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Casi una década después de dejar el cargo y cinco años después de ser extraditado desde España, el exdirector ejecutivo de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sigue a la espera de juicio por importantes cargos de corrupción. Su caso, emblemático de los escándalos que han acosado durante mucho tiempo a la petrolera estatal mexicana, continúa revelando nuevos nombres y conexiones inesperadas.
Documentos judiciales recientes en EE.UU. han vuelto a poner de relieve a otras dos figuras vinculadas a contratos cuestionables y presuntos sobornos: Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga.
Según registros judiciales estadounidenses revisados por Milenio, Rovirosa es el fundador y director ejecutivo de Roma Energy, una empresa de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Texas. Sin embargo, su presencia empresarial se extiende más allá de Estados Unidos. Nacido en Villahermosa, Tabasco, Rovirosa ha fundado múltiples empresas en México, incluyendo Tubular Technology y Energy On Shore Services, ambas con sede en su estado natal. Estas compañías han sido actores activos en la cadena de suministro petrolera de la región.
Investigaciones de Infobae indican que Pemex Exploración y Producción (PEP) otorgó más de 82 millones de pesos (aproximadamente 4.4 millones de dólares estadounidenses) a empresas vinculadas a Rovirosa entre 2018 y 2021. Según Milenio, al menos uno de estos contratos es sospechoso de involucrar pagos ilícitos, específicamente los otorgados a Tubular Technology y Energy On Shore Services. Estas acusaciones, de confirmarse, colocarían a Rovirosa directamente en el centro de una narrativa de corrupción en curso.
Rovirosa, un abogado de renombre, también ha sido vinculado a otras figuras controvertidas. Anteriormente se desempeñó como «operador legal» del empresario Omar Vargas, quien enfrentó una investigación por presunta defraudación a Pemex durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006). Este vínculo refuerza las dudas sobre el papel a largo plazo de Rovirosa en los negocios relacionados con la empresa estatal más importante de México.
Mario Alberto Ávila Lizárraga
Ávila, originario de Campeche, saltó a la fama política en 2009 al postularse a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN). Fue derrotado por el priista Fernando Ortega Bernés, quien permaneció en el cargo hasta 2015.
La trayectoria académica de Ávila incluye una licenciatura en administración de empresas y estudios de posgrado realizados en España. Su trayectoria profesional lo ha llevado tanto al servicio público como a la empresa privada, pero fue su etapa en Pemex la que posteriormente generó controversia.
Entre 2010 y 2012, Ávila se desempeñó como subdirector de mantenimiento y logística de Pemex. En 2015, la auditoría gubernamental le impuso una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos tras identificar irregularidades en los contratos adjudicados a Oceanografía, empresa involucrada en múltiples casos de fraude que involucraban a Pemex. Infobae también informó que Ávila enfrentó acusaciones de usar aeronaves de Pemex para fines personales durante su mandato.
Más recientemente, Milenio, citando documentos judiciales estadounidenses, informó que Ávila presuntamente actuó «en beneficio» de Rovirosa y sus empresas en los últimos años. Esta acusación, de comprobarse, confirmaría una relación operativa directa entre ambos tras la salida de Ávila de Pemex.
Reacciones políticas
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en una conferencia de prensa matutina, destacando la afiliación política de Ávila.
«Vale la pena hablar del empresario prófugo porque es panista», declaró Sheinbaum, enfatizando que el PAN sigue siendo el principal partido de oposición del país.
Recordó al público: «Fue candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, trabajó en Pemex y fue acusado de corrupción». Concluyó: «Actualmente se encuentra prófugo y es buscado por el gobierno estadounidense».
El contexto de Lozoya
Si bien los problemas legales de Lozoya son formalmente independientes, su gestión como director general de Pemex, de 2012 a 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, se considera ampliamente como un período en el que se explotaron las debilidades sistémicas para obtener beneficios personales y políticos. Las acusaciones en su contra implican la facilitación de sobornos y la derivación de contratos a ciertas empresas, a menudo con conexiones internacionales.
La aparición de Rovirosa y Ávila en investigaciones relacionadas muestra el profundo arraigo de las prácticas cuestionables en el sector energético. Estos casos ilustran que las presuntas irregularidades no se limitan a una sola administración o partido, sino que se han extendido por décadas, trascendiendo las fronteras políticas y corporativas. Las referencias a ellos en documentos judiciales estadounidenses también subrayan el alcance internacional de estos tratos.
Redes de influencia
La combinación de experiencia legal de Rovirosa, el control corporativo en México y Estados Unidos, y su historial de asociaciones con empresarios previamente investigados sugieren una carrera marcada tanto por la autoridad formal como por las alianzas informales. Su acceso a contratos millonarios de Pemex durante un período de mayor supervisión plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles de compras en PEP.
La trayectoria de Ávila —de candidato político de alto perfil a ejecutivo de Pemex y, finalmente, a exfuncionario sancionado— refleja la constante fluctuación entre la política y las lucrativas conexiones corporativas. Las acusaciones de que colaboró con Rovirosa tras dejar el servicio público sugieren una continua superposición entre la influencia política y el enriquecimiento privado.
Situación jurídica y próximos pasos
Hasta la fecha, ni Rovirosa ni Ávila han sido juzgados en México por las acusaciones más recientes, aunque, según se informa, las autoridades estadounidenses tienen un interés activo en localizar a Ávila. El propio y prolongado caso de Lozoya sirve como recordatorio de la lentitud con la que suelen avanzar los procesos judiciales por corrupción de alto nivel en México, especialmente cuando involucran a personas con conexiones políticas.
Para muchos observadores, los casos entrelazados de Lozoya, Rovirosa y Ávila reflejan los desafíos más amplios que enfrentan las iniciativas anticorrupción en México. Sus historias abarcan diferentes partidos políticos, periodos presidenciales e intereses corporativos, lo que sugiere que los procesos judiciales dirigidos a individuos, si bien importantes, no son suficientes para desmantelar los arraigados sistemas de influencia.
Pemex, otrora motivo de orgullo nacional y símbolo de soberanía, sigue viendo dañada su reputación debido a los repetidos escándalos de corrupción. Las últimas revelaciones subrayan la urgente necesidad de una mayor transparencia en la adjudicación de contratos y de que los procedimientos legales avancen con celeridad y credibilidad.
Con información de Milenio, Reforma, Infobae, El Financiero.
