por Janet Murguía
No cuesta mucho notar el tono del alboroto que llevó a la cesión de la legislación de reforma migratoria a comienzos del presente verano. Se acusó a los inmigrantes de todo, desde el crimen hasta la inmoralidad y el haber traído la lepra a nuestras orillas.
Pero cuando se expresan inquietudes sobre la actitud fea y peligrosamente anti-latina, los locutores de radio y los legisladores se esmeraron en decir que su problema es con los inmigrantes ilegales, y que nada tienen contra los que están aquí legalmente ni con el grupo étnico que conforman.
En pocas palabras, insistieron que esto no se trata de lo racial, sino del problema de la ilegalidad.
Como hemos visto en el Consejo Nacional de La Raza y con base en la reacción de los participantes de nuestro congreso nacional el mes pasado, claramente los latinos no aceptan aquella explicación. Lo que empezó como debate sobre la inmigración se ha vuelto algo mucho mayor y mucho más feo.
Todos los que estamos en esta nación debemos hacer caso de lo que está ocurriendo.
Pasó menos de un mes del fracaso de la reforma migratoria para que la mayoría de ambos la Cámara y el Senado votaran a favor de propuestas que atacaron no a los inmigrantes ilegales, sino a los que están legalmente en los Estados Unidos y hasta a los que se han convertido en ciudadanos.
La más flagrante fue una enmienda que ofreció al Senado en julio el senador John Ensign (republicano por Nevada) que se enmarcó como una restricción de los beneficios del Seguro Social a cualquier persona que alguna vez estuviera indocumentada; pero habría obligado a toda persona nacida en el extranjero (piénsese en Madeleine Albright, o en Henry Kissinger, o en cada persona refugiada de la segunda guerra mundial, del sureste de Asia o de Cuba) comprobara su estado migratorio para cada momento de su historial laboral para poder recibir sus beneficios del Seguro Social.
Si hubieran estado sin autorización un solo día, el hecho que contribuyeran al sistema no tendría relevancia.
El gobierno se quedaría con el dinero que hubieran contribuido durante los años, y por supuesto, los descalificaría de los beneficios del Seguro Social.
Esta escandalosa enmienda recibió 57 votos a favor – más que lo necesario para ser aprobada. Por fortuna, un requerimiento procesal previno que se hiciera ley, al menos por el momento.
Este caso no es un caso aislado. Se han propuesto ya enmiendas similares en la Cámara y en el Senado que afectan programas de vivienda, de cupones de alimentos y otras políticas sociales. Muchas ya han sido aprobadas. Los requerimientos de documentación añadidos recientemente al programa de Medicaid – con enfoque en los inmigrantes pero que requiere documentación de toda persona que quiere valerse del programa – han resultado en la demora y en la negación de servicios a los residentes ancianos de los EE.UU. quienes califican, pero quienes tal vez no tuvieran a su inmediata disposición los documentos para comprobarlo.
No tiene mérito alguno el argumento a favor de estas propuestas. Los legisladores les ponen restricciones a los programas que ya están fuera del alcance de los inmigrantes indocumentados.
Estas propuestas afectan solamente a los inmigrantes legales y a los ciudadanos de los Estados Unidos.
Se pone peor el problema en jurisdicciones locales en lo que llenan el vacío que dejó el Congreso sobre la reforma migratoria los gobiernos locales y estatales, en busca de formas de enfrentar el tema. El condado de Prince William en Virginia hace poco aprobó una ley que requiere que la policía local funcione como agentes de inmigración. Los funcionarios del condado se están reuniendo ahora para determinar si revisar los documentos de las personas que usan las bibliotecas, los parques y las piscinas públicos. En Georgia, los departamentos del jefe de policía de manera regular erigen barreras en las carreteras con el sólo propósito de parar a las personas que tienen rasgos mexicanos y escudriñar sus documentos. Es alarmante cuánto se repite este patrón por todo el país.
Además de esto, hay que agregar una ola de odio y malicia que se oye por las ondas de radio y se empieza a entender por qué no creemos que las inquietudes tengan que ver con la ilegalidad. Numerosos ataques verbales por radio han llevado a o han acompañado al bien documentado resurgimiento de grupos de odio y crímenes con base en el odio.
Los hispanoamericanos estamos cada vez más escandalizados con el ser sospechados por todas donde vayamos, obligados constantemente a comprobar que pertenecemos a nuestro propio hogar. Vemos que nuestro adorado país está en peligro de volverse algo que casi no reconocemos – un lugar 2tan ávido de perseguir a los que han cometido el “crimen” de venir a los Estados Unidos a trabajar, que el país parece precipitarse a socavar todos los demás valores que guardamos cerca de nuestro corazón.Una encuesta que realizó el año pasado el Centro Pew Hispano halló que más de la mitad de los latinos de este país reportan que la discriminación contra su persona ha aumentado por cause del debate migratorio.
Los latinos estan en extremo disgustados por ser seleccionados como el blanco, pero sentimos la urgencia. Somos el canario de la mina, que envía una advertencia a nuestro país que está balanceándose al borde de algo que nos perjudica a todos. Los que piensan que el debate migratorio rencoroso no surte efecto sobre todos están tristemente equivocados. Para los latinos, es obvio que no podemos quedarnos en el banquillo. Mientras más pronto también sea obvio para el resto del país, mejor.
(Ésta es la primera de una serie de comentarios mensuales que Janet Murguía,
presidenta del Consejo Nacional de La Raza, la organización de abogacía hispana y de derechos civiles en los Estados Unidos, redacta en Hispanic Link). © 2007
