por Wendy Fry y Khari Johnson
CalMatters
En una tranquila carretera de dos carriles en el este del condado de San Diego, James Cordero notó lo que parecía ser un remolque abandonado al lado del camino. Por curiosidad se detuvo para observar más de cerca y descubrió una cámara oculta conectada a una red de vigilancia que registra las placas de los vehículos que circulan por esta zona remota entre San Diego y Arizona.
Cordero, de 44 años, afirma que desde entonces ha encontrado numerosos dispositivos similares escondidos dentro de remolques, barriles de construcción y equipo de seguridad vial en carreteras de los condados de San Diego e Imperial. Cámaras han aparecido cerca de Jacumba Hot Springs, fuera del casino Golden Acorn en Campo y a lo largo de la autopista interestatal 8 cerca del desfiladero de In-Ko-Pah.
Los dispositivos comenzaron a aparecer después de que California otorgara permisos a agencias federales, incluido el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Border Patrol), para instalar lectores automáticos de placas vehiculares (ALPR) en algunas carreteras estatales durante los últimos meses de la administración Biden. Expertos en privacidad estiman que más de 40 cámaras operan actualmente en la región, enviando datos a sistemas federales.
Los lectores de placas capturan imágenes de los vehículos que pasan y registran información como el número de la placa, marca y modelo del vehículo, el estado donde está registrado, las coordenadas GPS del lugar donde se tomó la imagen y la fecha y hora del registro. Informes federales señalan que las fotografías también pueden capturar a conductores, pasajeros y el entorno del vehículo.
Defensores de libertades civiles sostienen que esta tecnología equivale a una vigilancia masiva de residentes que no han cometido ningún delito. Los críticos afirman que el sistema recopila grandes cantidades de información personal y podría entrar en conflicto con leyes de California que regulan el uso de lectores automáticos de placas.
“No hay transparencia, y eso es lo peor”, dijo Cordero.
Quienes apoyan la tecnología argumentan que puede ayudar a las autoridades a localizar sospechosos de delitos graves, detectar patrones de tráfico de drogas o personas e incluso encontrar a personas desaparecidas.
“Si no estás haciendo nada ilegal, ¿por qué preocuparte?”, dijo Allen Stanks, residente desde hace muchos años en Jacumba.
Sin embargo, algunos residentes aseguran haber tenido encuentros inusuales con agentes federales que creen podrían estar relacionados con el sistema de vigilancia. En un caso descrito por un organizador comunitario, agentes de la Patrulla Fronteriza interrogaron a su abuela —quien tiene residencia legal— sobre por qué visitaba con frecuencia un casino en el Valle Imperial.
“Ella les preguntó: ‘¿Hay algo malo en eso?’”, relató. “Ellos dijeron que simplemente parecía sospechoso”.
Las preocupaciones también han aumentado entre voluntarios humanitarios que trabajan cerca de la frontera. Cordero dedica parte de su tiempo libre a ayudar a migrantes que cruzan por zonas desérticas remotas, dejando agua, comida y ropa en rutas conocidas de cruce.
Le preocupa que las cámaras permitan a las autoridades rastrear a los voluntarios.
“No me preocupa tanto por mí”, dijo Cordero. “Me preocupa que nuestros voluntarios puedan ser rastreados o interrogados”.
A principios de este año, la organización de derechos civiles Electronic Frontier Foundation (EFF) y una coalición de grupos enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom y al Departamento de Transporte de California solicitando que se revoquen los permisos que permiten a agencias federales instalar estos dispositivos.
Investigadores de la EFF han identificado más de 40 cámaras a lo largo de carreteras cercanas a la frontera en el sur de California. La organización sostiene que esta red de vigilancia podría estar eludiendo una ley estatal de 2016 que regula el uso de lectores automáticos de placas por parte de las autoridades.
Según Caltrans, la agencia estatal de transporte ha aprobado ocho permisos que permiten a agencias federales como Aduanas y Protección Fronteriza y la Administración para el Control de Drogas instalar lectores de placas dentro del derecho de vía de carreteras estatales. La agencia indicó que no opera las cámaras ni controla cómo se utiliza la tecnología.
Registros muestran que entre 2015 y 2024 agencias federales presentaron 14 solicitudes de permiso para dispositivos de vigilancia en áreas de carreteras de California. Ocho fueron aprobadas, cuatro fueron retiradas y dos no avanzaron.
Para Cordero, el tema es personal. Mientras recorre zonas desérticas remotas para revisar puntos donde deja suministros para migrantes, dice que con frecuencia encuentra señales de cruces peligrosos y, en ocasiones, restos humanos.
Experiencias como esas, afirma, son la razón por la que sigue regresando a la zona fronteriza, y también por lo que el descubrimiento de cámaras ocultas le genera inquietud.
“Tuve que pasar varias veces por ahí antes de darme cuenta de lo que era”, dijo Cordero sobre la cámara escondida en el remolque que vio por primera vez a un lado de la carretera Old Highway 80.
Nota del editor: Este artículo fue editado y reducido para ajustarse al espacio disponible.
