por Jennifer Chappels
Fremont, Nebraska, población 25,000, se subió al camión anti-inmigrante el 21 de junio cuando los residentes aprobaron una ordenanza diseñada para evitar que personas indocumentadas arrienden una propiedad u obtengan empleo.
No se ha fijado una fecha para que esta ley entre en vigor.
“Fremont es un ejemplo de ‘Si Washington no lo hace, Nebraska lo hará’”, dijo Bob Dane, portavoz de la Federación para la Reforma Norteamericana de Inmigración, que apoya un mayor control.
Aproximadamente 2,000 residentes son latinos, un número que ha aumentado considerablemente enlas últimas dos décadas. La ciudad no ofreció un esti- mado respecto de cuántos son indocumentados.
Ann Morse, directora del Proyecto de Políticas de Inmigrantes en la Con- ferencia Nacional de Leg- isladores Estatales, dijo a Weekly Report, “Cuando hablo con los legisladores, dicen que es su manera de señalar que quieren que haya una reforma federal a la inmigración— que se preocupan profundamente por este tema, están tra- bajando dentro de los parámetros que tienen, algunas veces en el límite, tratando de obtener atención federal”.
Fremont también está señalando que no es nec- esario que un estado sea tangente con una frontera nacional para que quiera reforma de inmigración. La gente dentro de la ciudad está dividida al respecto. Una oponente, Kristin Ostrom, dijo “Desafortun- damente, las personas han otado por una ordenanza… so dice a la comunidad his-pana que la comunidad an- glosajona está diciendo que no son bienvenidos aquí”.
Laurel Marsh, direc- tora ejecutiva de American Civil Liberties Union en Nebraska,
dijo, “Si esta ley entra en vigor, causará discrimi- nación y perfiles raciales contra los latinos y otros que parecen nacidos en el extranjero, incluyendo ciu- dadanos norteamericanos”.
Marsh consideró la ordenanza como una ley anti-norteamericana, incon- stitucional y en violación a la ley federal. Ella dijo que ACLU Nebraska la retará en la corte antes de que entre en vigor. Otra ciudades, tales como Hazleton, Pa., y Farmers Branch, Texas, ya están involucradas en batalles legales que involu- cran ordenanzas anti-inmi- grantes. Carolina del Sur, Minnesota, Pennsylvania, Rhode Island y Michigan es- tán considerando legislación que replicará la postura de Arizona al respecto.
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