por David Bacon
Nota del editor: Esta es una continuación de la semana pasada
Cuando el río se volvió amarillo
A fines de los años 80, la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari primero declaró en bancarrota la mina de Cananea, y luego la vendió al Grupo México de la familia Larrea por $475 millones en 1990. Eso es el equivalente de las ganancias de los tres últimos meses del Grupo México.
Salinas también vendió la vecina mina Nacozari, casi tan grande como Cananea, a los Larrea en 1988. En 1997, el Grupo México se unió a Union Pacific de Pensilvania para comprar la principal línea ferroviaria mexicana de norte a sur por $527 millones, y terminó el servicio de pasajeros. Dos años más tarde, el Grupo México compró ASARCO, su ex matriz, por $1.18 billones, ganando la propiedad de minas y fundiciones en los Estados Unidos.
Hoy la junta de directores de la empresa está vinculada con muchos bancos mexicanos y compañías de medios, así como con firmas estadunidenses. Por ejemplo, su director, Claudio X. González Laporte, es presidente de la junta de Kimberley Clark de México, la subsidiaria mexicana del gigante papelero estadunidense. González Laporte fue también director de General Electric, Kelogg, Home Depot y el gigante mediático mexicano Televisa, y fue asesor especial del presidente mexicano.
A fines de los años noventa, el Grupo México tenía una historia de conflictos laborales, ya que redujo la nómina de sueldos para incrementar las ganancias. En 1997, los trabajadores ferrocarrileros hicieron huelgas contra los planes de reducir su fuerza laboral de 13,000 en menos de la mitad. Perdieron. Al año siguiente, los mineros de Cananea arremetieron contra los intentos de la compañía de recortar su fuerza laboral directamente empleada a 1,000 plazas, al tiempo que contrataba trabajadores no sindicalizados con menos salarios a través de contratistas. Amenzados con la ocupación militar de la mina, los mineros terminaron su huelga, pero más de 800 no fueron recontratados.
Los mineros llevaron a cabo una batalla de retaguardia para mantener los salarios y las condiciones que habían ganado a lo largo de décadas. En los años cincuenta y sesenta, los mineros mexicanos tenían mejores leyes protectoras que los de los Estados Unidos, controlando la exposición al polvo de sílice producido por trituración mineral. Ellos tenían buenos salarios y vivían en casas construidas con presupuesto del gobierno.
Luego de que los mineros perdieron la huelga de 1998, sin embargo, el Grupo México desconectó los tubos de ventilación de escape de la azotea de su principal edificio concentrador. El polvo en las áreas de trabajo alcanzó niveles hasta la rodilla. El Grupo México también cerró el Hospital Ronquillo, que brindaba servicios de salud a las familias de los mineros. Durante 80 años, la mina ha sido responsable de otorgar servicio de agua al pueblo. Después de la huelga, el Grupo México dijo que el pueblo debía valerse por sí mismo.
Cuando el Grupo México anunció que estaba despidiendo a 135 trabajadores que mantenían los pozos de relave, el minero René Enríquez León advirtió que un derrame podía llegar hasta la cabecera del río Sonora y la región agrícola río abajo. “Sería un desastre ecológico”, él predijo.
En 2006, una explosión en la mina de carbón mexicana Pasta de Conchos en Nueva Rosita, Coahuila, dejó atrapados abajo a 65 mineros.
Cinco días más tarde, la compañía y las autoridades gubernamentales pusieron fin a los intentos de rescate. El líder del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, acusó a los responsables de “homicidio industrial”. En respuesta, el gobierno lo acusó de fraude.
Gómez huyó de México y recibió asilo en Canadá, donde vive con el apoyo de United Steelworkers (Trabajadores Siderúrgicos Unidos, el sindicato estadunidense de mineros del cobre). Tras años de apelaciones, los tribunales mexicanos levantaron los cargos contra él. De cualquier modo, Gómez continúa en Canadá, debido a que el gobierno no garantiza su seguridad y libertad si regresa.
