por Roger Lindo
New América Media
El año pasado, 70,000 niños y adolescentes de Guatemala, El Salvador y Honduras huyeron a los EE.UU. para escapar de las maras.
Medios en el país centroamericano de El Salvador informaron recientemente de que decenas de familias de la comunidad rural de El Llano abandonaron sus hogares después de que miembros de pandillas (conocidas localmente como maras) amenazaron con que iban a “acabar con la comunidad” en represalia por refugiar miembros de una pandilla rival.
Dos días más tarde, los residentes de mejicanos, una ciudad de clase trabajadora al norte de San Salvador, dijo a los agentes de la policía y periodistas que habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros de las pandillas. Una docena de familias decidieron abandonar sus viviendas.
Estos y otros casos sugieren la existencia dentro de El Salvador de un número creciente de personas que han sido desplazadas por la violencia, no por una situación de guerra. Es una triste realidad en un país, que, hace 23 años, puso fin a un conflicto de 10 años que dejó un estimado de 75 mil personas muertas. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien asistió a la ceremonia de aniversario que celebra el final de ese derramamiento de sangre, señaló que la inseguridad es uno de los retos que aún quedan en El Salvador.
El año pasado, 70,000 niños y adolescentes de Guatemala, El Salvador y Honduras huyeron a la frontera sur de los Estados Unidos. Según numerosos testimonios, una gran parte de ellos emprendió este viaje para escapar de las maras.
Las pandillas que han invadido El Salvador se originaron en Los Ángeles, y migraron a este país, gracias a una agresiva política de deportaciones. Debido a la pobreza crónica y la falta de oportunidades económicas, para los pandilleros resultó fácil reclutar jóvenes en barrios y comunidades de la clase trabajadora. El descuido de las zonas pobres por parte de las administraciones anteriores y el sector privado, además de una serie de políticas fallidas, permitió que las pandillas tomaran el control de grandes extensiones de territorio.
En esta etapa, las pandillas se han vuelto tan arraigadas en las comunidades pobres que incluyen madres, hijos, abuelos y nietos. Familias enteras participan en delitos como la extorsión y los secuestros.
Debido a la falta de recursos y la formación, la protección que la policía salvadoreña puede proporcionar a sus propios ciudadanos es limitada. En el caso de El Llano, todo lo que la Policía Nacional Civil (PNC) podía hacer era acompañar a los desplazados a sus hogares para que pudieran recoger algunas de las pertenencias que habían dejado. Es muy probable que donde estas personas terminan, tampoco estarán a salvo allí.
A medida que pasa el tiempo, las maras se han vuelto más audaces. Un par de semanas atrás, los miembros de pandillas bien armadas montaron barricadas a lo largo de una de las principales autopistas, y agredieron automovilistas en plena luz del día.
En lo que va de este año, las pandillas han matado a siete agentes de la policía, y muchos otros han sido emboscados. Ser un agente de policía se ha convertido en uno de los trabajos más peligrosos en El Salvador. Esto fue señalado en un artículo de opinión escrito por la embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte, emitido esta semana.
El gobierno de izquierda del presidente Salvador Sánchez Cerén no ofrece soluciones inmediatas o baratas tampoco. La hoja de ruta del gobierno se resume a un plan de 5 años dado a conocer la semana pasada. El documento fue elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Violencia, un panel integrado por funcionarios de varios ministerios, el sector empresarial, las iglesias, el cuerpo diplomático, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. El plan – etiquetado en $2,300,000,000 – contiene una mezcla de componentes: desde el aumento de la capacidad de aplicación de la ley y de la expansión del sistema penitenciario, y la rehabilitación de los delincuentes.
No será una tarea fácil. A las pandillas se les permitió crecer y expandirse por todo el país durante casi dos décadas, y el objetivo principal tiene que ser neutralizar su capacidad para reclutar a más jóvenes. Aquí es donde debe estar el impacto principal del programa, y un curso de acción se debe definir de manera que la fuerza del plan se sienta de inmediato. El gobierno podría centrarse, por ejemplo, en la transformación de las escuelas en lugares seguros, donde los niños y jóvenes puedan estar libres de la influencia de las pandillas, y ser educados en una cultura de aprendizaje y paz.
