Hispanic Link News Service
WASHINGTON, D.C. — El horizonte político para el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien se retirara como selección del presidente Obama para ser secretario de comercio en enero por razones de un problema ético pendiente referente a un contrato estatal, se ha mejorado considerablemente.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el 27 de agosto que no enjuiciaría ni al solo gobernador hispano de la nación ni a ninguno de sus más elevados asesores en este asunto.
En diciembre del año pasado Richardson aceptó el nombramiento de Obama, pero se retiró de consideración un mes más tarde cuando se vio claramente que una indagación legal en cuanto a los procedimientos de contratación del estado no se resolvería con prontitud.
Ahora se está comentando que esta exoneración podría volver a colocar a Richardson camino a un nombramiento de alto nivel del presidente.
Richardson, cuyo segundo término como gobernador se acaba en diciembre del 2010, se cree está aún interesado en servir dentro de la administración de Obama. Se ganó puntos importantes a fines de la primaria presidencial demócrata del 2008 cuando respaldó al senador de Illinois y no a Hillary Clinton.
El ex embajador ante las Naciones Unidas y frecuente mediador diplomático estaba de viaje para una misión comercial a Cuba el mes pasado cuando se enteró de su exoneración legal.
El nombre del gobernador se está mencionando ahora en informes nacionales como posible representante diplomático especial al país comunista, que por mucho tiempo ha sido condenado al ostracismo por el gobierno estadounidense.
El 28 de agosto, fiscal de la nación Greg Fouratt envió a los abogados de defensa del caso una carta informándoles que los Estados Unidos “no buscará enjuiciar a sus clientes” por el tema del contrato otorgado por la Autoridad Financiera de Nuevo México a la empresa de California, CDR Financial Products.
No obstante, el fiscal no le otorgó a la administración un pase de conducta ética sin tachas.
En una carta que obtuviera el mayor periódico de Nuevo México, el Albuquerque Journal, Fouratt escribió que su indagación reveló que CDR y sus funcionarios hicieron importantes contribuciones a organizaciones políticas en las que participaba Richardson mientras que la empresa perseguía contratos con el estado y que “…la presión desde el despacho del gobernador resultó en la corrupción del proceso de adquisiciones para que a CDR se le otorgara el contrato para dicha función”.
La indagación federal examinó si más de $100.000 en contribuciones políticas que hicieran CDR y sus principales tuviera influencia o no sobre la selección de la empresa para servir de consejero a la Autoridad Financiera de Nuevo México en cuanto al programa de bonos GRIP.
La indagación se centró en Richardson, y en su ex director de personal, Dave Contarino, y el vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Nuevo México, David Harris, quien encabezara la Autoridad Financiera en el 2004, cuando se inició el programa de bonos.
La carta, de tres párrafos de largo, señaló que la notificación “no impedirá que los Estados Unidos ni el gran jurado vuelva a instituir tal indagación sin notificación si … así determinan las circunstancias”. Fouratt no le hizo comentario alguno al Albuquerque Journal.
Gilbert Gallegos, subdirector de personal de Richardson, emitió una declaración inmediatamente después que el gobernador se enterara que no habría acusación contra él.
“El gobernador Richardson ha sabido desde un comienzo que ni él ni ninguno de sus empleados cometió ninguna transgresión mientras recaudaban fondos con éxito en el 2004”, indicó Gallegos. “La completa y prolongada indagación del fiscal de la nación aparentemente ha determinado lo mismo – que no ocurrió ninguna indiscreción”. © 2009
