por el equipo de El Reportero
La administración Trump ordenó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a ciertos refugiados que ingresaron legalmente a Estados Unidos pero que no han obtenido la residencia permanente dentro de un año de su llegada, según un memorando gubernamental presentado esta semana ante un tribunal federal. La directiva marca un cambio drástico respecto a la política de control migratorio de larga data y ha generado alarma entre defensores de los refugiados.
Bajo la ley federal, los refugiados pueden solicitar la residencia permanente legal, conocida como “green card”, un año después de su admisión en Estados Unidos. Muchos enfrentan demoras debido a atrasos en los procesos, problemas de documentación y limitaciones administrativas. La nueva directriz instruye a ICE a tratar el plazo de un año como un punto de control obligatorio, exigiendo que los refugiados que no hayan ajustado su estatus regresen a custodia gubernamental para una revisión adicional.
El memorando autoriza a ICE a mantener detenidos a los refugiados durante el proceso de inspección para determinar si obtuvieron su estatus mediante fraude o si representan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, incluyendo posibles vínculos con el terrorismo o antecedentes penales graves. Los refugiados que no se presenten a entrevistas programadas podrán ser localizados, arrestados y detenidos. Aquellos que generen “alertas” podrían perder su estatus legal y ser sometidos a procesos de deportación.
Los refugiados son admitidos en Estados Unidos después de demostrar que huyen de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. El proceso de reasentamiento suele implicar años de verificaciones de antecedentes y evaluaciones de seguridad en el extranjero. Históricamente, Estados Unidos reasentó a decenas de miles de refugiados cada año, aunque las admisiones han disminuido drásticamente en medio de restricciones recientes y pausas al programa.
Funcionarios de la administración afirman que la política aplica la ley tal como fue escrita y busca reforzar la supervisión de quienes reciben refugio. Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dijo que el cambio evita vacíos en la revisión y protege la seguridad nacional.
Defensores de los inmigrantes sostienen que la directiva apunta injustamente a personas que ingresaron legalmente al país y cumplieron con el proceso de refugio. Señalan que la política revierte directrices previas de ICE que no consideraban la falta de obtención de la residencia dentro de un año como motivo de detención y exigían decisiones rápidas sobre la custodia. Los críticos también citan recientes esfuerzos por reexaminar casos de refugiados ya aprobados y la suspensión de solicitudes de ciertos países como parte de un endurecimiento más amplio de las vías de inmigración legal.
“Esta política es un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a personas que el propio gobierno de Estados Unidos recibió tras años de rigurosa evaluación”, dijo Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, una organización de reasentamiento de refugiados. Se esperan impugnaciones legales, ya que grupos defensores argumentan que la directiva debilita las protecciones para refugiados y el debido proceso.
