por Nick Timiraos
Joselin Reyes y otros partidarios escucharon mientras ciudadanos afectados por la crisis de ejecución hipotecaria dieron recomendaciones en la demostración de Wells Fargo. (PHOTO FROM RICHMOND CONFIDENTIAL)
Los bancos que intentan realizar ejecuciones hipotecarias están topándose con otra valla, ya que algunos prestatarios delincuentes están exitosamente sosteniendo que sus empresas hipotecarias no pueden probar que deben préstamos y por lo tanto no tienen derecho a realizar la ejecución hipotecaria.
Estos casos de “muéstreme los papeles” han estado intrincándose en las cortes por varios años. Pero en los meses recientes, algunos jueces se han puesto de lados de los prestatarios y deteniendo las ejecuciones hipotecarias después de concluir que los problemas de papeleos de los bancos son más serios de lo que se pensaba antes y generan mayores preguntas éticas.
Este año, casos en California, Carolina del Norte, Alabama, Florida, Maine, Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Massachusetts y otros han generado preguntas respecto de si los bancos han demostrado apropiadamente la propiedad.
Durante el otoño, los bancos suspendieron temporalmente las ejecuciones hipotecarias para abordar los llamados problemas de robo-firma, donde los empleados aprobaron documentos legales sin revisar los apropiadamente. Dijeron que en semanas arreglarían lo que consideraron que eran simples errores administrativos. Pero los prestatarios están descubriendo nuevos tipos de problemas de documentos, retrasando más los esfuerzos de los bancos para volver a poner las ejecuciones hipotecarias en camino.
En algunos casos, los prestamistas están mostrando a las cortes que los bancos no lograron asignar de manera apropiada la propiedad de las hipotecas después de ser reunidos en valores apoyados por hipotecas. En otros casos, los prestatarios dijeron que los prestamistas retrasaron la fecha o fabricaron documentos para arreglar esos errores.
“Los procesos de hipoteca fallados han potencialmente infectado a millones de ejecuciones hipotecarias, y los daños contra estas operaciones podrían ser signifi cativos y tomar años en materializarse”, dijo Sheila Bair, presidenta del Depósito Federal de Valores Corp., en testimonio a un comité del Senado el mes pasado. El mes pasado, la Corte Suprema de Maine revirtió la ejecución hipotecaria de Dana y Robin Murphy de Auburn, Me., después de concluir que la empresa hipotecaria, una unidad de HSBC Holdings PLC, entregó documentos “inherentemente no confiables”. Un portavoz de HSBC se negó a comentar.
El caso comenzó en 2008 cuando HSBC interpuso para la ejecución hipotecaria en los Murphy, quienes no habían pagado la hipoteca en dos años. Un juez inicialmente rechazó la ejecución de HSBC porque el banco no podía mostrar que poseía el pagaré—de hecho, el IOU del prestatario.
El corte más adelante accedió a la ejecución hipotecaria después de que HSBC entregara nuevos papeles. Sin embargo, los Murphy encontraron discrepancias y sostuvieron que los documentos tenían fecha anterior. La corte dejó sin efecto la ejecución hipotecaria y envió el caso de regreso a la corte baja para determinar penalidades potenciales.
Los abogados de los prestatarios rechazaron el punto de vista de que están usando reglas legales crípticas para asegurar casas gratis a los clientes que no están pagando sus cuentas. Los esfuerzos para pasar por la evidencia incompleta o falsifi cada “no pueden ser tolerados en una sociedad libre”, dice Thomas Ice, abogado en RoyalPalm Beach, Fla., quien tiene un caso similar ante la Corte Suprema de Florida. “Esto es un gran asalto a nuestro sistema legal” que arriesga “convertirnos en una república bananera”.
