por José de la Isla
Los comicios presidenciales en México, de aquí a un año, sin mucho esfuerzo podrán ver como centro del debate público, la política de armas en los Estados Unidos, conocida en inglés como “Fast and Furious” (Rápido y Furioso).
Están el pleno desarrollo las revelaciones que explican cómo se implementó esta nueva política y cuáles han sido sus repercusiones, pero el altavoz de las nuevas revelaciones tiende a manifestar que desde un comienzo era una política insensata.
“Fast and Furious”, tal como parece ahora, fue una fase de una hazaña gerenciada desde Phoenix que involucraba compras de armas destinadas a miembros de los narcocarteles en México. Tenían conocimiento de estas adquisiciones altos oficiales de gobierno estadounidenses, quienes pretendían identificar a los capos de los carteles. Se vendieron más de dos mil armas, incluyendo las que están vinculadas con el asesinato por emboscada del agente de la patrulla fronteriza de EE.UU., Brian Terry, y agente de ICE, Jaime Zapata.
Reportó a inicios de julio la agencia de noticias ABC que las armas provenientes de Fast and Furious fueron usadas en varios delitos cometidos en Arizona.
Pero los “capos”, a quienes las autoridades intentaban identificar mediante la operación, ya los conocían otras agencias de investigación, e incluso podrán haber servido de informantes pagados. Kenneth Melson, director interino de la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), dijo que las otras agencias mencionadas incluyen la FBI y la DEA, las cuales le ocultaron esta información a su agencia, y que no va a ser él quien pague el pato ahora que las revelaciones indican la seriedad del fiasco mortal en el que todos han participado. De haberlo sabido, declaró Melson, la ATF habría podido surtir un impacto material sobre la investigación que pretendía Fast and Furious, remontando desde fines del 2009 o comienzos del 2010.
Se permitió, sin informar a agentes de la ATF, el canje de unas 1.800 armas con presuntas organizaciones criminales. Se indica que un agente frustrado reportó que detectaron a sólo 20 traficantes de armas durante los 14 meses de la operación, y que por ello no se desmanteló a ningún cartel.
El 3 de julio, las autoridades mexicanas le dieron captura a Jesús Enrique Rejón Aguilar, conocido como Z-7, uno de los 14 primeros dirigentes principales del extremadamente violento narcocartel, los Zetas. Rejón reveló que creía que el gobierno estadounidense participaba en facilitar armas a su rival, el cartel del Golfo. Según el diario del D.F., Excelsior, le declaró a la policía federal que durante un tiempo, los compradores del cartel rival dijeron que hasta el gobierno estadounidense estaba vendiendo armas y facilitando su transporte y que parecía haber algún tipo de pacto con las autoridades.
La operación Fast and Furious puede que no haya sido tema aislado. Según Excelsior, Mike Vanderboegh, quien facilitó el presentar ante un panel de investigación de la Cámara de Representantes, los informantes de la ATF, unas 5 mil armas llegaron a colocarse en manos criminales. Ciento quince de las armas incautadas de miembros de carteles se halló que originaron en Texas.
Dick Deguerin, el abogado que representa a los vendedores de armas en Houston, le dijo a Excelsior que sus clientes reportaron compras sospechosas de rifles de asalto, revólveres de 9mm, y AK-47. ATF le dijo a una tienda de cadena que continuara dándole información sobre las ventas sospechosas y que continuara vendiendo armas a hispanos que compraban armas de alto calibre y quienes pagaban en efectivo. ATF se llevó la información, dijo Deguerin, pero su cliente no supo más de la agencia. Una tercera etapa, en Tampa, Florida, se llamó “Castaway” (Náufrago). Al parecer, permitía que las armas fluyeran hacia Honduras, las que luego aparecían en escenas de delitos en México, según Excelsior.
Escribió en su blog el novelista Larry Correia, “Si yo fuera a escribir un thriller en el que una agencia federal policíaca a sabiendas permitía y hasta promovía el transporte de miles de armas estadounidenses al otro lado de la frontera con el fin de armar a los carteles mexicanos, en un esfuerzo por mejorar sus estadísticas para presionar por más leyes de control de armas, así murieran en el proceso ciudadanos mexicanos inocentes y un agente de la patrulla fronteriza estadounidense, algunos críticos dirían que mi trama es una tontería”.
La falta de juicio referente a esta política estadounidense ya está siendo criticada severamente dentro de la sociedad civil mexicana. Algunos senadores mexicanos han pedido la extradición de los agentes responsables de supervisar el tráfico de armas.
Eso ya no su en a tan desquiciado .
(José de la Isla, columnista de distribución nacional con los servicios de noticias Hispanic Link y Scripps Howard.
