por Wendy Fry
El presidente Donald Trump convirtió a California en el primer campo de prueba del renovado endurecimiento de su administración contra la inmigración no autorizada, al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles y autorizar redadas de alto perfil en todo el estado. Lo que siguió en 2025 transformó a California en la primera línea de una estrategia federal de inmigración mucho más agresiva y militarizada, cuyos efectos pronto se extendieron por todo el país.
Las redadas en calles, campos agrícolas y centros de trabajo de California, seguidas de una oleada de demandas judiciales, ayudaron a redefinir las reglas prácticas que rigen la forma en que operan los agentes migratorios dentro de Estados Unidos. Lo que comenzó como operativos antes del amanecer en pueblos agrícolas del Valle Central evolucionó rápidamente hacia un manual federal más amplio: redadas sorpresivas en lugares de trabajo, barridos en vecindarios y patrullajes móviles que operan a kilómetros de la frontera sur. Estas tácticas marcaron un giro decisivo, alejándose de la vigilancia fronteriza para enfocarse en comunidades con años, e incluso décadas, de arraigo.
Reporteros de CalMatters documentaron cómo prácticas tempranas observadas en el condado de Kern —como detenciones de tránsito sin orden judicial y una fuerte dependencia del perfilamiento basado en la apariencia— se expandieron por todo California y posteriormente aparecieron en otros estados. Abogados de derechos civiles impugnaron estas tácticas, argumentando que violaban protecciones constitucionales. Sin embargo, una serie de fallos judiciales, que culminaron en decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, en gran medida respaldaron la autoridad del gobierno federal, reforzando la base legal para ampliar la aplicación de la ley migratoria dentro del país.
Al inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno federal también desplegó a los Marines estadounidenses en la frontera sur, citando lo que funcionarios describieron como una emergencia nacional. Ese despliegue, ampliamente publicitado, resultó ser temporal. En cuestión de meses, las tropas regresaron discretamente a casa, incluso mientras la aplicación de la ley migratoria dentro de California se intensificaba de manera constante.
Las tensiones aumentaron cuando cientos de soldados de la Guardia Nacional fueron enviados a Los Ángeles tras disturbios civiles relacionados con arrestos migratorios. Trump amenazó públicamente con extender el despliegue al Área de la Bahía antes de dar marcha atrás. Funcionarios estatales se opusieron con firmeza, calificando la medida como un exceso del poder federal, mientras líderes federales la defendieron como necesaria para mantener el orden público. El enfrentamiento profundizó conflictos de larga data entre las políticas de santuario de California y las pretensiones de la Casa Blanca sobre la autoridad federal en materia migratoria.
Las consecuencias recayeron con mayor peso en familias con profundas raíces en el estado. Investigaciones de CalMatters encontraron que las deportaciones apuntaron cada vez más a personas que habían vivido en California durante décadas, criaban hijos ciudadanos estadounidenses, mantenían empleos estables y, en muchos casos, estaban siguiendo activamente vías legales para permanecer en el país. Immigration and Customs Enforcement detuvo a personas durante entrevistas para obtener la residencia permanente y en revisiones de rutina, momentos que anteriormente se consideraban relativamente seguros bajo administraciones previas.
Estos cambios en la aplicación de la ley repercutieron ampliamente en las instituciones de California. Distritos escolares reportaron una disminución en la asistencia, ya que muchas familias temían enviar a sus hijos a clases. Empleadores agrícolas enfrentaron dificultades para cubrir vacantes durante temporadas clave de cosecha. Proveedores de servicios de salud observaron que pacientes retrasaban o evitaban tratamientos, preocupados de que hospitales o clínicas pudieran convertirse en escenarios de operativos migratorios.
Una demanda federal, que involucró a un solicitante de asilo sordo detenido durante meses sin las adaptaciones adecuadas, expuso deficiencias significativas en la atención médica y el acceso para personas con discapacidad dentro de centros de detención migratoria. Bajo cambios de política implementados durante la era Trump, solicitantes de asilo con casos pendientes perdieron protecciones históricas contra el arresto, marcando un giro abrupto respecto a prácticas anteriores.
Junto a estos impactos visibles, tomó forma una tendencia más silenciosa pero igualmente trascendental: la población inmigrante se redujo. Datos del Pew Research Center mostraron que la población inmigrante nacional disminuyó en aproximadamente 1.4 millones de personas en la primera mitad de 2025, la primera caída sostenida en más de 50 años. Economistas advirtieron que esta reducción podría desacelerar el crecimiento económico, mientras líderes estatales evaluaban las consecuencias a largo plazo para la fuerza laboral y los sistemas de servicios sociales.
De cara a 2026, funcionarios de California anticipan una mayor expansión de la aplicación interna de la ley migratoria, nuevas batallas legales sobre leyes de santuario y financiamiento federal, y renovados intentos de ampliar la capacidad de detención. Distritos escolares y grandes empleadores preparan planes de contingencia ante posibles deportaciones masivas, mientras legisladores consideran nuevas protecciones de privacidad. Aún está por verse si esas medidas podrán mitigar el impacto de la política federal.
Con reportes de El Reportero. Esta historia se acortó para ajustarse al espacio disponible.
