por Alex Meneses Miyashita
Un juez federal bloqueó el 10 de octubre la implementación de una regla federal que se enfoca en los trabajadores indocumentados, una decisión aclamada por los grupos laborales, de inmigrantes y derechos civiles quienes sostienen que la regulación afectaría a todos los trabajadores.
El Departamento de Seguridad Interior habría requerido a los empleadores que recibieran las llamadas cartas “No Match” de la Administración de la Seguridad Social para notificar a los empleadores con números erróneos para corregir la discrepancia en 90 días o si no, despedirlos.
Los empleadores también serían considerados responsables si es que no toman acción contra los trabajadores que no arreglarían esas discrepancias.
El Juez del Distrito de EE.UU. Charles R. Breyer emitió un mandato judicial preliminar respecto de la regulación: lo que significa que ésta no entraría en efecto hasta que una reglamentación final llegue después del juicio, lo que no ha sido programado y la que, según fuentes, podría no ocurrir. La orden fue emitida en la Corte del Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California.
“En su decisión, (Breyer) estaba muy claro que esas cartas causarían un daño irreparable a los trabajadores”, dijo Mariana Bustamante, coordinadora de educación para Immigrants Rights Project of the 2007American Civil Liberties Union, a Weekly Report.
Los opositores a la regulación, entre los que se incluye a AFL-CIO y National Immigration Law Center, presionaron con el argumento de que, de ser implementada, la reglamentación causaría despidos masivos de trabajadores legales, debido a errores de datos del SSA.
Marielena Hincapié, directora de programas para NILC, dijo a Weekly Report que hay cerca de 18 millones de discrepancias en su base de datos, la gran mayoría de éstas (70 por ciento) relacionadas a trabajadores ciudadanos de EE.UU. Las discrepancias surgirían simplemente por errores de escritura, cambio de nombres o uso de más de un apellido, sostienen los grupos.
La reglamentación fue desafiada en la corte por estos grupos a principios del mes pasado. Unos 140,000 empleadores habrían recibido estas cartas si se hubiera implementado. El OHS emitió una respuesta en la cual declara que está considerando apelar al mandato.
El Secretario de DHS, Michael Chertoff declaró en defensa de la regulación, “Finalmente, la diligencia del empleador haría más difícil para los inmigrantes ilegles usar un número de Seguridad Social fraudulento para obtener un empleo”.
Agregó que la reglamentación “es otro recordatorio de por qué necesitamos que el Congreso ponga en marcha una reforma a la inmigración”.
Hincapié expresó optimismos de que incluso si el DHS apela la decisión del juez, la orden contra su implementación permanecerá, basada en el argumento de que causaría “daño irreparable”.
Agregó que el gobierno no ha sido capaz de “hacer la directa correlación que esto es respecto del estatus inmigratorio”.
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