por Jonathan Farrell
Irónicamente, mientras el Acta Norteamericanos con Discapacidades conmemora su 20mo Aniversario, los defensores legales de California dieron una conferencia de prensa el 27 de Julio para ser testigos del hecho de que la Seguridad Social debe unos $700 millones a personas a quienes se les han cortado equivocadamente sus beneficios.
“Esa es la cifra que calculó la Administración de la Seguridad Social. Pero nosotros estimamos que está más cerca de $1 billón”, dijo Gerald McIntyre de National Senior Citizens Law Center de la oficina de Los Ángeles.
McIntyre habló a la prensa en la sede de New American Media en San Francisco. Formó parte de un panel de abogados familiarizados con la ley de EE.UU. de 1996 que establece que los beneficios deben ser recortados de los receptores de SSA que escapan de los procesamientos de la corte.
McIntyre fue el abogado líder en el caso de demanda grupal civil contra SSA. La demandante principal fue Rosa Martínez de Redwood City, CA. A ella se le negaron sus beneficios por discapacidad debido a una confusión de su identidad con alguien del mismo nombre que tenía una orden judicial de 1980 en Miami. Martínez contrató luego ayuda legal porque los representantes de SSA no escuchaban ni siquiera cuando presentaba pruebas documentadas.
“Los papeles fueron emitidos en el verano de 2008, y el Juez del Distrito de la Corte de Oakland tomó una decisión en su favor en diciembre de 2009”, dijo McIntyre, convirtiendo a Martinez v. Astrue un caso hito. (Michael J. Astrue es el Comisionado de Seguridad Social de EE.UU.). Ahora SSA bajo la orden de la corte está restituyendo los beneficios de más de 200,000 personas en el país, a quienes erróneamente se les habían negado.
Esta ley SSA de 1996 fue diseñada para eliminar a los delincuentes de las listas de receptores de SSA. “Era una de esas regulaciones que no se aplicó verdaderamente sino hasta unos ocho años después”, dijo el abogado Steve Weiss de la oficina de Ayuda Legal del Área de la Bahía del Condado de Alameda.
“Esta regulación fue interpretada estrecha y distorsionadamente por los funcionarios de SSA, dijo Andy Chu, director y asesor de Positive Resource Center de SF. Tuvo como resultado que a miles de personas discapacitadas o mayores se les quitaron sus beneficios.
“El potencial de delincuentes que reciben beneficios de SSA es menos que uno por ciento de la población”, señaló Mc- Intyre.
Un “delito” puede ser “algo tan estúpido como un cheque que rebota”, dijo José Munevar, quien también habló en la conferencia de prensa. En su caso los beneficios han sido recortados solamente por esa razón. El abogado Christopher Douglas de Legal Aid de San Mateo, indicó que la situación legal de Munevar no es poco común. “A muchas personas pueden emitírsele una orden judicial contra ellos por cualquier razón y ni siquiera saberlo”.
“Algo tan simple como una cuenta impaga que va a las recolecciones causó que algunos receptores de SSA perdieran beneficios”, dijo Weiss.
“Es pore so que queremos sacar la voz al público. Entonces, si a las personas se les recorta erróneamente sus beneficios deben contactar a la Seguridad Social. El primer paso es buscar ayuda legal”, dijo McIntyre. Esto también puede aplicarse a algunos Beneficios Especiales de Veteranos. Como resultado del caso Martinez v. Astrue muchas personas pueden recibir entre $10,000 y $40,000 retroactivamente en beneficios o asistencia perdida a través de la Administración de Seguridad Social.
Para más información visite www.ssa.gov/ martinezsettlement. En el Área de la Bahía de SF, se puede obtener asistencia legal gratuita contactando a la Ayuda Legal del Área de la Bahía en el (800) 551-5554.
