La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza, entre otras libertades, la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión.
Este pilar fundamental del sistema democrático estadounidense protege tanto a quienes desean expresar sus opiniones como a quienes profesan una fe o practican su religión abiertamente. Sin embargo, en tiempos recientes, ha habido crecientes críticas sobre cómo algunos sectores de la izquierda están erosionando estas libertades, particularmente hacia las personas de fe.
Además, se ha señalado que el uso de verificaciones de hechos o «fact checks» se está empleando para silenciar o deslegitimar voces que difieren de ciertas narrativas dominantes. A continuación, exploraremos cómo esto está ocurriendo y qué implicaciones tiene para la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Restricción del discurso en nombre de la corrección política
Uno de los principales argumentos de quienes sostienen que la izquierda está atacando la Primera Enmienda es el uso del concepto de corrección política para silenciar o reprimir discursos que no se alinean con sus valores. Si bien es cierto que el respeto hacia los diferentes grupos y la lucha contra el odio y la intolerancia son causas nobles, este esfuerzo a menudo ha derivado en una censura de opiniones que no se consideran adecuadas según ciertos estándares. En muchos casos, quienes sostienen creencias religiosas tradicionales en temas como el matrimonio, la sexualidad o la vida son señalados como «intolerantes» o «discriminadores».
Por ejemplo, muchos grupos religiosos han sido objeto de críticas y censura en plataformas de redes sociales por defender doctrinas que han sido parte de su fe durante siglos. En lugar de fomentar un debate abierto, algunas plataformas han optado por eliminar publicaciones o suspender cuentas, alegando que estos discursos violan sus políticas de «odio», sin considerar que se trata de expresiones protegidas por la libertad religiosa.
El uso del “fact-checking” como herramienta de censura
Otra tendencia preocupante es el uso del «fact-checking» o verificación de hechos, una herramienta inicialmente diseñada para combatir la desinformación, pero que en algunos casos ha sido mal utilizada para deslegitimar opiniones que simplemente no coinciden con la corriente dominante. Muchas veces, estas verificaciones no se limitan a corregir errores objetivos, sino que se enfocan en desacreditar argumentos o puntos de vista que, aunque controvertidos, tienen una base en creencias religiosas o convicciones filosóficas.
Un claro ejemplo de esto son las discusiones en torno a temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando personas de fe argumentan en contra de estas prácticas basándose en sus creencias, a menudo son etiquetadas como «difusores de desinformación» o sus opiniones son presentadas como «falsas» en verificaciones de hechos, a pesar de que están expresando un punto de vista moral o filosófico, no necesariamente un dato falso o incorrecto. Esta estrategia convierte el «fact-checking» en una herramienta para deslegitimar ciertas opiniones, en lugar de una forma imparcial de verificar hechos objetivos.
Libertad religiosa bajo amenaza
El ataque a la libertad de expresión no se limita únicamente al ámbito de las opiniones, sino que también ha comenzado a afectar directamente la libertad de religión. En varios casos recientes, instituciones religiosas y líderes de fe han sido sometidos a demandas o sanciones por adherirse a sus creencias en temas controversiales. Un caso destacado es el de propietarios de negocios religiosos que se han negado a prestar ciertos servicios, como la participación en ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo, debido a sus creencias religiosas. En lugar de respetar su derecho a actuar conforme a su fe, estas personas han sido objeto de demandas judiciales que argumentan discriminación, a pesar de que su negativa no estaba motivada por odio, sino por principios religiosos.
Además, varias leyes y regulaciones recientes han sido criticadas por intentar imponer una visión secular de la moralidad, obligando a individuos y organizaciones religiosas a actuar en contra de sus creencias. Esto no solo representa un ataque directo a la libertad religiosa, sino que también envía el mensaje de que las creencias religiosas son menos dignas de protección que otras formas de expresión.
El debate sobre la “verdad”
Parte del problema radica en la noción contemporánea de «verdad». Mientras que en el pasado la libertad de expresión permitía una pluralidad de voces y la coexistencia de diferentes interpretaciones de la realidad, hoy se está imponiendo una visión más rígida, en la que solo ciertos puntos de vista son considerados válidos o verdaderos. Esto ha llevado a que se utilice el término «desinformación» de manera amplia para incluir no solo afirmaciones fácticamente incorrectas, sino también cualquier discurso que difiera de la narrativa predominante. Así, se sofoca el debate público y se excluyen voces importantes, incluidas aquellas de personas de fe que, desde su perspectiva, consideran estar defendiendo la verdad.
Un ejemplo claro de esto es la manera en que ciertos debates científicos o sociales son manejados en la esfera pública. Cuestiones sobre las diferencias biológicas entre sexos, el origen de la vida o la ética médica son constantemente etiquetadas como «negacionismo» o «discurso de odio», incluso cuando quienes los defienden están basando sus argumentos en sus convicciones religiosas. Al censurar estas voces, no solo se limita la libertad de expresión, sino que también se distorsiona el debate público, privándolo de la riqueza que proviene de la diversidad de opiniones.
Consecuencias para la democracia
El peligro de estas tendencias es que erosionan uno de los principios fundamentales de la democracia: el libre intercambio de ideas. La libertad de expresión y la libertad religiosa son derechos complementarios que permiten que las sociedades plurales florezcan. Al atacar estas libertades, se corre el riesgo de crear una sociedad en la que solo un grupo selecto de opiniones tiene lugar en el debate público, mientras que otras son sistemáticamente marginadas o silenciadas.
Esto es particularmente grave en una nación como Estados Unidos, donde la Primera Enmienda ha sido durante mucho tiempo un símbolo de las libertades individuales. Si bien es necesario combatir el odio y la desinformación, es igualmente crucial que estas iniciativas no se conviertan en excusas para censurar o atacar las creencias religiosas y las opiniones disidentes. El reto está en encontrar un equilibrio que permita la coexistencia de diferentes puntos de vista y garantice que todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias, puedan expresar sus opiniones libremente.
La libertad de expresión y religiosa está siendo atacada, especialmente desde sectores de la izquierda que, en nombre de la corrección política y la lucha contra la desinformación, usan el «fact-checking» para silenciar voces discordantes. Esto pone en riesgo el discurso público y los valores democráticos. Para proteger la democracia, es crucial defender el derecho de todos a expresarse sin temor a ser censurados o deslegitimados.
