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El viernes, funcionarios laborales de Estados Unidos solicitaron una revisión de los derechos laborales en una mina propiedad de Grupo México en la comunidad de San Martín, ubicada en el municipio de Sombrerete, Zacatecas.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) solicitaron que el gobierno mexicano investigue las denuncias de que Grupo México violó los derechos de los trabajadores en la mina, que extrae plomo, zinc y cobre.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, hizo la denuncia en una carta a la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, bajo el mecanismo laboral de “respuesta rápida” del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
“Este mecanismo complementa las reformas laborales de México a medida que nuestros gobiernos trabajan juntos para crear un cambio real y tangible. Agradecemos a nuestros socios interesados por plantear estos problemas con prontitud y esperamos trabajar con el Gobierno de México en las próximas semanas”, dijo el DOL en un comunicado.
Bajo las regulaciones de respuesta rápida de USMCA, los EE.UU. pueden solicitar una revisión de una empresa extranjera que exporta a los Estados Unidos. La mina también tiene una conexión con los EE. UU.: Industrial Minera México, que administra la mina, es una subsidiaria de Americas Mining Corporation, un holding que también posee una participación del 89 por ciento en Southern Copper Corporation, con sede en Phoenix, Arizona.
La solicitud de revisión sigue a una queja conjunta presentada en mayo por el sindicato Los Mineros y dos organizaciones laborales estadounidenses: la AFL-CIO y United Steelworkers.
Los grupos afirman que Grupo México continuó operando en la mina San Martín durante una huelga, violando así el derecho a la negociación colectiva y la libertad de asociación. Los trabajadores también dijeron que la empresa negoció con empleados que no tenían derecho a representar a la fuerza laboral de la mina.
La huelga en la mina San Martín —que comenzó en 2007 por condiciones de seguridad— ha durado entre 12 y 16 años, según de qué lado se hable. El sindicato dice que la mina reabrió ilegalmente en mayo de 2019 porque el contrato colectivo de trabajo que puso fin a la huelga no era válido.
“El respeto por el estatus de un sindicato como representante exclusivo en la negociación colectiva y su derecho a la huelga son componentes críticos de la reforma laboral de México”, dijo Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos.
“Valoramos nuestra asociación con el gobierno mexicano y esperamos resolver este asunto de una manera que preserve los derechos de los trabajadores”.
Aproximadamente 1,000 personas están empleadas en la mina.
México ahora tiene 10 días para aceptar llevar a cabo la revisión, que debe completarse dentro de los 45 días. Las sanciones por negar los derechos de los trabajadores incluyen la suspensión de tarifas preferenciales o la denegación de entrada a los EE.UU. de bienes fabricados en esa instalación.
Esta es la undécima denuncia laboral presentada por EE.UU. bajo el mecanismo de respuesta rápida y la sexta este año. Nueve han correspondido al sector de la automoción, uno al sector de la confección y uno al sector minero.
Este lunes, el gobierno de Estados Unidos también presentó una denuncia contra la empresa mexicana de confecciones Industrias del Interior, acusándola de no negociar de buena fe con el sindicato por presuntos abusos a los derechos humanos en una fábrica en el estado de Aguascalientes.
Con informes de El Economista y Reuters.