Antonio Navarrete, quien comenzó a trabajar en Cananea en 1985, dice que a mediados de la primera década del 2000 la falta de seguridad estaba provocando “una psicosis de temor. Una vez que entras, no sabes si vas a poder salir”. La maquinaria no ha recibido mantenimiento preventivo, él señala, incluyendo colectores para evacuar el polvo. Los accidentes se hicieron más frecuentes; los trabajadores perdieron dedos y manos. La aceleración de los problemas, él sostiene, “puso en claro que la compañía nos estaba orillando para ir a la huelga. Pero nosotros decidimos que las cosas no podían continuar, porque de otro modo nos íbamos a morir ahí”.
En los primeros tres años de huelga, las leyes laborales mexicanas permitían a la compañía operar legalmente. Fue entonces cuando el gobierno declaró la huelga ilegal, y en 2010, los soldados y la policía federal ocuparon el pueblo y reabrieron la mina de Cananea. A pesar de eso, la Sección 65 continúa organizando la actividad de la huelga. El sindicato también continuó monitoreando cuestiones de seguridad. En 2009, el comité de huelga de los mineros anunció a Eduardo Bours, gobernador de Sonora, que “un derrame podía tener muy serias consecuencias, ya que desde el 14 de abril la compañía retiró su personal de emergencia y con él la fuerza sindical responsable del mantenimiento de la represa, lo que podría poner en peligro a la población”. El comité no ha obtenido respuesta.
Cinco años más tarde, el predicho derrame finalmente ocurrió. A la una de la mañana, Navarrete, el líder del sindicato en huelga, vio una petición de ayuda en Facebook de un doctor en Bacanuchi, el primer pueblo en el río Bacanuchi junto a la mina. “Fuimos allí de inmediato”, él recuerda. “La gente del pueblo, incluso los niños, estaban llorando. Nadie sabía qué se podía hacer. Incluso los lagartos y los coyotes estaban huyendo del peligro.
Los huelguistas se volvieron la principal fuente de información para los pueblos afectados, él dice. “Nosotros siempre lamentamos que las condiciones de la mina pudieran afectar a las comunidades. Comenzamos a ayudarlos a organizarse, porque necesitábamos unir fuerzas para que la compañía escuchara.” Ese fue el comienzo del Frente Río Sonora.
Hoy, el Frente está dirigido por Marco Antonio García, agricultor y ex sindicalista minero de Baviacora. García, cuya cara de líneas profundas muestra el impacto de una vida de trabajo en alto desierto, trabaja 75 acres, más que la mayoría de los agricultores locales, que cultivan sólo unos pocos. Cuando los agricultores tuvieron que deshacer de sus cultivos debido a la contaminación, perdió $33,000.
No sólo fue la pérdida personal lo que lo puso en acción. “Si no ganamos, estamos perdidos”, dice, “y lo más importante que va a perder la gente del río Sonora es su dignidad”.
“El Frente fue organizado por la presión de la Sección 65 de Cananea”, él continúa. “Comenzaron por visitar todos los pueblos a lo largo del río. Ellos tenían su problema con su contrato sindical, y nosotros el nuestro con el río. Al principio, algunos decían que los mineros se la pasaban todo el tiempo luchando. Pero en realidad, ellos están dando una gran batalla. Y nosotros también, si queremos un futuro para la gente del río Sonora. La contaminación del río va a durar toda una vida”.
Las protestas estallaron primero en Ures, un mes después del derrame. “Comenzamos con marchas y bloqueos de la carretera”, señala Lupita Poom, que ahora dirige el frente ahí. “Fueron manifestaciones pacíficas, y participaron cientos de gentes. Fue cuando nos empezamos a reunir con líderes de otros pueblos del río.” Y como Navarrete y otros mineros de la Sección 65 ayudaron, comenzaron los grupos locales, y tomó forma un plan más grande. “Decidimos hacer otro plantón (un campamento organizado, como Ocupa Wall Street), pero éste dirigido por la mina”, dice Poom.
Martha Agupira dice que cuando los mineros llegaron a Tahuichopa a invitar a la gente a la protesta, “el presidente municipal nos dijo que los soldados vendrían, y que nos harían presos. Pero no teníamos nada que perder, así que ¿Por qué no hacerlo?”
