por Gast6n Kuperschmit
La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el 9 de marzo por el margen más estrecho, 5-4 limitar las protecciones entregadas por la Sección 2 del Acta de Derechos de los Votantes de 1965, diciendo que las legislaturas del estado no requieren delinear los distritos electorales en beneficio de los candidatos no blancos en los distritos donde conforman menos de la mitad de la población.
Escribiendo para la mayoría en Bartlett v. Strickland, el juez Anthony Kennedy declaró que la raza debe ser considerada en la redistribución de los distritos solamente donde “un grupo geográficamente compacto de votantes minoritarios” comprenden el 50 por ciento o más de un distrito de un solo miembros.
El caso ante la Corte se refería al Distrito 13 en Carolina del Norte, donde la población afro-norteamericana antes de la redistribu-ción de los distritos después del Censo de 2000 era 39 por ciento. Posteriormente, fue reducida a 35 por ciento.
Los demandantes alegaron sin éxito que los funcionarios estatales estuvieron envueltos en la disolución del voto.
El desacuerdo a través de la jueza Ruth Bader Ginsburg, acordada con los demandantes de que el fallo fue “difícil de comprender y menoscaba severamente el objetivo estimable [del Acta de Derechos de los Votantes]”.
Tras el fallo, el Mexican American Legal Defense and Educational Fund emitió una declaración expresando su desilusión respecto de la decisión de la Corte: “Bartlett v. Strickland cerró las puertas de la corte a muchos latinos y otras comunidades minoritarias, que enfrentan la discriminación respecto de la votación”.
El momento de esta decisión es clave, porque el gobierno federal se prepara para realizar el Censo de 2010, que es el precursor de la redistribución de distritos.
MALDEF destacó que con el meteórico aumento en la población hispana desde 2000. Las protecciones otorgadas por el Acta de Derechos de los Votantes son de principal preocupación para la comunidad.
La Corte está programada para oír un caso que involucra la constitucionalidad de la Sección 5 del Acta este período. Requiere que los estados con una historia de discriminación racial reciban consentimiento federal antes de enmendar las leyes de los votantes.
Se espera que varios grupos miren a las implicancias que Bartlett tendrá en los distritos con significativa población hispana, que no cumplan con los requisitos de 50 por ciento.
Alan Clayton, Director de Equal Employment Opportunity en Los Angeles Chicano Employees Association, quien interpuso una demanda en el Departamento de Justicia en 2003 respecto de la redistribución de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, declara que esta decisión no impactará el caso.
Sin embargo, dice, hay distritos dentro de California que pueden ser afectados y está revisando cualquier impacto potencial en el estado.
Para más información, contacte a Alan Clayton al (626) 979-4902. Hispanic Link.
