by James Crawford
El nuevo plan del presidente Obama para la reforma escolar ofrece muchas promesas familiares: darle a “cada niño en los Estados Unidos una educación de primera clase” … colocar “un excelente maestro en cada aula” … “cerrar las brechas de logro académico” … graduar “a estudiantes preparados para la universidad y las carreras”.. “fomentar una carrera a la cima”.
Lo hemos oído todo ya. ¿Recuerdan “Que Ningún Niño Quede Atrás”?
Ese experimento desorientado no ha logrado alcanzar ninguno de sus altísimos objetivos. Lo que es peor, ha creado una tiranía de evaluaciones en nuestras escuelas públicas que requiere que las decisiones claves se tomen exclusivamente fundamentándose en los resultados de los estudiantes. Entre otros efectos perversos, le ha restado preparación académica del programa de estudios, eliminando materias como la música y el arte, ha desmoralizado a educadores, ha frustrado a los padres, y ha timado a los estudiantes – en particular a los que más necesitan de nuestra ayuda.
Al reconocer lo poco popular que es esta ley, el candidato Obama denunció la locura “impulsada por los datos” de “Que Ningún Niño Quede Atrás” por toda su campaña. Con frecuencia usó la frase que le ganaba aplausos:
“Los maestros no tendrían que estar obligados a pasar el año académico preparando a los estudiantes para llenar las burbujas de evaluaciones normativas”.
Entonces, ¿qué es lo que propone ahora el presidente en su plan para la educación primaria y secundaria?
Más de lo de llenar las burbujitas.
Por el lado más positivo, algunas de las órdenes más severas de Que Ningún Niño Quede Atrás se han suavizado, entre otras mejoras como la restauración de las subvenciones federales para programas de educación bilingüe. Pero lo que da Obama con una mano, quita con la otra.
Su secretario del Departamento de Educación, Arne Duncan, se ha quejado vehementemente sobre la mala calidad de las evaluaciones normalizadas. No obstante, la administración de Obama sigue pensando depender de estas evaluaciones para castigar, desmantelar y privatizar miles de escuelas públicas cada año, cuyos resultados caigan dentro del 5% más bajo. Igualmente preocupante es el plan de extender el uso de datos de evaluaciones poco fiables para evaluar, pagar, hasta para despedir a maestros.
Ninguna de estas ideas radicales tiene validación de investigaciones. Por lo contrario, existe considerable evidencia que las evaluaciones severas pueden perjudicar considerablemente a las escuelas y a los niños.
Para visualizar el impacto probable del plan, dejemos de lado la retórica florida que contiene y consideremos las acciones recientes de la administración. El mes pasado, en una muestra pública de apoyo, Obama y Duncan apoyaron la despedida de todo el personal de una escuela secundaria “fracasada” en Central Falls, Rhode Island. Los estudiantes – un 70% latino, con un gran porcentaje de estudiantes que aprenden el inglés, salieron para apoyar a sus maestros y administradores. Pero el superintendente y los políticos locales se negaron a escuchar, desecharon el contrato sindical, y realizaron las despedidas en masa, independientemente del éxito o no de los docentes individuales.
Para añadir a la injusticia, la decisión se basó en gran parte en los resultados de los estudiantes sin habilidades en inglés, el idioma de la prueba, a pesar del hecho que nadie siquiera finge que dichos resultados tengan validez. El plan de Obama incluye ideas para mejorar las evaluaciones para los que aprenden inglés – un objetivo con valor. No obstante, mientras tanto, continuaría usando datos de prueba inválidos para tomar decisiones importantes.
El drama desagradable de Central Falls es sólo un vistazo previo de lo que les espera a un gran número de escuelas urbanas si la administración de Obama logra su objetivo. No hay duda alguna que muchas de estas escuelas necesitan ayuda. Pero estrategias de reforma, como transformarlas en escuelas charter, con nuevo personal y otros estudiantes, han probado ser perjudiciales y dañinas en muchas ciudades – notablemente en Chicago, donde Arne Duncan administraba escuelas antes de venir a Washington. Y no se cuestiona que muchos estudiantes, en particular los de color, han quedado atrás con estas acciones, proclamadas – irónicamente – en nombre de los derechos civiles.
Tales políticas draconianas suscitan preguntas preocupantes. Quizás la más preocupante sea: ¿Quién querrá enseñarles a los que aprenden inglés y a otros estudiantes que enfrentan dificultades académicas si a los educadores les van a echar la culpa y castigar, con base en datos fallidos, por no realizar milagros de la noche a la mañana?
Como dijo Leo Casey, dirigente sindical en Nueva York, recientemente:
“Si el precio de trabajar con los estudiantes más necesitados de Estados Unidos es un juego de roulette ruso con la carrera profesional, muchos docentes decidirán razonablemente que el precio es demasiado caro. Y los perdedores serán las escuelas y los estudiantes que más necesitan maestros logrados”.
[James Crawford es presidente del Institute for Language and Education Policy (www.elladvocates.org), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación para la defensa de los que aprenden inglés].
