por Kimberly Galindo
Hombres armados con chalecos antibalas oscuros entraron en mi unidad del hospital antes del amanecer del 19 de junio, exigiendo que los llevara a la habitación de un paciente. Afirmaban que el paciente había sido detenido antes, pero no mostraron identificación ni orden judicial. Inmediatamente reconocí que eran agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las redadas de ICE han sembrado terror en nuestras comunidades, pero esa mañana su objetivo fue el Hospital Comunitario de Riverside, un centro de trauma de Nivel 1. Como enfermera con experiencia, sabía que no tenía que cumplir con sus exigencias y me negué a darles cualquier información. Tras varias negativas, finalmente se marcharon de mi piso.
Una enfermera con menos experiencia tal vez no habría sabido que sus exigencias violaban la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), la ley federal que protege la privacidad de todos los pacientes. El Hospital Comunitario de Riverside, parte de HCA Healthcare —una de las cadenas hospitalarias con fines de lucro más grandes del país— tiene la responsabilidad, al igual que todos los hospitales, de proteger a los pacientes y apoyar a las enfermeras que sirven a sus comunidades cada día.
Los hospitales deben establecer políticas claras y capacitar a todo el personal sobre cómo responder cuando ICE ingresa a las instalaciones. Lo ocurrido ese día fue una violación flagrante de las leyes federales y estatales —un “evento que nunca debe ocurrir”, es decir, un error grave y prevenible que no debería suceder en el cuidado médico.
Se ha reportado que ICE también ha aparecido en hospitales de Oxnard y Glendale y en un centro quirúrgico cerca de Los Ángeles. Estas incursiones generan miedo, interrumpen la atención y violan la privacidad de los pacientes. Como resultado, muchos inmigrantes evitan buscar atención médica, temiendo ser arrestados ellos o sus familiares.
Las enfermeras están siendo colocadas en situaciones imposibles, divididas entre conservar su empleo y cumplir con su deber de abogar por los pacientes. Nuestra obligación ética y legal es proteger la privacidad, no denunciar a los pacientes.
Afortunadamente, los legisladores de California actuaron. El gobernador Gavin Newsom firmó recientemente el Proyecto de Ley del Senado 81, que prohíbe a los agentes de ICE ingresar a áreas no públicas de los hospitales sin una orden judicial. La ley amplía las protecciones de privacidad para incluir el estatus migratorio y el lugar de nacimiento, y exige que los hospitales capaciten a su personal sobre cómo responder ante las solicitudes de ICE.
Ahora, todos los hospitales de California deben cumplir. En todo el país, los directivos hospitalarios deben garantizar seguridad y calma, proteger a los trabajadores de salud de presiones ilegales y preservar la confianza que es esencial en la medicina. Cualquier cosa menos profundiza el trauma que ICE ya ha causado en comunidades vulnerables.
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