Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Trump amenazó con retener fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario. California es una de ellas
por Ana B. Ibarra
CalMatters
De regreso en la Oficina Oval, el presidente Donald Trump está tratando una vez más de romper una política que los demócratas de California adoptaron durante su primer mandato para proteger a ciertos inmigrantes indocumentados de ser deportados.
Una de sus primeras órdenes ejecutivas apunta a la llamada ley de santuario del estado, que generalmente limita la forma en que la policía local interactúa con los oficiales federales de inmigración. La orden de Trump, titulada «Protección del pueblo estadounidense contra la invasión», negaría fondos federales a las jurisdicciones santuario en todo el país.
Aún no está claro qué tipo de fondos federales retendría la administración Trump. Pero, para un estado de 39 millones de personas que depende en gran medida de los fondos federales para sus programas públicos y actualmente para su recuperación de los incendios forestales, retener dinero podría ser un golpe devastador.
Vale la pena señalar que Trump intentó algo similar durante su primer mandato. California presentó una demanda y los tribunales se pusieron del lado del estado.
Antes de que Trump asumiera el cargo, una organización sin fines de lucro dirigida por su asesor de políticas Stephen Miller envió cartas a cientos de funcionarios electos locales en todo el país advirtiéndoles que enfrentaban «consecuencias legales» si sus políticas de santuario interferían con la aplicación de las leyes de inmigración.
Entonces, ¿qué hace exactamente la ley de santuario del estado y qué significa para los planes de deportación masiva de Trump?
A continuación, se presentan cinco cosas que debe saber sobre la Ley de Valores de California.
Se trata de lo que pueden hacer los policías de California
En octubre de 2017, el gobernador Jerry Brown firmó la Ley Senatorial 54, la Ley de Valores de California, comúnmente conocida como la ley de santuario del estado. Esa ley prohíbe a la policía estatal y local investigar, interrogar o arrestar a personas con fines de aplicación de las leyes de inmigración, y limita, pero no prohíbe por completo, la cooperación policial con los funcionarios federales de inmigración.
Kevin De Leon, el ex líder del Senado estatal que redactó la ley, le dijo a NPR en 2017 que el objetivo de la ley era dejar en claro que los federales no pueden reclutar a la policía local “como un engranaje en la máquina de deportación de Trump”.
El movimiento “santuario” se remonta a la década de 1980, cuando los refugiados centroamericanos huyeron de la guerra civil y emigraron a los EE.UU. Cuando se les negó el asilo, buscaron protección contra la deportación en iglesias y otros lugares de culto.
Hoy, la ley santuario en realidad no se refiere a un lugar o territorio donde los inmigrantes pueden buscar protección. Vivir solo en California no protege a alguien de la deportación.
En cambio, la ley aclara lo que las fuerzas del orden estatales y locales en California pueden y no pueden hacer con respecto a la inmigración. Por ejemplo, la ley dice que la policía local no puede detener o mantener a alguien bajo custodia más de 48 horas después de su fecha de liberación solo para que los funcionarios de inmigración lo recojan.
La ley no restringe lo que el gobierno federal puede hacer en el estado. Para ser claros, eso significa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos todavía puede arrestar y deportar a personas indocumentadas que viven en California y otras jurisdicciones santuario.
“El gobierno federal tiene un carril en el que tiene derecho a moverse, puede hacer cumplir la ley de inmigración”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, la semana pasada durante una conferencia de prensa en San Diego. Pero “no pueden reclutar ni obligar a la ciudad, el condado o las entidades policiales estatales a hacer su trabajo por ellos”.
¿Quién no está protegido por la ley santuario?
El presidente Trump y sus aliados han argumentado repetidamente que las leyes santuario protegen a criminales peligrosos. En ocasiones han señalado delitos específicos cometidos por inmigrantes indocumentados para argumentar que la ley santuario pone en riesgo al público en general. En 2019, por ejemplo, Trump señaló el asesinato de un oficial de policía en el condado de Stanislaus para criticar la ley santuario y exigir más fondos para la protección fronteriza.
Pero esa no es toda la historia. La ley dice que la policía puede informar a las autoridades de inmigración sobre la próxima liberación de un recluso si esa persona ha sido condenada por un delito grave o grave, como: asesinato, violación, secuestro, robo e incendio provocado, entre muchos otros.
Y como han señalado algunos alguaciles, no hay nada que impida a los funcionarios de inmigración utilizar los sitios web de las cárceles y las bases de datos de huellas dactilares para identificar a las personas de interés.
Depende del ICE recoger a las personas cuando son liberadas. Entre 2018 y 2023, las cárceles de California transfirieron a más de 4.000 personas a las autoridades de inmigración. Al mismo tiempo, el ICE no siempre se presenta cuando alguien es liberado de la cárcel o prisión. Por ejemplo, el ICE recogió alrededor del 80 por ciento de los inmigrantes indocumentados liberados de las cárceles estatales entre 2017 y 2020, según un análisis legislativo del Senado de 2022.
