por Juliana Birnbaum Fox
La Diputada salvadoreña Blanca Flor A. Bonilla después de entrevistarse con el vice cónsul de El Salvador en San Francisco. (photo by Marvin J. Ramirez)
Una larga resistencia de cuatro meses por parte de los residentes de Cutumay Camones, El Salvador a la construcción ilegal de un vertedero que podría envenenar el agua de la comunidad se ha unido a violentos ataques por parte del ejército y la policía. El 22 de noviembre, se enviaron más de 300 policías de redadas y los helicópteros lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes, con lo que posiblemente contribuyeron con la muerte de William Alfredo Ventura, de 14 años, quien murió de complicaciones respiratorias. El uso de la fuerza contra los manifestantes ha ido en escalada de manera significativa desde la apertura de ILEA (International Law Enforcement Academy), auspiciada por Estados Unidos, en El Salvador en 2005.
Blanca Flor Bonilla, diputada de la Asamblea Legislativa en El Salvador, se unió a los activistas de CISPES, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, para condenar la escalada de violencia. Un pequeño grupo se reunió fuera del consulado salvadoreño en San Francisco el 29 de noviembre para una conferencia de prensa para denunciar la represión de la protesta comunitaria por parte de la Policía Nacional Salvadoreña, bajo la administración del Presidente Antonio Saca.
La conferencia fue programada para coincidir con la visita de Saca a Washington DC el mismo día, donde se reunió con el Presidente Bush y recibió una medalla de honor por parte del International Republican Institute por “promover la libertad y la democracia” en América Latina. Según la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, los líderes se reunieron para discutir “la reciente iniciativa para fortalecer la cooperación en seguridad con América Central”.
La asambleísta Bonilla sostuvo que la medalla fue una recompensa por la política de Saca de vender la mayoría de los servicios manejados por el gobierno de El Salvador a compañías transnacionales.
vertedero de basura. Es más, implicamos al gobierno de EE.UU. por aprobar, si no ordenarlo directamente, estas“Treinta y nueve personas, incluyendo niños menores de 18 años, han sido arrestados y están bajo custodia policial”, según una declaración de CISPES. “Estamos con el pueblo de Cutumay Camones al exigir la liberación inmediata de todos los miembros de la comunidad capturados la semana pasada. Exigimos el fin a la construcción del acciones al entrenar a la policía en el ILEA”.
Los ataques en Cutumay Camones siguen choques similares en Suchitoto, donde se han realizado arrestos masivos contra la gente que protesta contra la privatización del agua. El “Suchitoto 13” se enfrenta a cargos de terrorismo por organizar una protesta y un bloqueo de un camino en julio pasado para detener el anuncio del presidente de privatizar el agua de El Salvador.
“El Presidente Saca estuvo de acuerdo con que la policía ha usado excesiva fuerza y algunos oficiales fueron suspendidos”, dijo Bonilla. Continuó diciendo que marginar a algunos oficiales no es suficiente, porque el ejército y la policía siguen defendiendo intereses privados al reprimir a la comunidad, y la construcción del vertedero ha seguido adelante.
Bonilla también llamó la atención respecto de la petición de los trabajadores indocumentados de El Salvador, quienes están siendo deportados a una tasa de 120 a 180 diariamente.
“En abril visitamos los centros de detención en San Antonio y Nuevo Laredo – a ambos lados de la frontera – y verificamos que no hay suficiente presencia consular.
Les hacen firmar formularios de deportación en inglés y luego los deportan, sin darles la posibilidad de consultar con un abogado”.
