por Alex Galbraith
Un segundo asesinato en la frontera por parte de agentes de EE.UU. en dos semanas tienen a las autoridades buscando una explicación que darles a las autoridades mexicanas.
Sergio Adrián Hernández Güereca, de15 años, recibió un balazo en la cabeza el 6 de junio por parte de un agente de la Patrulla de Frontera no identificado.
Anastasio Hernández Rojas, de 32 años, murió el 31 de mayo después de haber sido golpeado y mo lestado por agentes de la Patrulla de Frontera el 25 de mayo en el checkpoint de la frontera de San Ysidro.
Según informes de la Patrulla de Frontera sobre el tiroteo del 6 de junio, a sus agentes en bicicleta les lanzaron piedras mientras aprehendían a inmigrantes que cruzaban la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, y respondieron en defensa propia.
Las piedras eran ob- jetos grandes y sólidos, capaces de causar un daño serio e incluso de matar”, dijo el presidente del Con- sejo de la Patrulla Nacional de Fronteras, TJ Bonner.
Hay un viejo adagio en la aplicación de la ley que es mejor ser probado por 12 que llevado por seis”.
Juan Hernández, el pa- dre de Sergio, dijo a El Paso Times que su hijo solamente estaba pasando el rato cerca del río. “No debió haberse acercado a esos cobardes”, dijo.
Los gobiernos mexica- no y norteamericano están tratando de determinar si es que Hernández estaba tiran- do piedras o si representaba una amenaza verdadera.
La policía del es- tado de Chihuahua dijo que Hernández murió en el lado mexicano de la frontera. Los investigadores encontraron una funda de una bala cali- bre .40 cerca del cuerpo, lo que hizo surgir preguntas respecto de a qué lado de la frontera estaban los agentes al momento del tiroteo. Este idente es el más reciente en una ola de violencia en- tre los agentes de EE.UU. y las personas que intentaban cruzar la frontera.
Según el Departamento de Relaciones Exteriores de México, el número de mexi- canos muertos o heridos por las autoridades de EE.UU. aumentó de cinco en 2008 a 12 en 2009 a 17 en la primera mitad de 2010.
El Presidente de México Felipe Calderón califi có esta acción como un uso desproporcionado de fuerza por parte de las autoridades de EE.UU., declarando que México “usará todos los recursos disponibles para proteger los derechos de los inmi- grantes mexicanos”.
El gobernador José Reyes Baeza de Chihua- hua culpó a la ley de in-migración de Arizona por la “conducta xenófoba y racista”.
