La gente de bajos ingresos sufre las leyes estatales más inflexibles
por Sana Saleem
Una demanda interpuesta en la Corte Superior del Condado de Alameda el martes argumenta que el estado de California ha suspendido ilegalmente las licencias a más de 600,000 conductores que no pueden pagar sus cada día más caras multas de tránsito. La demanda argumenta que, a pesar de un programa de amnistía supuestamente iba a resolver el problema, las familias de bajos ingresos son las más afectadas por las multas exorbitantes que no pueden pagar y acaban por perder sus licencias.
Brown y los legisladores estatales redujeron las tarifas de las multas giradas antes de 2013. La medida permitió a muchos conductores volver a los caminos. Pero la demanda argumenta que, a pesar de la reducción de las tarifas, el estado está aún penalizando a cientos de miles de ex motoristas por ser pobres.
“Las consecuencias de perder una licencia son realmente severas. La gente necesita ir diario al trabajo, para citas médicas o llevar a la escuela a sus hijos. El estado de California ha cargado a la gente sumas exorbitantes por violaciones de tránsito que en gran medida han afectado a los pobres”, dijo Rebekah Evenson, de Ayuda Legal de Bay Area, principal abogado del caso.
Evenson dijo que la demanda está dirigida a hacer el proceso más justo para la gente pobre, y que hay muchas maneras en que el estado puede auxiliar a los individuos de bajos ingresos, como brindarles la opción de hacer servicio comunitario o de pagar su multa en cómodas mensualidades.
“Nadie debe ser forzado a elegir entre mantener su licencia de conducir o poner comida en la mesa para su familia”, dijo ella. Evenson también señaló que las multas tienen un impacto desproporcionado en las personas de color: “Hay que ver a quién para la policía más a menudo”, dice, añadiendo que cuando se suspende la licencia por no pagar tu multa y no poder aparecer en la corte, es indefinido si las sanciones por Manejar bajo Influencia son mucho más cortas.
La ley permite al DMV suspender la licencia sólo en caso de no pagar una multa “deliberadamente” o llegar a la corte porque no puedes pagar. La demanda argumenta que la política estatal de aplicación de la ley es inconstitucional y viola las leyes estatales.
Guillermo Hernández es el demandante principal en el caso. Hernández, un residente del Condado de Contra Costa, fue multado en marzo de 2013 porque carecía de registro válido y no había actualizado la dirección de su licencia, dice la demanda. Hernández, que estaba sin trabajo debido al cierre de su pequeño negocio, sólo podía pagar $200 de los $900 que debe en multas y tarifas, y su licencia fue suspendida, según afirma la demanda.
La demanda está argumentando que la corte de tránsito no notificó a Hernández su derecho de demostrar que no podía pagar la multa antes de que la licencia fuera suspendida.
