por Adolfo Flores
Marielena Hincapié
A principios del próximo año, la comunidad indocumentada del Condado Prince William, Va., caminará y conducirá en cáscaras de huevo. Una resolución aprobada por la Junta de Supervisores del Condado el 17 de octubre dará a los oficiales de policía el poder de revisar el estatus inmigratorio durante controles de tránsito si tienen “causa probable” para hacerlo.
Luego de una sesión de 12 horas, durante la cual 375 personas hablaron a los ocho miembros de la junta respecto del tema, se votó unánimemente para implementar disposiciones que permiten a la policía local aplicar las leyes de inmigración y negar servicios a los inmigrantes indocumentados.
Leyendo de notas que había escrito en tres papeles, Jonathan Aldaz, de 11 años, cuya cabeza apenas podía ser vista por sobre el podio, dijo con emoción “Pienso todo el tiempo que deportarán a mi familia y ahora digo no, no apruebo esta ley”.
Muchos miembros de la comunidad expresaron su preocupación de que la resolución lleve a un perfilamiento racial. La junta estuvo de acuerdo como parte de la resolución, en referirse a un grupo de consulta o una universidad luego de dos años para asegurarse de que la resolución es justa en ese tema.
“No vamos a detener a una madre en el almacén con su bebé, no vamos a detener a alguien que bebe café en 7-11 porque su piel es de color”, dijo la Supervisora Hilda M. Barg momentos antes de la votación. “Eso no va a ocurrir”.
Otros miembros de la comunidad expresaron satisfacción de que la resolución fuera aprobada y de que algo se está haciendo respecto de la inmigración indocumentada.
“No pensamos (en los indocumentados) como algo que no sea humano”, dijo Maureen Wood, quien se quedó hasta la madrugada para la votación, “pero igual no significa que puedes cruzar una frontera y esperar que nadie se enoje por eso”.
El Presidente de la Junta, Corey Stewart dijo que a través de una capacitación extensiva las autoridades van a evitar el perfilamiento racial. Dijo que las resoluciones no están enfocadas en los latinos sino en la comunidad indocumentada.
El costo total de implementar el aspecto policial de la resolución se espera que sea de $14 millones en 5 años. La junta accedió a destinar $325,000 por el momento. El presidente dijo que el condado aportará el resto del financiamiento de alguna manera.
Siete funcionarios fueron entrenados por Inmigración y Aduanas (ICE) para formar una Unidad de Inmigrantes Criminales, seis puestos de detectives y un puesto de analista de crímenes. Los otros oficiales de policía serán entrenados para revisar la documentación. Tomará varios meses para que completen su capacitación.
Otro aspecto de la resolución restringe los servicios públicos a los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, licencias de negocios y servicios ofrecidos en los centros de ciudadanos adultos mayores.
El presidente de la organización anti-inmigrant Help Save Manassas Greg Letiecq dijo que la policía ya había comenzado a aplicar aspectos de esta resolución. “El martes (16 de octubre) los oficiales del Condado Prince William detuvieron una van con 10 inmigrantes ilegales y los regresaron a ICE”, dijo.
El Puerto Rican Legal Defense and Education Fund interpuso una demanda a favor del Comité de Trabajadores de Woodbridge y 21 residentes, algunos de ellos indocumentados.
Sostiene que las medidas son inconstitucionales porque la aplicación de las leyes de inmigración es un tema federal. Pide detener su implementación.
“Nos sentimos extremadamente dolidos, pero al mismo tiempo estábamos conscientes de que esto iba a pasar”, dijo el coordinador general de Mexicans Without Borders (Mexicanos Sin Fronteras), Ricardo Juárez. “Ahora nos vamos a enfocar en obtener justicia a través de la corte federal”.
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