Los partidarios de la Prop. 36 dicen que ayudará al estado a abordar la falta de vivienda, la adicción a las drogas y el robo en tiendas. Sus críticos lo llaman un regreso a las políticas fallidas de la guerra contra las drogas
por Nigel Duara
CalMatters
Los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 36 el martes, culminando diez meses caóticos de negociaciones y disputas en el Capitolio estatal, donde los líderes demócratas intentaron sin éxito preservar una década de reformas en la justicia penal. En cambio, parece que ganó la campaña para aumentar las penas por robo y condenas repetidas por posesión de drogas.
La Prop. 36, a la que se opone el gobernador Gavin Newsom, reclasifica algunos delitos menores de robo y drogas como delitos graves. La medida también crea una nueva categoría de delito: un “delito grave con mandato de tratamiento”. Las personas que no contesten cargos criminales tras múltiples condenas por posesión de drogas podrían completar un tratamiento de drogas en lugar de ir a prisión, pero si no completan el tratamiento, aún enfrentan hasta tres años de prisión.
El crimen contra la propiedad aumentó en California después de la pandemia, mientras que el estado, los condados y los gobiernos locales han tenido dificultades para contener y controlar los campamentos de personas sin hogar en las calles.
La Prop. 36 fue promovida por sus partidarios como una solución a esos problemas. Liderados por la industria minorista, prometieron que la medida se dirigiría a los traficantes de drogas y a las personas que cometen múltiples robos en tiendas. Recaudaron alrededor de $17 millones para la medida, que además de grandes donaciones de importantes minoristas también incluyó contribuciones de la Asociación de Fiscales de Distrito de California y la Asociación de Oficiales de Paz de Correccionales de California.
Los opositores recaudaron alrededor de $7.7 millones, que incluyeron contribuciones de la ACLU, sindicatos de maestros y la organización laboral Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
La Prop. 36 revierte algunos de los cambios que los votantes de California hicieron al sistema de justicia penal hace una década con la Proposición 47, que redujo las penas para algunos delitos mientras buscaba reducir la entonces sobrepoblación en las prisiones estatales.
Las encuestas previas a la elección mostraban consistentemente que una gran mayoría de votantes probables apoyaban la Prop. 36. Varios alcaldes y fiscales de distrito de grandes ciudades demócratas también le dieron su apoyo, a pesar de la oposición de Newsom.
“Esta noche, los votantes de California han hablado con una voz clara sobre las tres epidemias de robo en tiendas, falta de vivienda y muertes por sobredosis de drogas que aquejan a nuestro estado”, dijo el alcalde de San José, Matt Mahan, en un comunicado escrito. “Al apoyar la Proposición 36, dijeron sí al tratamiento. Dijeron sí a la responsabilidad. Y dijeron sí a poner el sentido común por encima del partidismo, para que podamos detener el sufrimiento en nuestras comunidades.”
¿Qué llevó a la Prop. 36?
Desde que los votantes de California aprobaron la Prop. 47 en 2014, fiscales, policías y grandes minoristas han culpado a la ley de un aumento en los delitos contra la propiedad y la falta de vivienda. La Prop. 36 es su intento de deshacer algunos elementos de la iniciativa anterior.
Durante la pandemia, la tasa de robo en tiendas y robos comerciales se disparó, especialmente en los condados de Los Ángeles, Alameda, San Mateo y Sacramento. A nivel estatal, el Instituto de Políticas Públicas de California encontró que los robos reportados de mercancía valorada hasta $950 aumentaron un 28% en los últimos cinco años, el nivel más alto observado desde el año 2000.
Combinando el robo en tiendas con los robos comerciales, los investigadores del instituto encontraron que los robos totales reportados fueron un 18% más altos que en 2019.
Otra faceta del robo en tiendas durante la pandemia fueron los videos virales de multitudes de personas que irrumpían en tiendas y tomaban lo que podían antes de huir. La Prop. 36 permite que las sentencias por delitos graves de robo se extiendan hasta tres años si tres o más personas cometen el delito juntas.
¿Cuál será el costo de la medida contra el crimen en California?
La Oficina del Analista Legislativo prevé que la medida costará decenas de millones a cientos de millones de dólares anualmente. Esos costos provendrán principalmente de encarcelar a unos pocos miles de personas más y mantenerlas por períodos más largos. El resto de los costos para el estado se acumularán en el sistema judicial, donde los delitos graves tardan más en procesarse que los delitos menores, y donde los sistemas judiciales del condado tendrán que crear nuevos procesos para manejar la nueva categoría de delito de la medida, un delito grave con mandato de tratamiento.
Algunos de esos costos también serán asumidos por los sistemas judiciales del condado, que según la Oficina del Analista Legislativo podrían alcanzar decenas de millones cada año.
¿Quién apoyó la Prop. 36?
Los partidarios promovieron la Prop. 36 como una forma de combatir la falta de vivienda, que ha aumentado más del 50% desde que se aprobó la Prop. 47. La razón, dicen los partidarios, es que la dependencia de drogas empuja a las personas a la calle, y aumentar las penas por posesión de drogas es la única forma de obligarlas a recibir tratamiento.
Los partidarios también dicen que la Prop. 36 es un buen punto medio entre los días de mano dura contra el crimen en California, que llevaron la capacidad de las prisiones al límite, y la última década bajo la Prop. 47, que, según ellos, creó «vacíos legales en la ley estatal que los delincuentes explotan para evitar la responsabilidad por el tráfico de fentanilo y el robo repetido en tiendas.”
¿Quién se opuso a la Prop. 36?
Los opositores, incluidos el gobernador y el liderazgo demócrata, dicen que no hay estudios sobre justicia penal o falta de vivienda que respalden la idea de que un castigo más severo —o la amenaza de un castigo más severo— prevenga el crimen o saque a las personas de la calle.
Entre los opositores a la medida se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California, la Alianza para la Seguridad y la Justicia y el Partido Demócrata de California.
Los opositores a la medida argumentaron que la Prop. 36 marca un regreso a la guerra contra las drogas, que dijeron que los votantes de California rechazaron hace una década con la Prop. 47.
Newsom no destinó dinero para oponerse a la medida, pero ha señalado su potencial para aumentar el gasto en el sistema de justicia.
“Es la corriente predominante, y lo entiendo. Solo espero que la gente se tome el tiempo para entender lo que está apoyando”, dijo Newsom en declaraciones a los periodistas la semana pasada. “Es solo una reforma de la política de drogas. No está financiada y, desafortunadamente, puede afectar algunos servicios de tratamiento de drogas y salud mental existentes.”
