por Alex Meneses Miyashita
El FBI anunció el 3 de mayo que abrirá una investigación de derechos civiles respecto del uso de fuerza de la policía de Los Ángeles contra civiles durante una manifestación de inmigración el 1 de mayo que reunió a unos 25,000 manifestantes.
El Departamento de Policía de Los Ángeles también está investigando el caso. El jefe de policía William Bratton dijo el 3 de mayo que realizará una investigación “exhaustiva” para determinar si “el uso de la fuerza fue una respuesta apropiada al nivel de amenaza, disturbios y peligro con los que se encontraban los oficiales”.
Los policías dispararon unas 250 balas de goma y usaron bastones y fuerza Latin briefs
física contra los participantes, mientras dispersaban a la multitud durante la manifestación en el Parque Mac Arthur.
Reduciendo una misión comercial a El Salvador, el alcalde Antonio Villaraigosa dijo que estaba “profundamente preocupada” por la acción policial.
Este fue el único incidente violento informado entre las docenas de marchas pro-inmigrantes que se realizaron a nivel nacional ese día y que atrajeron a miles de manifestantes.
Según informes, el conflicto comenzó cerca de las 6:00 p.m. cuando la policía intentó dispersar a los manifetantes que estaban pasándose desde la acera a la calle y respondieron con la fuerza cuando un pequeño grupo de personas les lanzaron botellas y piedras. Bratton dijo que éstos eran entre 50 y 100, agregando que ellos “no formaban parte del grupo mayoritario de cientos de manifestantes pacífi cos”.
Diez civiles fueron lastimados, incluidos siete periodistas (ver Media Report). Siete policías sufrieron de daños menores.
Docenas de latinos y defensores de los inmigrantes denunciaron las acciones a la policía.
La National Immigrant Solidarity Network declaró que al departamento “le faltaba reconocimiento de las consecuencias de sus acciones. El LAPD no logró actuar profesionalmente y demostrar moderación contra la manifestación pacífi ca de las familias que incluían a madres, babés y niños”.
Una coalición de amplias raíces de grupos de- fensores de inmigrantes de California, bajo el nombre “Unión Del Barrio” y “Frente Contra las Redadas” calificaron las acciones como “brutalidad policial racista”.
El presidente del Caucus Congresista Hispano Caucus Joe Baca (D-Ca- lif.), respondió, “Los incidentes como éste perpetúan el miedo en la comunidad hispana…La Primera Enmienda de la Constitución provee… el derecho para manifestarse pacífi camente por una causa, tal como lo hicieron los participantes de esa manifestación”.
Bratton compartió “la entendible preocupación y frustración de todos ustedes que nuevamente el Departamento, sus miembros y la comunidad estuvieron en- vueltos en tal problemático evento. Prometió una “revisión agresiva”.