por Rosalba Ruíz
WASHINGTON, D.C. — No hay argumento económico fuerte para cambiar dramáticamente el número de inmigrantes no capacitados en Estados Unidos, al menos en el corto plazo, según un estudio del Migration Policy Institute.
Esa es la conclusión del economista Harry Holzer, un profesor del Instituto de Políticas Públicas de Georgetown quien revisó literatura para evaluar los costos y beneficios que los inmigrantes no capacitados traen a la economía de EE.UU. Su informe, “Immigration Policy and Less-Skilled Workers in the United States,” sugiere algunas direcciones que la reforma a la inmigración puede tomar, destacando la importancia del mercado laboral. Una de las sugerencias clave es la que ha atado al país en nudos políticos por años: un camino hacia la residencia legal para los trabajadores indocumentados. Un panel de expertos de respuesta— economistas y administradores de políticas públicas que incluyó al presidente de MPI Demetrios Papademetriou y la ex Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE.UU.
Doris Meissner — reunieron una audiencia de unas 200 personas al MPI en la helada mañana del 13 de enero. Cuando se les ofreció la oportunidad de ampliar el diálogo con preguntas, se unieron para expresar otras preocupaciones sobre las políticas de inmigración, tales como los aspectos sociales y humanitarios. Costos y Beneficios La inmigración ha aumentado el número de trabajadores menos capacitados (los que no tienen diploma de secundaria) en Estados Unidos desde los 1980s.
El informe de Holzer sugiere que el impacto de esta expansión en los salarios y perspectivas de empleo de los trabajadores menos calificados es mínima. Entre las citadas razones se encuentra que los inmigrantes consumen productos y servicios, aumentan en general la demanda laboral y que los empleadores ajustan las técnicas de producción para aprovechar la mayor oferta de trabajadores no capacitados que genera la inmigración.
En general a quienes beneficia es a los empleadores, quienes pagan menores sueldos y los consumidores, quienes pagan menos por bienes y servicios: los consumidores de altos ingresos se benefi cian de reducidos costos de cuidado infantil, etiquetas de paisajismo y restaurantes, por ejemplo. El consumidor de bajos ingresos recibe comida más barata, cuidado de la salud y vivienda.
Sin embargo, los costos y benefi cios son complejos y difieren, dependiendo de muchas variables, tales como el flujo de inmigración, el estatus legal de los trabajadores, y la condición del mercado laboral y la economía en ese determinado momento, él califi ca. Si hay un fl ujo de trabajadores poco capacitados, esto puede mejorar las ganancias netas reales (debido a mayores ganancias y menores precios) de los consumidores nativos de altos ingresos, pero puede reducirlos para los trabajadores de menores ingresos de EE.UU.
A los trabajadores que son indocumentados generalmente se les paga menos que los autorizados, entonces “sería mejor si los convirtiéramos en inmigrantes legales”, explicó Holzer, agregando que muchas veces la discusión de costo/beneficio es enmarcada en el estatus legal de los trabajadores menos capacitados. Los inmigrantes aquí tienden a ser los chivos expiatorios, dijo, diciendo que una pregunta que debería hacerse es cómo ayudamos a los trabajadores poco calificados nativos a través de la educación, desarrollo de la fuerza de trabajo o intervenciones de mercado.
Cambios de políticas Como es casi imposible determinar un nivel óptimo para los inmigrantes menos capacitados, Holzer dijo que la política de EE.UU. debiera estar enfocada en maximizar los beneficios; minimizar los costos y ayudar a los inmigrantes que se quedan en el país a integrarse y obtener movilidad.
El informe indica algunas maneras de hacerlo: Primero, brinda caminos para el estatus legal y ciudadanía para los trabajadores menos capacitados que ya están aquí y una ruta legal para futuros trabajadores, al usar visas profesionales que hará posible para algunos trabajadores temporales convertirse en residentes permanentes.
Segundo, permite a los trabajadores menos capacitados que tienen visas de trabajo cambiar de empleadores de manera más fácil y obtener un camino hacia la ciudadanía. Tercero, fijar tarifas de visa de empleador a un nivel suficiente para contrarrestar algunos de los costos que impone la inmigración no califi cada. Y fi nalmente, para asegurar flexibilidad en los números admitidos para que los fl ujos puedan responder a la demanda del empleador y las condiciones macroeconómicas. Si esas estrategias fueran implementadas, dijo Holzer, se reduciría el riesgo de explotación del trabajador. Darrell West, un panelista de la Institución Brookings, agregó que una mejor distribución de recursos debiera ser una prioridad. Citó que la actual política de inmigración enfatiza fuertemente la seguridad de la frontera, pero cerca del 40 por ciento de los 11 a 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país no cruzaron la frontera de manera ilegal.
Se quedaron después de que su visa expirara. Asegurar la frontera al máximo no resolvería el tema de la inmigración ilegal, dijo, y esos recursos se gastarían mejor en otros programas que aumentarían los benefi cios que traen los trabajadores poco capacitados.
La Ex- Comisionada de INS Meissner mencionó que ese caso es el mismo para los estados que están tratando de lidiar con temas de inmigración. Justamente ahora, su acción es dura en el lado punitivo en vez de evaluar cómo los inmigrantes pueden servir los intereses del estado.
El input de los estados es muy importante, Holzer coincidió. La carga fiscal varía de niveles federales a locales y de estado a estado. Su informe sugiere que debiera dárseles fl exibilidad a los estados para implementar reformas. Eso brindaría la oportunidad de observar los resultados en diferentes mercados y aprender de ellos. Hispanic Link.
