Campesinos marchan en contra de proyecto hidroeléctrico en Colombia.
Moisés Sánchez es un campesino del Departamento del Huila, en el sur de Colombia. El 13 de enero de 2013, el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) lo arrastró fuera de su casa, para luego tumbarla delante de sus ojos. “Me dijeron que lo hicieron para mi seguridad, porque mi finca será inundada por la represa”, cuenta. “Durante más de un año Emgesa me prometió un terreno como compensación, pero no recibí nada. La policía todavía tiene mis cosas, no las reclamé porque no sé adonde llevarlas.”
Moisés Sánchez es uno de los miles de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que Emgesa (empresa colombiana que de hecho está controlada por la italo-española Endesa-Enel) está construyendo en el río Magdalena.
A causa de la represa, serán inundados seis municipios del Departamento del Huila. “Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Hidroeléctrica El Quimbo) nació en 2009 para defender los derechos de las personas que viven dentro del área de influencia directa del proyecto”, explica Jennifer Chavarro, estudiante e integrante de Asoquimbo.
La historia del Quimbo está llena de contradicciones. En 1997, el Ministerio del Ambiente decidió no otorgar la licencia de impacto ambiental al proyecto, considerando que no era viable a causa de los daños que habría creado “a las mejores tierras con vocación agrícola de la región.”
En 2007 Emgesa solicitó nuevamente la licencia al Ministerio del Ambiente. El documento fue aprobado el 15 de mayo de 2009 sobre la base de un concepto del Ministerio de Agricultura que volcó el anterior veredicto: sin precisar cuáles condiciones habían cambiado, el ministerio afirmó que El Quimbo no habría puesto en peligro la segurida de alimentaria del departamento.
Además, la licencia ambiental ha sido aprobada sin el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, un estudio que permite de valorar las opciones de desarrollo de un proyecto, y sin tomar en consideración la sentencia de la Procuraduría General de la Nación, que sepaseis días antes de la concesión de la licencia solicitó el Ministerio del Ambiente a retenerse de hacerlo.
“La Licencia Ambiental del 2009 ha sido modificada tres veces para apoyar a los intereses de Emgesa”, denuncia Miller Dussán Calderón, profesor del Universidad Surcolombiana y miembro de Asoquimbo.
Ocho meses antes de la aprobación de la Licencia Ambiental, el Ministerio de Minas y Energía ratificó la Resolución 321, con el que se declaran de utilidad pública e interés social las 8586 hectáreas necesarias a la construcción del Quimbo. “La desaparición definitiva de un área de 8586 hectáreas no puede ser considerada un impacto de baja entidad, como afirma la empresa”, escribe el Ministerio de Ambiente en la Licencia Ambiental.
Las afectaciones causadas por El Quimbo han sido objeto de una investigación de la Contraloría General de la República, que estima un posible daño patrimonial de 350.644 millones de pesos (alrededor de 200 millones de dollares). La indagación preliminar dio origen al traslado a la Procuraduría General de la Nación y a la solicitud de la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la ANLA (Autoridad Nacional Licencias Ambientales).
Además, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) halló que Emgesa causó afectaciones al patrimonio arqueológico y tendría que pagar entre 200 y 300 millones de pesos (entre 110mil y 170mil dollares).
“Según la licencia, Emgesa tendría que compensar a los pequeños propietarios restituyendo los predios, para que puedan asentarse en otro lugar”, explica Jesús Elías Benavides, campesino de la comunidad La Honda. Sin embargo, hasta hoy no se compró ni un solo milímetro de tierra y la única compensación que algunas familias recibieron fue en dinero.
En Colombia existe un vacío legal sobre el desplazamiento causado por los megaproyectos del que las transnacionales se pueden aprovechar fácilmente.
“El 80% de la inversión extranjera directa en Colombia está representada por proyectos mineros-energéticos.
Ésto genera una tragedia humanitaria en un país que ya tiene millones de personas desplazadas por el conflicto”, denuncia Daniel Libreros de la Universidad Nacional de Colombia. “El Estado tendría que prever estándares para estas inversiones, no hay una matriz mínima del perfil del desplazado por las represas y de esta forma cada empresa está haciendo una valoración a su antojo”.
Emgesa ha catalogado los afectados por el proyecto El Quimbo entre “directos”, que son los que perderán sus casas y sus predios, e “indirectos”, definición que incluye todas las personas que verán afectado su trabajo, como los jornaleros y los pescadores.
De hecho, los pescadores de la zona vieron afectar 7.95 toneladas de peces en el sólo periodo 2009-2011, según una investigación del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural).
Sin embargo, Emgesa censó una porción mínima de los afectados reales.
“Asoquimbo legalmente no tendría que hacer lo censos, pero hicimos un registros de afectados y encontramos a unas 1.400 personas que no fueron censadas”, relata el profesor Miller Dussán Calderón. Entregamos nuestra investigación a la Contraloría General de la República, que demostró que efectivamente la metodología del censo de Emgesa tenía serias fallas.
Después se dio otro fenómeno, debido al hecho de que cuando vos dejás de producir una tierra, se afectan todas las cadenas productivas. Así que también los comerciantes quisieron ser censados, y ahora nuestro registro da 9111 personas y hay más que están esperando ser registradas.
El 28 de enero de 2013, la Contraloría General de la República nos convocó a una reunión donde entregamos las firmas de estas personas que se dicen afectadas, solicitando una decisión sobre el caso”.
Sin embargo, ya la ANLA anunció que no tiene intención de reabrir el censo.
