La Proposición 3 en California ha despertado un intenso debate. Su enfoque principal es la cuestión del matrimonio igualitario, pero más allá de las banderas del progreso social, plantea inquietudes más profundas sobre los valores fundamentales y el significado del matrimonio en nuestra sociedad. Aunque muchos ven esta propuesta como un paso necesario para garantizar la igualdad y proteger los derechos de las parejas del mismo sexo, otros temen que modificar la Constitución para este fin podría tener implicaciones más amplias y disruptivas para la institución del matrimonio.
El matrimonio igualitario ha sido una realidad legal en los Estados Unidos desde el fallo histórico de la Corte Suprema en Obergefell v. Hodges en 2015. Sin embargo, en California, la Constitución estatal todavía mantiene el lenguaje que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, una huella de la Proposición 8 que fue aprobada en 2008 y posteriormente anulada en los tribunales. Los partidarios de la Proposición 3 argumentan que esta medida es necesaria para alinear la Constitución con la realidad legal actual y proteger de forma proactiva los derechos de las parejas del mismo sexo en un momento en que los derechos fundamentales están siendo cuestionados en otros estados.
Desde esta perspectiva, la Proposición 3 parece una cuestión de justicia social. Los defensores señalan que la actual redacción en la Constitución de California es un vestigio de una época anterior, un símbolo de discriminación que ya no refleja los valores inclusivos que muchos californianos apoyan. Además, advierten que la protección constitucional de estos derechos no debe tomarse a la ligera, dado el creciente número de ataques a los derechos LGBTQ+ en diversas partes del país. Según sus defensores, California debe actuar como un baluarte de la igualdad y la libertad, y para hacerlo, la Constitución debe reflejar estos principios.
Sin embargo, aquellos que se oponen a la Proposición 3 también presentan argumentos que no deben ser descartados. Sostienen que, si bien el matrimonio igualitario ya es legal, alterar la Constitución para reflejarlo no solo es innecesario, sino potencialmente peligroso. Afirman que la propuesta va mucho más allá de simplemente proteger los derechos de las parejas del mismo sexo y que al abrir la definición constitucional del matrimonio, se corre el riesgo de eliminar todas las protecciones existentes sobre esta institución.
Uno de los puntos clave de los opositores es que, al redefinir el matrimonio como un «derecho fundamental» sin restricciones, se podrían erosionar importantes límites en cuanto a quién puede casarse. Temen que la ambigüedad en la redacción de la Proposición 3 podría permitir matrimonios entre niños, familiares cercanos o incluso abrir la puerta a la poligamia. Estos opositores argumentan que, si bien es importante garantizar la igualdad, también lo es preservar los parámetros legales que protegen a los individuos vulnerables, como los niños, de situaciones de explotación o abuso.
Además, existe una profunda preocupación sobre el impacto que esta medida podría tener en la estructura familiar tradicional. Durante años, numerosos estudios han mostrado que los niños se benefician de crecer en hogares con una madre y un padre, y los opositores a la Proposición 3 argumentan que al redefinir el matrimonio, la medida sugiere que esta estructura familiar es irrelevante. Según ellos, esto va en contra de la evidencia que respalda que los niños prosperan mejor en un entorno con ambos padres biológicos presentes y comprometidos.
Este argumento toca un nervio sensible en muchos sectores de la sociedad, especialmente entre aquellos que se identifican con valores más conservadores o tradicionales. Para estos californianos, el matrimonio no es solo una institución legal, sino un pilar cultural y moral. Cambiar la Constitución para redefinir el matrimonio sin tener en cuenta estos valores se percibe como una erosión de sus creencias y una imposición de una agenda que no representa a todos.
Es crucial reconocer que la Constitución de California es un documento diseñado para proteger los derechos de todos los ciudadanos, no solo de un grupo u otro. Alterarla es un asunto serio y no debe tomarse a la ligera. La Proposición 3, en su afán por corregir lo que algunos ven como una injusticia, corre el riesgo de dividir aún más a la población al forzar una nueva definición de matrimonio que no todos comparten. En lugar de unificar a la sociedad en torno a los principios de igualdad y justicia, podría intensificar las tensiones culturales y políticas.
Por lo tanto, el enfoque más prudente sería votar No a la Proposición 3. La ley ya protege los derechos de las parejas del mismo sexo a casarse, gracias al fallo de la Corte Suprema, y no hay necesidad inmediata de cambiar la Constitución para reflejar algo que ya es legalmente vinculante. Modificar la Constitución debería ser un paso reservado para cuestiones en las que exista un amplio consenso y una clara necesidad de hacerlo, no para temas que aún dividen profundamente a la sociedad.
En lugar de modificar la Constitución, deberíamos concentrarnos en fomentar un diálogo respetuoso entre las diferentes facciones de nuestra sociedad. Reconocer las preocupaciones válidas de quienes valoran el matrimonio tradicional, al mismo tiempo que defendemos los derechos de todos los ciudadanos, es el camino hacia un futuro más inclusivo y menos polarizado.
Votar No a la Proposición 3 no significa oponerse al matrimonio igualitario, sino proteger la Constitución de cambios innecesarios y potencialmente peligrosos que podrían tener consecuencias imprevistas para el futuro de nuestras instituciones.
