by Erick Galindo
WASHINGTON, D.C. — El gobierno iraquí presentará cargos tras la decisión del Juez de EE.UU. del Distrito Ricardo Urbina para levantar los cargos de homicidio contra cinco ex guardias de seguridad de Blackwater acusados de matar a 14 iraquíes el 16 de septiembre de 2007.
La decisión fue anunciada la víspera del Año Nuevo (con la diferencia horaria, corresponde al día de Año Nuevo en Irak). En total, 17 iraquíes fueron muertos y 20 heridos en el incidente de Bagdad.
La decisión de Urbina, quien es el primer hispano en la Corte Suprema del Distrito de Columbia, fue abucheado y desdeñado por iraquíes, muchos de los cuales ven el tiroteo como una falta de interés de EE.UU. por sus vidas.
Irak calificó la decisión de “inaceptable e injusta”. Dijo que le pedirá al Departamento de Justicia de EE.UU. revisar el caso criminal.
Los miembros de la familia de los muertos y de los sobrevivientes califi caron la decisión de una burla de la justicia que Estados Unidos debía haber traído a su país.
Los funcionarios ahí dijeron que el gobierno ayudará a las víctimas a interponer una demanda contra Estados Unidos. “Lo que pasó ayer confi rma que el juicio estaba sesgado”, dijo Ali Adeeb, un alto asesor del Primer Ministro de Irak, Nouri Al-Maliki.
Adeeb prometió que el gobierno iraquí pondrá presión diplomática en Estados Unidos para segurar que las víctimas “obtengan justicia”. El veterano de 28 años de la corte dijo que los fiscales habían actuado de manera inapropiada al usar las declaraciones de los guardias, bajo los auspicios de la inmunidad, como evidencia.
El juez Urbina también criticó a los fi scales por mantener “evidencia exculpatoria sustancial” del gran jurado que acusó a los procesados, así como por presentar versiones distorsionadas de los testigos y decirle inapropiadamente al gran jurado que algunas declaraciones incriminatorias que habían sido hechas por los acusados fueron retenidas.
“Las explicaciones ofrecidas por los fiscales y los investigadores es un intento de justificar sus acciones y persuadir a la corte que no usaron el testimonio obligado de los acusados fue generalmente muy contradictorio, y con falta de credibilidad”, escribió Urbina.
Los acusados sostuvieron que los guardias dispararon indiscriminadamente contra los civiles no armados en un ataque no provocado cerca de un círculo de tráfi co con mucha afl uencia.
Uno de los sobrevivientes, Mahdi Abdul Khudor, quien perdió un ojo en el tiroteo, dijeron que los guardias quemaron a las personas dentro de sus autos. Los guardias afi rmaron que habían sufrido una emboscada por parte de los insurgentes y que habían disparado en defensa propia.
Durante la investigación del incidente, a los guardias, empleados del Departamento del Estado en el momento, les dijeron investigadores del Departamento del Estado que serían despedidos si no hablaban con los investigadores sobre el caso y lo que fuera que dijeran no sería usado contra ellos en los procedimientos criminales.
En su opinión de 90 páginas, Urbina descubrió una “imprudente violación a los acusados’. Un panel con perspectivas de todo el espectro político abordará el reporte y otros estudios sobre los efectos económicos de la reforma a la inmigración en el Centro para el Progreso norteamericano en Washington, D.C. esa mañana.
El mes pasado, el Rep. de EE.UU. Luis Gutiérrez… derechos constitucionales”, los investigadores y fi scales han usado extensivamente esas declaraciones y rechazado “la advertencia de fi scales senior experimentados” de que “el curso de la acción amenazó la viabilidad del procesamiento”.
La decisión es considerada como un gran fracaso para el Departamento de Justicia, que ha luchado para distanciarse del estigma dejado por el ex Fiscal General Alberto Gonzáles. También detiene uno de los procesamientos de más alto perfi l que han surgido de la guerra en Irak.
El tiroteo había hecho más tensas las relaciones entre el gobierno iraquí y la Administración Bush en su momento y cuestionó la gran dependencia de Estados Unidos en contratistas de seguridad privados en zonas de guerra.
Blackwater, el altamente publicitado contratista del gobierno, ha sido desde entonces expulsado de Irak y cambió su nombre a Xe Services.
Muchos de los ex guardias de la compañía se han cambiado a otras empresas de seguridad y han permanecido en Irak.
