by Marvin J. Ramírez
Marvin J. Ramírez
El daño ya está hecho, después de que la avaricia y la ambición excesiva llegó hasta lo más alto. El ‘consigan una licencia de bienes inmuebles y se hacen un millonario de la noche a la mañana o compren una casa en a precio ilusorio, y esperen un par de años hasta que suba el precio’, ha terminado.
El préstamo predador es el culpable. Los prestamistas consiguieron su dinero del banco, y mientras todos los demás en la cadena comercial consiguieron sus ganancias enormes, la gente inocente se atascó con una deuda que ni cinco familias juntas podrían permitirse pagar. Y todo esto fue hecho sin la supervisión gubernamental ni protección al consumidor.
Sin embargo, una coalición de reinversión de California pide a líderes estatales proteger a los propietarios y familias víctimas del préstamo predador.
“Estoy aquí preocupado por los 500,000 o más californianos que pueden perder sus casas a consecuencia del préstamo irresponsable. California ha tenido la mayor parte de extinciones del derecho de redimir (foreclosures) en la nación y seis ciudades de California estaban entre las diez ciudades nacionales con los foreclosures más altos en junio”, dijo Alan Fisher, director ejecutivo de la Coalición de Reinversión de California (CRC).
La declaración fue hecha el 21 de agosto en el Comité de la Banca, Finanza y audiencia informativa del Comité de Seguros del Senado Estatal de California, de la preservación de la propiedad en el mercado de hipoteca actual.
“La pérdida de la propiedad es sólo el primer paso en el impacto económico y humano de esta crisis. Si las casas se quedan vacantes, las vecindades pierden el valor. Hay una reacción en cadena que causa otras casas se pongan en peligro de foreclosure cuando ellas pierden valor. Todos estos propietarios pierden económicamente y las ventas disminuyen. Las ciudades pierden ingresos y los empleos se pierden», dijo la declaración.
Si el estado no asiste a propietarios durante esta crisis, entonces puede ser acusado de ser un cómplice en este delito moral. El Gobernador y la Legislatura deben ayudar a las familias con estos problemas, lo que por consiguiente ayudará a la economía del estado.
