por Erick Galindo
WASHINGTON, D.C. — Maniobras políticas a alto nivel están llevando a los grupos defensores de los hispanos a inmiscuirse mayormente en la batalla sobre el futuro de Internet.
Mientras la Federal Communications Commission avanza con sus planes de crear una serie de reglas diseñadas para evitar que se formen monopolios online, las organizaciones de protección al consumidor están presionando a los grupos de defensa de etnias y de derechos civiles, incluyendo Urban League, One Economy y el Consejo Nacional de La Raza, para pronunciarse a favor de la neutralidad de las redes.
Algunas, tales como la NAACP, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y la Hispanic Technology & Telecommunications Partnership, están siguiendo el paso de los gigantes de las telecomunicaciones Verizon, AT&T y Comcast. Otros están evitando adoptar una postura que se oponga al trío. Otros, incluyendo la National Association of Hispanic Journalists y los grupos de medios no-blancos se están alineando con los grupos de protección al consumidor y el gigante de la web, Google.
Un punto en el que todos están de acuerdo: Mucho está en juego para las comunidades de color.
Los grupos que favorecen la neutralidad de la red están liderados por el Center for Media Justice. Sin éste, temen un acceso desigual y eventuales costos extra para las comunidades pobres y no blancas. Sus partidarios vienen de todo el país en diciembre para intentar que las organizaciones tradicionales de derechos civiles regresen a su posición.
En reuniones con distintos grupos y legisladores federales, CMJ encontró una mínima oposición a sus argumentos.
“Esto se información nueva para nosotros, que había organizaciones de derechos civiles que creían que la neutralidad de la cadena era una política esencial para proteger los derechos y poder de la gente de color online”, dijo la directora ejecutiva de CMJ Malkia Cyril a Weekly Report. Ninguno de ellos se opuso directamente a la idea, dijo.
Cyril, quien encabezó una serie de reuniones con los grupos entre el 8-10 de diciembre, agregó que el representante de un grupo califi có de “absurdo” que las organizaciones de derechos civiles se opusieran a esto.
“Están tomando una postura medida ante este tema”, dijo Cyril. ”Para ellos, el tema es si es que esto debe estar a la par con la adopción del ancho de banda y otros temas”.
Cyril notó que los grupos invitados a las reuniones fueron escogidos por su cercanía con las empresas de telecomunicaciones y el hecho de que todavía no han adoptado una postura fi rme.
Alex Nogales, presidente de National Hispanic Media Coalition, con sede en California, dijo a Weekly Report que la falta de información es la raíz de cualquier fi sura entre los grupos de protección al consumidor y de derechos civiles.
Cyril agregó, “Los líderes de los grupos nos agradecieron por reunirnos con ellos cara a cara y no dejar que mediara alguna de las empresas de telecomunicaciones. Hasta ahora, toda la información que han obtenido proviene de las empresas de telecomunicaciones. Las organizaciones que tienen profundas relaciones en las comunidades de color en terreno en regiones y estados que son más proclives a adoptar una postura pro la neutralidad en la red porque comprenden su impacto real”. El director ejecutivo del LULAC, Brent Wilkes sostiene que lo contrario es verdad. Dijo a Weekly Report que el miembro promedio de la comunidad Latina está más preocupado de los hackers y los virus.
La única oposición de LULAC a la neutralidad en la red es la cláusula de nodiscriminación, que podría impedir que los proveedores de servicios de Internet favorezcan el contenido o el acceso.
Wilkes notó que la preocupación del LULAC es relativa a la legislación son los efectos adversos podría tener en la adopción del ancho de banda.
“Lo que no queremos que haga la neutralidad en la red es elevar el precio.
Sabemos que nuestras comunidades son sensibles al precio”, dijo, agregando que obligar a los ISPs a brindar el mismo acceso al contenido de las otras compañías podría ser injusto, ya que las ISPs han invertido en la construcción de infraestructura.
“La única opción que estas para que estas compañías compensen los costos de laying the pipe sería cargar más para los mismos datos”.
Wilkes negó las afirmaciones de que la cercana relación de LULAC con AT&T tuvo alguna infl uencia en la materia. AT&T ha donado más de un millón de dólares para ayudar a LULAC a obtener acceso al ancho de banda para las comunidades subdesarrolladas y otros emprendimientos fi lantrópicos.
“Obviamente tenemos que juntar dinero desde distintas fuentes, pero no nos avergonzaremos por defender lo que creemos es correcto”, dijo. “Todo ese argumento es verdaderamente injusto, especialmente cuando solamente parece ser impuesto contra grupos de defensa minoritarios”.
En esto, Nogales estuvo de acuerdo con Wilkes. “Decir que estas organizaciones están hacienda esto por el dinero es mucho”, dijo Nogales.
“LULAC y estos grupos hacen muchas cosas buenas y tienen sus razones para oponerse a la neutralidad de la red”.
Nogales y Cyril estuvieron de acuerdo con que los precios del ancho de banda no subirían con la neutralidad de la red.
“Nuestras cifras apuntan hacia lo contrario”, dijo Nogales. Cyril dijo que sería ilegal pasar el costo a los consumidores, agregando que cree que la FCC pasará la neutralidad en la red y permanece abierta a trabajar con LULAC y otros.
“Hay grupos en todo el país que están comprometidos con asociarse con grupos nacionales de derechos civiles, a fi n de promover redes abiertas porque sabemos que eso es lo que potencia a las comunidades que pueden votar, que pueden defenderse online”, concluyó.
Weekly Report intentó varias veces contactar a AT&T sin éxito. Hispanic Link.
