por el equipo de El Reportero
Hay decisiones políticas que, aunque se presenten como actos de “seguridad nacional”, terminan revelando algo más profundo: el temor del poder frente a la diferencia. La reciente resolución del Parlamento Europeo que condena a Turquía por la expulsión de misioneros cristianos bajo pretextos opacos de seguridad no es solo un pronunciamiento diplomático; es una llamada de atención sobre el rumbo que ha tomado un país clave entre Oriente y Occidente, miembro de la OTAN y aspirante —al menos en el discurso— a estándares europeos de derechos humanos.
Que 502 eurodiputados, de distintas corrientes políticas, hayan votado a favor de esta resolución dice mucho. No se trata de una maniobra ideológica ni de una cruzada religiosa desde Bruselas. Es, más bien, el reconocimiento de que expulsar a personas por su fe —sin pruebas públicas, sin debido proceso, sin mecanismos claros de apelación— es incompatible con los principios básicos de libertad religiosa y Estado de derecho que Turquía dice respetar en su Constitución y en los tratados internacionales que ha firmado.
El testimonio del eurodiputado neerlandés Bert-Jan Ruissen resume la paradoja: predicar un mensaje de paz y reconciliación puede convertir a una persona en “amenaza para la seguridad nacional”. Esa lógica, llevada al extremo, vacía de contenido el concepto mismo de seguridad. Cuando todo lo que incomoda al poder se clasifica como riesgo, la frontera entre protección legítima del Estado y represión de libertades fundamentales se vuelve peligrosamente difusa.
Las cifras que documenta ADF International son reveladoras: al menos 160 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias expulsados o vetados de reingreso en años recientes. No se trata de casos aislados ni de errores administrativos. Muchos de estos misioneros llevaban décadas en Turquía, habían formado familias, construido redes comunitarias y contribuido a la vida social local. De pronto, se les cerró la puerta sin explicación concreta. No hay acusaciones públicas, no hay procesos transparentes, no hay derecho real a defenderse. Solo un sello burocrático: “riesgo para la seguridad nacional”.
Este patrón no puede entenderse fuera del clima político posterior al intento de golpe de Estado de 2016. Desde entonces, el gobierno turco ha ampliado el uso de leyes antiterroristas y de seguridad interna. Bajo ese paraguas se han perseguido a opositores, periodistas, académicos y organizaciones civiles. En ese contexto, las minorías religiosas —ya de por sí vulnerables en un entorno mayoritariamente musulmán— quedan expuestas a decisiones arbitrarias que rara vez reciben escrutinio interno.
Lo preocupante no es que un Estado defienda su seguridad. Todo país tiene ese derecho y esa obligación. Lo alarmante es cuando la “seguridad” se convierte en una etiqueta comodín para silenciar voces incómodas o expulsar a quienes no encajan en la narrativa dominante. Hoy son misioneros cristianos; mañana pueden ser activistas, defensores de derechos humanos o cualquier grupo percibido como “ajeno” o “sospechoso”.
La reacción de Ankara —descalificando la resolución como “infundada” y recordando que ninguna institución extranjera puede interferir en sus procesos judiciales— es predecible, pero insuficiente. La soberanía nacional no es una patente de corso para ignorar compromisos internacionales. Turquía forma parte del Consejo de Europa y está sujeta a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que existan al menos 20 casos relacionados con estas expulsiones ante ese tribunal indica que el problema no es un malentendido, sino una práctica que vulnera derechos reconocidos en convenios que el propio Estado turco ha aceptado.
Es cierto: la resolución del Parlamento Europeo no es legalmente vinculante. No obliga a Turquía a cambiar su política de inmediato. Pero las resoluciones también construyen clima político. Marcan líneas rojas. Preparan el terreno para presiones diplomáticas, condicionamientos en acuerdos de cooperación y debates más amplios sobre la relación entre la Unión Europea y Turquía. En un mundo cada vez más cínico frente al lenguaje de los derechos humanos, estos gestos importan.
Más allá del caso turco, el episodio plantea una pregunta incómoda para todos: ¿qué tan frágiles son nuestras libertades cuando la palabra “seguridad” entra en escena? La tentación de sacrificar derechos en nombre del orden no es exclusiva de un país. La hemos visto en democracias consolidadas y en regímenes autoritarios por igual. Por eso, la defensa de la libertad religiosa —creamos o no en el mensaje que otros predican— es una defensa de algo más amplio: el derecho a existir sin ser criminalizado por lo que uno cree.
Cuando predicar se convierte en “amenaza”, el problema no es el predicador. El problema es un poder que ya no tolera la diversidad. Y ese es siempre el primer síntoma de algo más profundo: el miedo del Estado a su propia fragilidad.
– Con informes de Andreas Wailzer de LiveSite.
