Esta historia forma parte de California Voices, un foro de comentarios que busca ampliar nuestra comprensión del estado y destacar a los californianos directamente impactados por las políticas —o por su ausencia
por Jessica Ordaz
No dejo de pensar en José René Flores, un residente de Los Ángeles que estuvo encarcelado en un centro de detención migratoria del sur de California en la década de 1980. El Centro de Detención de Inmigración de El Centro, a donde los agentes migratorios enviaron a Flores, tiene una larga y profunda historia de brutalidad.
Pero la historia de Flores no es solo una de violencia y violaciones. También es una historia de protesta y solidaridad, reflejo de una tradición más amplia de resistencia desde dentro de los centros de detención, incluyendo a las personas que la administración Trump intenta actualmente silenciar y hacer desaparecer. Ellos han arriesgado sus vidas “sin derechos” con la esperanza de que el mundo conozca las condiciones inhumanas tras los muros de detención, y que puedan alcanzar la libertad.
Flores migró a Estados Unidos desde El Salvador en 1980, después de ser atacado por miembros de la Guardia Nacional, una organización paramilitar conocida por cometer atrocidades durante la Guerra Civil salvadoreña. Siendo adolescente, fue perseguido por participar en un sindicato fabril y en la organización revolucionaria Frente de Acción Popular Unificada.
Había una represión terrible en El Salvador”, me dijo Flores cuando lo entrevisté hace algunos años. “Me criminalizaron por tener el pelo largo y gafas negras. Solo por lucir diferente y ser joven, ya eras un criminal, marijuanero, guerrillero y drogadicto.”
Cuando Flores llegó a Los Ángeles, fue detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), quienes lo trasladaron a El Centro, porque decidió solicitar asilo político. El centro de detención, ubicado en el Valle Imperial de California, fue construido en 1945 para encarcelar a hombres mexicanos sin autorización y a quienes habían sido condenados por delitos deportables. Para cuando Flores llegó, se había transformado de un pequeño campamento en una instalación de gran escala con una profunda historia de explotación laboral, abuso físico y vigilancia.
Los funcionarios del INS obligaban a Flores y a otros migrantes detenidos a trabajar por salarios bajos, y a veces sin paga; les limitaban el acceso a alimentos nutritivos y atención médica, y mantenían un clima de intimidación física y psicológica.
Flores y algunos otros migrantes salvadoreños decidieron resistir. “Todos sentíamos lo mismo —dijo Flores—: ofendidos, maltratados. Queríamos decirnos unos a otros que no estuviéramos tristes, que estábamos todos juntos en esto.”
En 1981, iniciaron una huelga de hambre de 15 días. Su negativa a comer y el uso de sus propios cuerpos como forma de protesta denunciaron la violencia del Estado, alertando al público sobre la naturaleza punitiva de la detención.
Gracias a la protesta y a los esfuerzos del grupo de ayuda a inmigrantes Concilio Manzo, el INS liberó a Flores ese mismo año.
Poco después, en 1985, una huelga de hambre mucho mayor en El Centro alcanzó notoriedad internacional. Quince migrantes de diferentes países organizaron una huelga de ocho días. Entre 175 y 300 hombres encarcelados participaron, exigiendo que se escucharan sus quejas.
Aunque los informes oficiales del INS afirmaban que el centro de detención funcionaba simplemente como un sitio administrativo donde las personas esperaban sus audiencias de deportación, los testimonios que los huelguistas compartieron con abogados y medios de comunicación presentaron el lugar como un centro de castigo.
Los manifestantes también hicieron público un factor crucial ausente en la narrativa del INS: las razones por las cuales muchos centroamericanos habían migrado a Estados Unidos. Varios de ellos habían sido perseguidos en sus países por oponerse a regímenes represivos latinoamericanos financiados con dólares de los contribuyentes estadounidenses.
La huelga de 1985 provocó una mayor represión por parte de los oficiales del INS, pero también ayudó a cambiar la percepción pública sobre los centros de detención, aun cuando Estados Unidos continuó encarcelando a inmigrantes y solicitantes de asilo en lugares como el Centro de Procesamiento de Servicios Krome, en Florida; el Centro de Detención de Port Isabel, en Texas; y la Bahía de Guantánamo, en Cuba, bajo administraciones tanto demócratas como republicanas.
Los actos de protesta desde detrás de los muros de detención nunca han cesado. En las décadas siguientes, los migrantes han exigido que abogados y organizaciones de derechos de los inmigrantes escuchen y documenten sus historias, han presentado demandas colectivas y han llevado a cabo actos de desafío —como negarse a comer o a trabajar— para denunciar la crueldad del Estado.
La disidencia continúa bajo el “Reinado de Terror de Trump”. A fines de septiembre, por ejemplo, 19 migrantes encarcelados iniciaron una huelga de hambre dentro de la prisión de Angola, en Luisiana, en el Campo J, exigiendo estándares básicos de atención, como medicamentos recetados, papel higiénico y agua limpia.
Estos actos de resistencia y rechazo desde el interior demuestran que, a pesar de los esfuerzos carcelarios por controlar, aislar y despojar de humanidad a los migrantes, las personas seguirán encontrando formas de luchar.
Jessica Ordaz is an associate professor of ethnic studies at the University of Colorado Boulder. She is the author of “The Shadow of El Centro: A History of Migrant Incarceration and Solidarity.”
– Este comentario fue adaptado de un ensayo producido para Zócalo Public Square.
