por Juliana Birnbaum Fox
¿Quien dio la orden? Policías de Los Ángeles golpean a un hombre desarmado. ( PHOTOS BY LAT )
El 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, centenares de cientos de protestantes participaron en marchas masivas por los derechos de los inmigrantes en California y por Estados Unidos. Mientras las manifestaciones del Área de la Bahía atrajeron pacíficamente a diversos grupos y atrajo la atención hacia las más de 1,500 manifestaciones locales sobre los inmigrantes ilegales en los últimos meses, un evento en Los Ángeles terminó con violencia. Tanto en el norte como en el sur de California hubo menor asistencia que en las protestas del año pasado, que batieron récord.
Los conflictos en L.A. comenzaron cerca de las 6 p.m. en el Parque MacArthur, durante el segundo evento de la ciudad, cuando multitudes se redujeron de aproximadamente 25,000 a 10,000. La policía blandió sus bastones y disparó unas 240 balas de goma para dispersar a los manifestantes quienes se movieron hacia una calle, según los organizadores de la manifestación y reporteros. Las autoridades dijeron que varias personas lanzaron piedras y botellas a los oficiales, quienes usaron bastones y gas lacrimógeno para empujar a la multitud hacia la acera y luego despejaron el parque.
“Hubo unas 240 rondas de disparos y ni un solo arresto, ¿entonces cuál es la amenaza?”, se preguntó el organizador Víctor Narro de National Lawyers Guild. “Vi a policías riéndose en las calles mientras esto sucedía”.
Nuevas imágenes mostraron a policías golpeando a periodistas de TV, empujando a gente que se estaba escapando y lesionando a personas con balas de goma.
“Estaban empujando a los niños, adultos mayores, madres con sus bebés y golpeando a los medios”, dijo Angela Sanbrano, una organizadora.
“Los policías no sólo movieron a la gente fuera de los perímetros del parque, los persiguieron por el parque disparando a cualquiera que pudo haber sido un obstáculo”, dijo Ernesto Arce, organizador y conductor de radio quien recibió en su pierna una bala de goma, durante el conflicto. “Fui testigo de que mucha gente recibió disparos por atrás”, de acuerto a informes noticiosos.
El alcalde de L.A. Antonio Villaraigosa, quien recortó su viaje a América Central y México cuando comenzaron a surgir los problemas en las protestas, dijo que daría la bienvenida a la investigación del FBI sobre la violencia al final de marchas y manifestaciones pacíficas.
El jefe de policía William J. Bratton condenó las tácticas de los oficiales y dijo que la investigación del departamento, que revisaría los videos de la policía y los medios, se enfocaría en las acciones no sólo de los oficiales de la calle sino también de quienes dieron las órdenes.
“Se cometieron errores en todos los niveles. Eso lo quiero dejar en claro”, dijo Bratton en una conferencia de prensa. También mencionó que había hablado con la oficina del FBI en Los Ángeles y se reuniría con él la próxima semana para “hablar sobre lo que ocurrió el 1 de mayo y también sobre la posibilidad de que el FBI mirara esto”.
El jefe dijo que esperaba que una revisión federal muestre que el departamento no tiene nada que esconder, mientras se disipan los reclamos de que la policía se ha enfocado en los líderes y partidarios de los derechos de inmigrantes.
Los varios miles de activistas que hubo en San Francisco ese día llevaron banderas tanto de EE.UU. como de naciones latinoamericanas, marchando desde Calle Market Street a la manifestación de Civic Center.
“Éste no es un movimiento de políticos, sino de seres humanos y por eso es que será exitoso”, dijo Matt González, ex presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco. “Las leyes de este país no cambiarán a menos que nos mantengamos unidos”.
Una marcha matutina en Oakland por International Boulevard fue liderada por un cartel que decía: “No más tratamiento de segunda clase” y abarcó 15 cuadras.
Las protestas a nivel nacional, cierre de escuelas y tiendas y boicots eran para mostrar el papel clave que juegan los inmigrantes tanto legales como ilegales en la economía de EE.UU. También protestaron contra un proyecto a la reforma a la inmigración aprobado por la Cámara en diciembre, lo que haría de la inmigración ilegal un delito grave y levantaría un muro de 700 millas en la frontera con México. En California vive un cuarto de los inmigrantes del país.
(News wire services contributed to this report).