“Es absurdo hablar de la SB 54 como una medida que impide que los no ciudadanos con graves condenas penales sean entregados al Departamento de Seguridad Nacional, porque no lo hace”, dijo Niels Frenzen, profesor de la Facultad de Derecho Gould de la USC y codirector de la clínica de inmigración de la facultad. “Pero esos hechos simplemente no forman parte del debate político”.
Los inmigrantes que están protegidos por la ley de estado santuario suelen ser los que son arrestados por delitos menos graves, como infracciones de tránsito y conducir sin licencia o seguro, dijo Frenzen.
Los tribunales confirmaron la ley de estado santuario de California
Después de que California promulgara su Ley de Valores, el Departamento de Justicia de Trump llevó al estado a los tribunales, argumentando que la ley estatal “interfiere con la capacidad de las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo sus responsabilidades bajo la ley federal”.
Sin embargo, algunos abogados de inmigración han señalado que la ley estatal parecía tener poco impacto en la capacidad del ICE para hacer su trabajo. Por ejemplo, el Departamento de Justicia, en su demanda de 2018, afirmó que en 2017 el ICE detuvo a 20.201 personas que se encontraban en California de manera ilegal, lo que representó aproximadamente el 14 por ciento de todos los arrestos del ICE realizados ese año.
El ICE estaba en camino de superar esa cifra el año siguiente. En los primeros dos meses de 2018, después de que entró en vigor la ley santuario, arrestó a 8.588 personas en California, o aproximadamente el 14 por ciento de todos los arrestos a nivel nacional, según una presentación en la demanda del Departamento de Justicia de Trump.
En 2019, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU. dictaminó que la Ley de Valores de California no impedía la aplicación de la ley federal de inmigración. Cuando la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que revisara el caso, se negó a hacerlo, dejando la ley como está.
En una lucha separada, California demandó a la administración Trump por su política de retener subvenciones federales para la aplicación de la ley a jurisdicciones con políticas de santuario. Un juez federal se puso del lado de California. Los estudios no muestran ningún efecto sobre el crimen
Los críticos de la ley han afirmado durante mucho tiempo que la ley del estado santuario perjudica la seguridad pública. La Institución Hoover, un grupo de expertos conservador de Stanford, por ejemplo, ha vinculado la ley con la epidemia de fentanilo, señalando que un aumento en las muertes relacionadas con el fentanilo comenzó a ocurrir alrededor de 2018, poco después de que la política de santuario entrara en vigor. Ya sea causalidad o coincidencia, no hay mucha investigación oficial que lo demuestre.
Para probar tal afirmación, uno tendría que aislar el impacto específico de la ley del estado santuario sobre el crimen, dicen los investigadores.
Un análisis de 2020 de la ley de California realizado por investigadores de la Universidad de California, Irvine examinó las tasas de delitos violentos y contra la propiedad del estado en 2018 y las comparó con las tasas de delincuencia estimadas si el gobernador Brown no hubiera firmado la política de santuario. El estudio encontró que la ley no tuvo un impacto significativo ni en los delitos violentos ni en los delitos contra la propiedad. Charis Kubrin, autora del estudio, dijo que la conclusión de su investigación fue que cambiar el estatus de santuario del estado no es probable que resulte en reducciones importantes en el crimen. “Deshacerse de la SB 54, por ejemplo, no hará que el crimen baje porque no causó que el crimen aumentara en primer lugar”, dijo Kubrin.
Un estudio separado realizado por investigadores de Stanford y Princeton analizó las políticas de santuario en todo el país y descubrió que estas medidas reducen el número total de deportaciones en un tercio, pero no redujeron el número de deportaciones de personas con condenas penales violentas.
Ese estudio también encontró que estas políticas no tienen un gran efecto directo sobre el crimen.
Se esperan conflictos en «áreas sensibles»
Durante la administración Biden, el gobierno federal tenía en vigor una orden de «áreas sensibles», que disuadía a los agentes de inmigración de realizar arrestos en lugares como escuelas, hospitales, iglesias y juzgados. La semana pasada, la administración Trump anuló esa orden.
“Cuando el ICE emprende acciones de control de inmigración civil en los juzgados o cerca de ellos, puede reducir los riesgos de seguridad para el público”, se lee en un memorando del 21 de enero al personal del director interino del ICE, Caleb Vitello.
La ley de los estados santuario pide a los funcionarios de los mismos lugares que adopten políticas para limitar la participación pública en la aplicación de las leyes de inmigración, como solicitar una orden judicial a los agentes del ICE antes de intentar arrestar a alguien. Eso podría crear un conflicto para los funcionarios locales si la ofensiva contra la inmigración en la nueva administración llega a su lugar, dijo Alvaro Huerta, director de litigios y defensa en Immigrant Defenders Law Center.
Dada la reciente revocación de la norma por parte de Trump, dijo Huerta, “el gobierno federal puede intentar aplicar algunas leyes (de inmigración) en esos espacios, pero el gobierno estatal está pidiendo a esos espacios que exijan órdenes judiciales”.
