Una march en California a favor de la legalización de todos los indocumentados en EE.UU.
New America Media
Mientras el Senado se prepara para votar sobre una reforma migratoria integral, es importante recordar que los trabajadores y los inmigrantes nunca han hecho progresos significativos en la obtención de los derechos civiles y humanos en Estados Unidos sin una pelea. Lo mismo es cierto hoy en día.
Ningún partido político o la Banda de los Ocho puede otorgar derechos a los inmigrantes indocumentados que sólo se puede ganar a través de un movimiento social organizado. El presidente Barack Obama no hubiera emitido una orden ejecutiva para diferir las deportaciones de estudiantes indocumentados si no hubiera habido jóvenes valientes que lucharon contra las deportaciones, organizando protestas, y proponiendo su propia reforma migratoria – el Dream Act.
La propuesta de ley del Senado, sin embargo, no refleja la realidad en que vive la mayoría de los inmigrantes, sobre las razones por las cuales la gente viene a Estados Unidos. Este proyecto de ley no va a detener el flujo de inmigrantes indocumentados, su propósito declarado, ya que no se ocupa de las causas fundamentales de la migración. Sólo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desplazó a millones de trabajadores y campesinos mexicanos, obligándolosa salir de su país. Cuando entró en vigor, 4.6 millones de mexicanos vivían en Estados Unidos. Hoy en día, 13 millones de personas lo hacen, el 11 por ciento de la población de México.
En cambio, el proyecto del Senado busca canalizar ese flujo de una manera que beneficie a las industrias que dependen de mano de obra barata, mucho más de lo que beneficia a las comunidades de inmigrantes. El proyecto de ley cuenta con programas de trabajadores huéspedes y una mayor observancia. Estas medidas no podrán detener el flujo de personas a través de la frontera, ni están diseñados para proteger los derechos de los inmigrantes.
Pero ellos transforman aún más nuestra política de inmigración en un sistema de suministro de mano de obra para las empresas. Esta transformación ha estado ocurriendo desde la reforma migratoria de 1986.
Tan sólo en los últimos años, Estados Unidos ha deportado a 400,000 personas anualmente. Al mismo tiempo, las empresas han contratado anualmente a 250.000 trabajadores extranjeros en los programas de trabajo formales, y muchos miles más con otras categorías de visas.
Esto es un logro importante de nuestro movimiento de derechos civiles.
En 1965 se suprimió el programa bracero, un enorme programa anterior de trabajadores invitados.
En su lugar, un sistema de preferencia familiar se convirtió en parte de nuestra política de inmigración, lo que permite a las familias a reunirse aquí en Estados Unidos. El nuevo proyecto de ley del Senado, sin embargo, restringe la inmigración basada en la familia.
Hace que las necesidades laborales de los empresarios sean más importantes que las relaciones familiares.
No hay garantías de que los abusos flagrantes de los trabajadores huéspedes en los programas de hoy cesarán bajo la nueva ley. Hace poco, en una planta de procesamiento de mariscos en Puente Beau, LA, un empleador bloqueó las puertas de la fábrica para que las mujeres trabajadoras invitados no pudieran ir al baño. Cuando protestaron, el dueño amenazó con violencia en contra de sus familias en México. Afortunadamente, las protestas de la comunidad llegaron a la ayuda de las mujeres.
Para los trabajadores invitados, el desempleo significa deportación. Es por eso que los grupos laborales y de derechos de los inmigrantes están a favor de dar a los migrantes visas de residencia permanente en lugar de obligarlos a que vengan como trabajadores invitados. Los visados de residencia garantizan derechos y no castigan a los inmigrantes por la pérdida de puestos de trabajo.
El proyecto del Senado criminaliza a los inmigrantes y la inmigración. Amplía el presupuesto de la vigilancia fronteriza en $ 5,5 mil millones, mientras que los recortes secuestrados están cerrando centros de cuidado infantil y el despido de maestros en las escuelas. Se militariza aún más la frontera mediante el despliegue de aviones no tripulados, y estimula la construcción de cárceles de inmigración de gestión privada.
Cientos de miles de trabajadores inmigrantes ya han sido despedidos porque según la ley de EE.UU. es un delito que trabajen. Pero en lugar de despenalizar el trabajo, el nuevo proyecto de ley obliga a todos los empleadores a verificar el estado de sus trabajadores a través de la base de datos E-Verify y requiere una identificación fotométrica para conseguir un trabajo. Esto dará lugar a una ola aún mayor de despidos.
Un gran porcentaje de los 11 millones de personas que necesitan legalizar su situación no califica debido a las restricciones del proyecto de ley, en especial sus requisitos de ingresos que penalizan a los pobres. Esta base de datos E-Verify los hace aún más vulnerables a la presión, ya que tendrán que trabajar “fuera de los libros”.
Las familias y las comunidades van a sufrir, y el número de inmigrantes forzados a vivir en las sombras crecerá. Millones de personas esperan obtener estatus legal y eventualmente la ciudadanía, y crear un ambiente propicio para el cambio político progresista. Sin embargo, el actual proyecto de ley no es un camino seguro.
En los últimos años las comunidades de inmigrantes y los sindicatos han propuesto alternativas más progresistas.
Las organizaciones de los migrantes indígenas mexicanos tratan de deshacerse de los acuerdos comerciales que desplazan a sus comunidades de origen en México. Los trabajadores despedidos de Silicon Valley en San Diego quieren poner fin a E-Verify, los despidos y la criminalización de su labor. Los organizadores
en Washington y Mississippi quieren poner fin a los programas de trabajadores y los activistas en México están de acuerdo, diciendo que el sistema de contratación corrompe a los políticos y la gente se sumerge en la deuda.
Todos ellos buscan una alternativa progresista que pondría fin al trato de los inmigrantes como mercancías valoradas sólo como mano de obra barata, y no como seres humanos dignos de respeto y dignidad. David Bacon es autor de Illegal People–How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants, y la próxima obra, The Right to Stay Home, ambos de Beacon Press. Rosalinda Guillén es directora del Community2Community, una organización dirigida por mujeres en el Estado de Washington. Mark Day es director ejecutivo de los Obreros de San Diego y de la Asociación de Trabajadores del Hogar. Todos ellos son partidarios activos de la Campaña de Dignidad para la Reforma de Inmigración basada en los derechos humanos y laborales.
