por los servicios de noticias de El Reportero
César Zamora
La Embajada de EE.UU. confirmó lo que muchos sospechaban: la exención de transparencia fiscal de EE.UU. para Nicaragua-y los $ 3 millones en ayuda bilateral -no se renovarán este año.
La suspensión de la exención de transparencia—un golpe más simbólico que financiero para el gobierno sandinista—ahora prepara el escenario para la decisión de Washington sobre la exención de la propiedad, y la gran suma de $1.4 billones en préstamos multilaterales a la que está atada. Considerando la tensa temporada de campaña en Washington, algunos analistas dicen que no es poco probable que EE.UU. cancele también la segunda exención—una movida que los empresarios nicaragüenses han asimilado a una “bomba atómica” lanzada en la incipiente economía del país.
Los líderes empresariales están instando al gobierno de EE.UU. a permitir a Nicaragua solucionar sus problemas internos sin alterar la economía del país, como lo hizo con el embargo en los 1980s.
“Tenemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas institucionales, pero va a tomar tiempo”, dice el empresario nicaragüense César Zamora, vice presidente de la Asociación Americana de Cámaras de Comercio en América Latina (AACCLA). “Mientras, EE.UU. no puede lanzar una bomba atómica en Nicaragua y decir, ‘Recojan los pedazos y luego recuperarán el apoyo del gobierno de EE.UU.”.
José Adán Aguerrí, presidente de COSEP, la mayor federación de cámaras de comercio de Nicaragua, está de acuerdo. “Las autoridades norteamericanas no van a hacer Nicaragua más democrática al empobrecer aun más al país”, dice. “No será el gobierno de Nicaragua el mayor perdedor de la cancelación de las exenciones”.
La cancelación de la exención de la propiedad podría poner en peligro la capacidad de Nicaragua de obtener los necesitados préstamos de desarrollo y asistencia presupuestaria por parte de instituciones multilaterales en las cuales EE.UU. tiene fuerte voz y voto. La posible cancelación de tales préstamos significaría la pérdida de $1.4 billones en electrificación rural, salud y proyectos de infraestructura que son fundamentales para los planes del gobierno para combatir la pobreza rural en los próximos cinco años, dice Aguerri.
Grupo de derechos humanos informa sobre más de 400 arrestos arbitrarios en Cuba en mayo pasado
La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó el jueves que hubo al menos 423 detenciones arbitrarias por razones políticas en mayo de este año.
En un comunicado divulgado en La Habana, el grupo liderado por el activista Elizardo Sánchez, dijo que la creciente tendencia a arrestos políticos arbitrarios sigue siendo “preocupante”.
En su informe mensual regular, la comisión dijo que en mayo, por primera vez en 50 años, el gobierno cubano dio cifras sobre la población penitenciaria de la isla, situando el total en 57,337.
La comisión de derechos, sin embargo, estima que el número de prisioneros está entre 65,000 y 70,000.
“El gobierno cubano se encuentra entre los países con mayor número de presos por cada 100.000 habitantes en el mundo”, dijo la comisión, y pidió que las cárceles cubanas se abran a inspecciones de organizaciones internacionales como la Cruz Roja.
El diario del Partido Comunista, Granma informó en mayo que Cuba cuenta con 57,337 presos, de los cuales más de 31,000 están encerrados y casi 26 mil se encuentran en “instalaciones abiertas”.
En los últimos seis meses, de acuerdo con estas cifras oficiales, 10,129 detenidos han sido puestos en libertad por distintos motivos, entre ellos más de 2,900 indultados en diciembre pasado por el gobierno de Raúl Castro.
