by Jim Lamare
Hispanic Link
En un fallo de 2-1, la Corte de Apelaciones del 9no Circuito de San Francisco detuvo temporalmente el 6 de febrero cinco casos de deportación que involucraban a siete inmigrantes indocumentados.
El caso principal, Aranda Rodríguez v. Holder, involucra al mexicano David Aranda Rodríguez, 6quien ha vivido en Estados Unidos por más de dos décadas y cuida de sus dos hijos nacidos en EE.UU. No tiene pasado criminal.
Los otros seis demandantes tienen un perfil similar.
Al emitir la orden, la Corte instruyó a Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Justicia (DOJ) determinar si a Rodríguez y los otros debiera perdonárseles la deportación bajo la nueva política votede discreción del fiscal.
El director del ICE John Morton emitió un memorandum el 17 de junio del año pasado anunciando el ejercicio de la discreción del fiscal para manejar casos de deportación. Los funcionarios de ICE y de las cortes de inmigración del DOJ darán “consideración positiva” para decidir el destino de:
• veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU.;
• residentes permanentes legales por largo tiempo;
• menores y adultos mayores;
• individuos presentes en este país desde niños;
• mujeres embarazadas y amamantando;
• víctimas de violencia doméstica, tráfico o de otros crímenes serios; e,
• individuos con graves condiciones de salud.
A los inmigrantes indocumentados en estas categorías se les asignará baja prioridad al determinar su estatus de deportación. La implementación de la discreción fiscal fue retrasada hasta que un criterio operacional específico sea formulado para aplicar la nueva política.
A mediados de noviembre, ICE anunció que estaba listo para aplicar las nuevas reglas. A los funcionarios federales se les pidió revisar caso a caso, unos 300,000 procesos de deportación pendientes ante las 59 cortes de inmigración del país usando el nuevo criterio.
Para asistir sobre este tedioso proceso de trabajo intensivo, se les requiere a los funcionarios asistir a una sesión de entrenamiento de medio día el 13 de enero. Se les presentaron distintos escenarios sobre apropiados resultados de la deportación.
Según Julia Preston del New York Times, quien observó una sesión de orientación, un escenario involucra a una joven indocumentada “arrestada por un oficial estatal por conducir sin licencia. Ella ha estado viviendo en este país desde 1993 y tiene un hijo pequeño [ciudadano norteamericano]. Pero les mintió a los funcionarios de ICE, al no decirles que fue condenada por robo en tiendas en 1995.”
Qué deberían hacer las cortes de inmigración y los fiscales federales?
En este caso, ella no debiera ser deportada porque “no es un criminal amenazador y puede todavía estar amamantando a su bebé norteamericano”. Su caso debiera ser cerrado.
Qué pasa con un inmigrante indocumentado quien en 1996 cruzó la nationalmortgagesettlementfrontera ilegalmente y no se presentó en una audiencia “clave” en una corte de inmigración en ese entonces? El no ha cometido ningún otro crimen “y es entrenador de fútbol en el colegio donde sus hijas mellizas, ambas ciudadanas, están inscritas”. Nuevamente la respuesta: “caso cerrado”.
La aplicación de este nuevo criterio fue juzgado en las cortes de inmigración en Denver y Baltimore durante diciembre y enero. Las cortes determinaron que 16 por ciento de los 7,923 casos de deportación pendientes en Denver involucraban a individuos de bajo riesgo, permitiendo a 1,301personas quedarse en Estados Unidos.
En Baltimore, de los 3,759 casos revisados, 366, cerca del 10 por ciento, fueron cerrados.
Basado en esta evidencia, el New York Times proyectó que 39,000 casos de deportación a nivel nacional debieran cerrarse a fines de año.
Cerrado, pero no cance lado. En cualquier momento, estos casos de baja prioridad pueden ser reabiertos.
Los funcionarios federales tienen hasta el 19 de marzo para responder a la orden de la 9na Corte del Circuito para aplicar discreción fiscal a los siete demandantes en los cinco casos pendientes.
Enotras noticias relaciona das: Los federales pagan a los latinos $350,000, acuerdo tras las redadas por Griselda Nevárez & Estuardo Rodríguez Once hombres hispanos provocados a salir de sus hogares en New Haven, Conn., y encarcelados tras una redada conducida por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) hace casi cinco años recibieron un total de $350,000 como compensación en un acuerdo logrado el 13 de febrero entre el gobierno federal y los demandantes.
Los 11 hombres se encontraban entre las 29 personas, casi todos de origen hispano, aprehendidas el 6 de junio de 2007, después de que agentes federales irrumpieran en sus hogares sin una orden. Los abogados y estudiantes de derecho de Worker & Immigrant Rights Advocacy Clinic en la Escuela de Derecho de Yale interpusieron una demanda federal civil en su nombre. Los demandantes sostuvieron que los agentes de ICE habían violado sus derechos constitucionales al hacer un perfil racial de ellos y llevando a cabo investigaciones y confiscaciones no razonables.
El acuerdo dio a los demandantes la opción de terminar cualquier proceso pendiente de deportación o desviar cualquier acción de inmigración contra ellos por cuatro años y permitiéndoles volver a postular a la residencia legal.
Elacuerdoes el mayor pagado por el gobierno en una demanda sobre una redada de inmigración y el primero en incluir compensación monetaria y alivio migratorio. Antes del acuerdo, cinco de los 11 demandantes ya habían obtenido el fin de las acciones de deportación contra ellos.
Laura Huizar, una de las estudiantes de Yale que representan a los demandantes, dijo a Hispanic Link que al menos cuatro de los otros que fueron arrestados todavía están en proceso de remoción, mientras algunos pueden haber sido liberados. Ella dijo que los demandantes “esperan usar este triunfo para presionar al gobierno a detener todos los procesos de deportación que resultaron de esa misma redada”. El portavoz de ICE, Ross Feinstein dijo que no se espera que el acuerdo sea un mea culpa de parte del gobierno de EE.UU.
“El gobierno está hacienda un acuerdo para evitar el tiempo y gastos adicionales de un mayor litigio”, dijo en una declaración. Otro estudiante de derecho de Yale involucrado, Mark Pedulla, quien dijo a Hispanic Link que el acuerdo deja claro que las “agencias del (sistema) judicial deben seguir la Constitución y respetar el derecho de las personas”.
