por Michael Marcell
Un grupo diverso de líderes de pequeñas empresas hispanos y otros se reunieron en el Capitol Hill Hilton de Washington, D.C., el 9 de junio para analizar los obstáculos con los que se enfrentan para ganar contratos gubernamentales lucrativos y sostenibles en campos que van desde la seguridad para la tecnología de la información hasta los servicios de limpieza de oficinas.
Treinta por ciento de los fondos de la ley American Recovery and Reinvestment Act (Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense) fue destinado a pequeñas empresas, según la Administración de Pequeñas Empresas. De esta cifra, sólo el 3,5 por ciento se destinó a pequeñas empresas propiedad hispana, sumando un total de $972 millones hasta el 4 de junio del presente.
Los propietarios hispanos de pequeñas empresas se enfrentan con un número importante de retos al querer participar de las adquisiciones, les dijo a los empresarios reunidos Stephen Denlinger, presidente de The Latin American Management Association y asesor a la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU. “Para una pequeña empresa hispana que entra al mercado federal, el sólo enterarse de dónde se compra su producto o servicio es un reto abrumador. ¿Qué tan grandes son? ¿Están preparados para ir detrás de un contrato primario? ¿Es que cuentan con un historial que les permitiría siquiera ser elegibles para presentar licitación?
En el 2002, la Oficina del Censo reportó que había más de 1,5 millones de empresas de propiedad hispana en funcionamiento en los Estados Unidos, y los hispanos constituyen el 6,6 por ciento de todos los propietarios de empresas estadounidenses.
Denlinger dijo que muchas pequeñas empresas empiezan por ganar subcontratos mediante los cuales constituyen la reputación de su empresa y el capital que necesitan para solicitar los contratos primarios. “Están conformando empresas a cuatro veces la norma nacional. Es simplemente increíble, lo que contribuyen los hispanos al sistema de libre empresa”.
Bernardo Cardenal, presidente de Rocamar Engineering Services en Delray Beach, Florida, concordó en que los trámites gubernamentales son un obstáculo constante.
“Normalmente las solicitudes de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) están tan fuera de mi alcance que tengo que reunirme en equipo con otras empresas, y en lo que intento conformar los equipos, y redactar todo en un periodo oportuno, uno se queda corto de tiempo normalmente”, dijo Cardenal, advirtiendo que cuando las empresas no completan correctamente sus propuestas o no las entregan a tiempo, quedan descalificadas.
Además del papeleo, una amenaza constante a los propietarios de pequeñas empresas que quieren operar con el gobierno es el gobierno mismo.
El presidente Obama emitió un memorándum hace 15 meses que dirigía a todo director de agencia federal a “clarificar cuándo es apropiado o no que el gobierno contrate por fuera”. Desde que salió, ha habido presión por encargar a las agencias federales las “funciones inherentemente gubernamentales”.
Abogado de adquisiciones, Robert Burton, representa a aquellas empresas cuyos contratos están en peligro por lo que él llama una reestructuración “impulsada por cuotas”. “El presidente ha establecido una meta de reducir el gasto por adquisiciones en un siete por ciento en los próximos dos años. Un porcentaje dramático”, lo llamó él.
Burton comentó que el gasto en adquisiciones ha subido naturalmente por las guerras en Irak y en Afganistán y por los recientes desastres naturales, todos “eventos sin precedentes que requieren gastos sin precedentes”. Para alcanzar la meta de la cuota del siete por ciento de Obama, las agencias principalmente van contra las pequeñas empresas.
“Desafortunadamente, las pequeñas empresas son blanco fácil, porque parte del trabajo que hacen la puede realizar el gobierno, pero no es una función inherentemente gubernamental”, dijo. “Estamos viendo funciones como servicios de limpieza, de mantenimiento, de alimentos y de tecnología de la información. Éstas no son funciones inherentemente gubernamentales”, dijo Burton.
Burton dijo que además de cancelar contratos, el gobierno recluta a los empleados de las pequeñas empresas, porque, en algunos casos, el gobierno no cuenta con la experiencia necesaria.
Burton dijo que piensa conformar una coalición de pequeñas empresas para presionar al Congreso a formular legislación que prevendría que el gobierno cancele contratos por conveniencia y para prevenir competir contra las pequeñas empresas por sus empleados.
Earl Hubbard, ejecutivo principal de Orion Technology, en Huntsville, Alabama, dijo que su empresa perdió $8,6 millones en ingresos este año porque el gobierno optó por contratar por dentro y no contratar sus servicios. “Estamos recomendando que seamos exentos como pequeñas empresas con ventas agregadas de $35 millones o menos con menos de 1,000 empleados, para poder prosperar”, dijo Hubbard.
El Senador Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) habló con algunos de los participantes de pequeñas empresas que asistieron al almuerzo de mesa redonda minoritaria durante una recepción aparte en el edificio Russell de Oficinas del Senado. Menéndez sirve en los comités de la banca y de finanzas del Senado, y es presidente del Taller de Trabajo Demócrata Hispano del Senado.
Cuando Hispanic Link le preguntó sobre el tema de la realización de funciones dentro del gobierno y cómo afecta a las pequeñas empresas, dijo que parecía “ir en contra de la meta del presidente de crear oportunidades dentro del sistema de contrataciones federales para la diversidad”.
“Ya tenemos un universo mucho más limitado de lo que deberíamos, y si eso lo están haciendo, entonces sólo va a erosionar lo que existe, por lo que para mí no tiene mucho sentido”, dijo Menéndez. Hispanic Link News Service.
(Michael Marcell es reportero con Hispanic Link News Service en Washington, D.C. Comuníquese con él a: Michael.Marcell306@wku.edu). ©2010
