por el equipo de El Reportero
El gobierno municipal de Tijuana ha declarado estado de emergencia en previsión de un posible aumento de deportaciones, tras el esperado regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la próxima semana.
El lunes por la noche, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruíz, anunció en las redes sociales que el ayuntamiento celebró una reunión urgente para prepararse ante la posibilidad de una afluencia significativa de migrantes deportados. “Aprobamos por unanimidad una declaración de emergencia para garantizar el trato digno a los deportados, defender sus derechos humanos y asignar los recursos necesarios”, escribió Burgueño.
Con Trump a punto de comenzar su segundo mandato como presidente el 22 de enero, ha prometido implementar lo que llama la “operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”. Sin embargo, los detalles sobre el alcance y el momento de las deportaciones siguen sin estar claros. Antes de la reunión, Burgueño presentó una propuesta que permitiría a Tijuana acceder a fondos de emergencia de los presupuestos locales para manejar la «situación atípica» que podría surgir si llega un gran número de deportados. La cantidad exacta de fondos no se ha especificado, pero los informes sugieren que el dinero podría cubrir varias necesidades, incluyendo personal, alquiler de instalaciones, servicios públicos, Internet y asistencia legal. Además, la declaración de emergencia permitirá a Tijuana buscar asistencia federal para la ola prevista de deportados.
Dado que muchos deportados pueden necesitar refugio temporal y alimentos mientras se preparan para reasentarse en México, la red existente de refugios para migrantes de la ciudad, que ya está bajo presión, puede no ser suficiente para manejar un aumento significativo de llegadas. Tijuana ha estado abriendo nuevos refugios en los últimos meses, pero estos aún pueden resultar inadecuados ante un esfuerzo de deportación a gran escala.
Para abordar esto, Burgueño propuso alquilar un espacio industrial en el sur de Tijuana capaz de albergar hasta 5.000 personas. Tras la reunión del ayuntamiento, la alcaldesa enfatizó que el gobierno local de Tijuana está trabajando en estrecha colaboración con el gobierno del estado de Baja California y las autoridades federales para coordinar su respuesta.
El gobierno federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha declarado que los planes para recibir a los deportados están «listos», aunque aún no se han publicado más detalles. Sheinbaum también había indicado a principios de enero que se harían esfuerzos para alentar a Estados Unidos a deportar a los migrantes que no sean de México directamente a sus países de origen. Sin embargo, reconoció que México podría necesitar colaborar en las deportaciones si fuera necesario.
Según Alicia Bárcena, exsecretaria de Asuntos Exteriores de México, hay aproximadamente 5,3 millones de mexicanos indocumentados viviendo en Estados Unidos, y otras estimaciones sitúan la cifra entre 4 y 5 millones. Solo en el Condado de San Diego, se informa que residen alrededor de 120.000 mexicanos indocumentados, según el Consulado de México.
Aunque la amenaza de la deportación acecha a muchos, las contribuciones de los mexicanos indocumentados a la economía estadounidense han sido ampliamente reconocidas por los funcionarios mexicanos, lo que complica aún más la cuestión. A medida que la administración Biden hace la transición al segundo mandato de Trump, no está claro cómo se desarrollará el proceso de deportación y qué significará para las decenas de miles de migrantes y familias que ya están atrapados en la red de la política migratoria estadounidense.
– Con contribuciones de El Universal, The San Diego Union-Tribune y AFP.
