por Tracie Morales
Semana de protestas: Defensores de los inmigrantes indocumentados protestan en frente del edificio de la inmigración (ICE) en una serie de demostraciones en contra de las redadas que vienen ejerciendo la agencia federal en los últimos meses en el Area de la Bahía.
Los legisladores latinos están apoyando las iniciativas de 17 estados que han lanzado resoluciones este mes que condenan el Acta Real IDAct de 2005 por falta en el financiamiento y el impacto que alegan ésta tendría en la economía.
Los estados tienen plazo hasta el 11 de mayo de 2008 para implementar la ley.
Los estados que han aprobado o introducido legislación en febrero, urgiendo al Congreso de EE.UU. para revocar la ley o retrasar su implementación requerida, incluyen Arizona, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Maryland, Maine, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah, Vermont, Washington, West Virginia y Wyoming.
La ley, recomendada por el Departamento de Seguridad Interior de EE.UU. para combatir el terrorismo, fue introducido por el Rep. James Sensenbrenner (R-Wisc.). Establece estándares nacionales para que las licencias de conducir del estado y tarjetas de identificación que no son licencia, tengan la verificación del estatus de inmigración.
Una resolución del Rep. Floyd Esquibel (D) que urge al gobierno federal para reovcar el acta y detener su implementación fue aprobada por la Cámara de Wyoming el 5 de febrero.
Esquibel dijo a Weekly Report que el Acta Real ID, que busca arreglar el estatus inmigratorio, no logra hacerlo.
Agregó que los inmigrantes indocumentados son fuerzas dominantes en la industria de los servicios y la agricultura y las tarjetas de identificación debieran usarse para deportar a estas personas. La ausencia de esa fuerza de trabajo podría paralizar su economía, dijo.
“No puedo imaginar el tipo de caos que va a crear”, dijo. “No sé si el sistema económico podrá manejar ese tipo de situación”.
La legislación ha sido fuertemente criticada por las organizaciones latinas, inmigrantes y de derechos civiles a nivel nacional.
El proyecto Real ID no establece penalidades específicas si los estados no cumplen. Sin embargo, las licencias de conducir del estado no serán reconocidas federalmente, limitando el acceso de la gente a los servicios múltiples, tales como abordar un avión.
Russ Knocke, vocero del Departamento de Seguridad Interior de EE.UU., dijo que el departamento lanzará regulaciones pronto, pero no especificó. Agregó que el sistema actual es vulnerable a los ataques terroristas potenciales.
Sin embargo, los oponentes han manifestado suspreocupaciones de invasión a la privacidad y de identificación de robo. El acta requerirá a que los estados provean información en una base de datos nacional.
Esquibel dijo que es escéptico de que las provisiones, tales como un sistema de rastreo de identidad a nivel nacional puedan aumentar la seguridad.
“Si ud. tiene un sistema, sería fácil hackearlo”, dijo.
Félix Ortiz, asambleísta de Nueva York y presidente del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales, dijo a Weekly Report que implementar el acta costará mucho más que $40 millones apropiados por el Congreso.
Solamente en Nueva York, costará unos $200 millones, dijo.
Ortiz dijo que introducirá una resolución en Nueva York para pedir la revocación del proyecto federal.
Implementar la ley costará a los estados más de $11 billones en cinco años, según un estudio conducido por la Asociación Nacional de Gobernadores y la American Association of Motor Vehicle Administrators.
“Nosotros representamos a los legisladores del estado, y no vamos a tener un mandato que nos obligue sin financiamiento”, dijo Ortiz. “Si le preguntamos a la mayoría de los estados sobre el impacto fiscal, la mayoría diría ‘de ninguna manera, José”. Hispanic Link.
