por José de la Isla
HOUSTON – En agosto, a sólo unas horas después de anunciar que renunciaría, el asediado Fiscal General de la Nación, Alberto Gonzáles habló con Rubén Navarrette, columnista del San Diego Union Tribune.
El Fiscal le dijo a Navarrette que quería ser recordado como “alguien que hizo lo mejor que pudo…con base en lo derecho y lo justo”.
Parece ser buena vara con la que medir su servicio público. Pero aun había más sobre Alberto Gonzáles que no se conocía.
Cuando renunció Gonzáles, Richard Prince, en su columna en línea, “Journal-isms”, notó que todas las notas sobre la renuncia del Fiscal General mencionaron que fue el primer hispano en servir en ese cargo. Aquella designación supuestamente complicó – o limitó – el que algunos comentadores fueran demasiado críticos con él. Después de todo, era un logro que marca un hito el ser latino y tener el cargo de Fiscal General, digno de un sentimiento de orgullo.
Navarrette parece ser uno de los que no estaba seguro que a Gonzáles lo trataron con justicia durante las hazañas legales en las que se encontró enredado. En aquella entrevista con Navarrette, Gonzáles reconoció que “en algún momento, saldrán todas las verdades y la gente puede llegar a su propio juicio”.
Ese momento ha llegado. Los optimistas podrán encontrar ahora que las verdades no caen muy bien.
El 4 de octubre, el New York Times reveló que poco después de que Gonzáles asumiera el cargo de Fiscal en febrero del 2005, su Departamento de Justicia emitió un opinión secreta, en la cual Gonzáles aprobó el memorando legal que autorizaba “abrumar a los sospechados terroristas con una combinación de tácticas dolorosas físicas y psicológicas”, de acuerdo con el Times.
Los métodos incluían cachetadas a la cabeza, el ahogo simulado y temperaturas frígidas. Algunas de las prácticas de tortura anteriormente se habían retractado cuando se revelaron después que un grupo de trabajo que dirigiera Gonzáles en la Casa Blanca las había concedido sanción legal.
Como consejo legal al presidente Bush, Gonzáles manejó el grupo que había concebido los documentos de tortura draconiana, otorgando sanción legal a métodos que violan las Convenciones de Ginebra en cuanto al trato de prisioneros de guerra.
Eso de por sí solo no obstruyó el que lo nombraran fiscal de la nación. Pronto, se le implicó en la interferencia cuestionable de la Casa Blanca que llevó a que nueve fiscales estatales fueran despedidos de sus cargos.
Durante audiencias cruciales sobre el asunto, Gonzáles testificó 71 veces que no recordaba o que no podía recordar reuniones importantes sobre el tema.
A finales del año pasado, con su liderazgo del Departamento de Justicia en cuestión, Gonzáles se enfrentó a escrutinio sobre si había testificado verazmente, obstruido o engañado a la encuesta del Congreso sobre las despedidas y los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional.
Ahora con la revelación que aprobó las técnicas de interrogación más severas que implementara la CIA, hasta los defensores más acérrimos de Gonzáles se verán en dificultades al querer racionalizar por él. Su propio diputado en el momento, James B. Corney, les dijo a sus colegas del Departamento de Justicia que estarían todos azorados cuando el público aprendía del memorando.
Dos días antes que el Times publicara la revelación, en lo que parecía ser otro asunto referente al Mes de la Herencia Hispana, Gonzáles ofreció un comentario a CNN. En su comentario definió los valores hispanos como el sacrificio, el trabajo arduo, la iniciativa personal, la dedicación a la familia, y la perseverancia frente a la adversidad. Son buenos valores, y no sorprende el que sean similares a los valores personales a los que se refirió durante las turbulentas semanas antes de su muy deseada renuncia.
para la condescendencia política, que suena a altos valores, pero que guarda poco sentido.No son las calidades de distinción que resultan de la “experiencia hispana” como fue asignado. En realidad, la respuesta suena mucho a los lugares comunes que se usan
Una descripción más verídica de la experiencia hispana, en particular al salir de la década de los 1970, reconocería el impulso latino por el derecho al voto y la representación a todo nivel de gobierno, la exigencia de un gobierno justo que sepa responder a la comunidad, la oportunidad de participar en todos los sectores de la sociedad y de la economía, procedimientos justos, y respeto por los derechos civiles.
Son estos valores los que sesgan la división de los partidos. No son propiedad exclusiva de nadie. Descansan sobre el dominio de los valores sociales – hasta las normas universales – no simplemente los valores personales.
Se debe tomar a estos valores sociales también como medida del rendimiento del anterior fiscal general mientras ocupó el cargo. Los que buscan justificar la tortura no deben ser permitidos nunca ocultarse tras sus valores hispanos. La violación de la confianza del público y el alzarse con los secretos no encontrarán albergue en los valores cívicos hispanos.
[José de la Isla, autor de “The Rise of Hispanic Political Power” (Archer Books, 2003), redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service. Comuníquese con él a: joseisla3@yahoo.com]. © 2007
