por Suzanne Potter
Un nuevo estudio reveló que, en 2022, más de 240,000 hospitalizaciones en California podrían haberse evitado con una atención ambulatoria adecuada. La mayoría de los casos se relacionaban con enfermedades crónicas mal controladas, como diabetes, enfermedades cardíacas o EPOC. Estas hospitalizaciones prevenibles sobrecargan un sistema de salud ya de por sí sobrecargado.
Rhonda Smith, directora ejecutiva de la Red de Salud Afroamericana de California, copatrocinadora del informe, afirmó que a menudo no se escucha a los pacientes. «Escuchamos innumerables historias de pacientes que terminan hospitalizados o reciben diagnósticos erróneos simplemente porque nadie les prestó atención», señaló Smith. Su organización ayuda a los pacientes a aprender a defenderse y a desenvolverse en un sistema complejo.
El informe mostró tasas más altas de hospitalizaciones prevenibles entre los beneficiarios de Medi-Cal, los residentes afroamericanos y nativos americanos, y los estudiantes de inglés. Ajustar las tarifas de Medi-Cal a las de los pacientes con seguro privado podría ahorrarle al estado $400 millones anuales en atención médica innecesaria. Kiran Savage-Sangwan, directora de la Red Panétnica de Salud de California, enfatizó el impacto general. «Cada hospitalización prevenible le cuesta al sistema —y a todos nosotros— porque esos gastos aumentan nuestras primas», afirmó.
Los autores instaron a los legisladores estatales y federales a no recortar Medicaid ni eliminar la cobertura para los californianos indocumentados. También recomendaron contratar proveedores de atención primaria con mayor sensibilidad cultural y lingüística, que puedan comprender y satisfacer mejor las necesidades de los pacientes. Ampliar el acceso a chequeos regulares y clínicas comunitarias también se mencionó como una solución.
Grupos de consumidores presionan para reducir los costos de la electricidad
La Campaña por Energía Asequible insta a los legisladores californianos a aprobar reformas dirigidas a las empresas de servicios públicos propiedad de inversionistas, como Edison, PG&E y SDG&E. Solo Edison ganó $1.6 mil millones el año pasado y aumentó las tarifas un 85% durante la última década, superando ampliamente la inflación y el crecimiento salarial para la mayoría de los californianos.
A pesar de esto, la compañía busca otro aumento de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), alegando los costos derivados de los recientes incendios forestales y las mejoras de infraestructura.
Lee Trotman, de la Red de Reforma de Servicios Públicos de Oakland, se opone a nuevos aumentos. «La manera de detener a estos servicios públicos es mediante la participación pública, alzando la voz durante las reuniones de la CPUC», declaró. «La gente no se da cuenta de que tiene voz en esto».
El Comité de Asignaciones del Senado de California está revisando hoy un proyecto de ley que promueve la financiación pública para la infraestructura eléctrica. Los defensores argumentan que es una opción más asequible que la financiación basada en bonos, que conlleva altos intereses y largos plazos de amortización.
Otro proyecto de ley, que se dirige al Comité de Asignaciones de la Asamblea, limitaría la forma en que las empresas de servicios públicos pueden utilizar el dinero de los contribuyentes, prohibiendo el gasto en cabildeo y publicidad no relacionada con la energía.
Otras propuestas exigirían a las empresas de servicios públicos que transfieran los ahorros a los consumidores y prohibirían los cortes de electricidad durante los días de humo de incendios forestales y accidentes industriales; medidas de protección que, según los defensores, deberían haberse implementado hace tiempo.
