechos Humanos recibió más de 60 denuncias de irregularidades ocurridas durante el proceso electoral, que van desde el hostigamiento a observadores internacionales hasta la compra de votos por parte del Partido Nacional a cambio de comida o dinero.
En la mañana del lunes pasado, en una rueda de prensa animada por sus bases, el Partido Libre (Libertad y Refundación) desconoció los resultados electorales que atribuyeron sólo el 28.92 por ciento de los votos a su candidata Xiomara Castro. Manuel “Mel” Zelaya, ex presidente de Honduras, esposo de Castro y coordinador general de Libre, denunció que más del 20 percent de las actas no ha sido registrada.
Además, Zelaya aseguró no buscar ningún acuerdo con el Partido Nacional y denunció un fraude electoral, pero no podía presentar a la comunidad internacional evidencia para invalidad la elección. Según las últimas declaraciones, el viernes Libre presentaría las pruebas del fraude.
