por Marvin Ramírez
La decisión del alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, de autorizar a la policía a arrestar a personas que consumen drogas en la vía pública y enviarlas a los centros RESET en lugar de a la cárcel representa un cambio importante de política. Reconoce lo que muchos trabajadores de primera línea, familias y vecinos han venido diciendo desde hace años: la adicción es una crisis de salud pública, no solo un asunto penal. Darle a la gente la opción de recibir tratamiento, desintoxicación y supervisión médica en lugar de una celda es humano, práctico y muy necesario.
Pero si la ciudad realmente quiere restaurar la seguridad y la dignidad en nuestros vecindarios, especialmente en lugares como 16th Street y Mission y 24th Street y Mission, esta política no puede detenerse únicamente en los consumidores de drogas. El deterioro que vemos a diario en estas plazas no es impulsado solo por personas que se drogan. También está alimentado por una economía informal de calle basada en la venta de mercancía robada, y por los compradores que mantienen vivo ese mercado.
Vecinos y comerciantes conocen bien el patrón. Las mismas personas se reúnen día tras día, extendiendo cosméticos, detergente, pasta dental, licor y alimentos empaquetados robados de tiendas cercanas. Las patrullas policiales pueden permanecer en la plaza durante el día, pero cuando los oficiales se retiran, el mercado reaparece. Los vendedores cambian de lugar. Los compradores regresan. El ciclo continúa.
Hablamos sin cesar de “redes de robo en tiendas” y de “saqueos organizados”, pero en la realidad cotidiana, lo que sostiene esta economía no es solo el ladrón, sino el cliente. Cada persona que compra mercancía robada a precio reducido se convierte en parte del problema. Sin embargo, rara vez se persigue a los compradores con la misma urgencia que a los consumidores de drogas, a los vendedores de droga o a las personas sin hogar. El mensaje, intencional o no, es que comprar productos robados es una falta menor, una ganga inofensiva. No lo es. Alimenta el robo, perjudica a los pequeños negocios, eleva los precios para los clientes honestos y mantiene a las personas atrapadas en ciclos de delito y adicción.
Si podemos cambiar la cultura de aplicación de la ley en torno al consumo de drogas en público, también podemos cambiarla en torno a la compra de mercancía robada. La ley ya prohíbe comprar bienes robados. El problema no es la falta de normas, sino la falta de aplicación constante. Los compradores en zonas conocidas de reventa ilegal deberían enfrentar consecuencias inmediatas, del mismo modo que ahora los consumidores de drogas enfrentarán arresto y derivación a tratamiento. Sin demanda, el mercado callejero colapsa.
También existe una solución práctica y moderna que la ciudad debería explorar con las grandes cadenas comerciales. La mayoría de los productos vendidos hoy en farmacias y tiendas grandes cuentan con códigos de barras o códigos QR que indican si fueron escaneados y pagados. La tecnología para identificar mercancía robada ya existe. Los comercios, en alianza con agencias de la ciudad, podrían proporcionar a las fuerzas del orden herramientas para verificar artículos en el momento. Si alguien está vendiendo o comprando productos que claramente no han sido pagados, la policía debería poder confiscar la mercancía de inmediato y emitir citaciones o realizar arrestos cuando corresponda. Esto no se trata de hostigar a la gente por ser pobre, sino de desmantelar un mercado criminal que perjudica tanto a los negocios como a las personas más vulnerables.
Igualmente importante es el poder de un mensaje público claro. La ciudad coloca letreros que advierten contra beber en la vía pública, el consumo de drogas o merodear. ¿Por qué no colocar avisos grandes y visibles en los puntos conocidos: “Comprar mercancía robada es un delito y será procesado”? Reglas claras, aplicadas de manera clara, cambian comportamientos. Cuando la gente sabe que hay consecuencias reales, muchos lo pensarán dos veces antes de participar.
Los centros RESET representan un intento compasivo de interrumpir la espiral descendente de la adicción. Esa misma filosofía —interrumpir ciclos destructivos— debería aplicarse a la economía de mercancía robada que corroe nuestros vecindarios. El tratamiento para los consumidores de drogas es necesario. La rendición de cuentas para los compradores de mercancía robada es igual de esencial. Uno sin el otro deja el sistema a medias.
San Francisco no tiene un solo problema. Tiene problemas interconectados. La adicción, el robo, la reventa ilegal y el deterioro de los vecindarios se alimentan mutuamente. Si solo jalamos un hilo, la tela sigue deshaciéndose. Si jalamos de ambos —tratamiento para los consumidores y consecuencias reales para los compradores— por fin tenemos una oportunidad de cambiar la realidad diaria en nuestras calles.
