En su demanda, el gobierno estimó que el 2.2 por ciento de casi 40 millones de armas que se fabrican anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México
por Mexico News Daily
3 de octubre de 2022 – El gobierno federal anunció que apelará la desestimación de su demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos.
El gobierno presentó una demanda de $10 mil millones de dólares contra los fabricantes de armas, incluidos Smith & Wesson y Barrett Firearms en agosto de 2021, acusándolos de prácticas comerciales negligentes que han llevado al tráfico ilegal de armas y muertes en México, donde las armas de fuego de origen estadounidense se utilizan en su mayoría en delitos de alto impacto.
En una demanda presentada en Massachusetts, se alegó que las empresas han socavado las leyes mexicanas sobre armas al diseñar, comercializar y vender armas de alto poder que atraen a las organizaciones criminales en México.
El juez principal F. Dennis Saylor desestimó el reclamo en la corte federal de Boston el viernes y dijo que la ley de EE.UU. prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando las personas usan sus productos para el propósito previsto.
El juez dijo que había algunas excepciones limitadas en la ley estadounidense, pero ninguna se aplicaba en el caso de México contra los fabricantes de armas.
Saylor explicó que el caso de México no podía superar una disposición de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) que protege a los fabricantes de armas de juicios por “el daño causado únicamente por el mal uso delictivo o ilegal de productos de armas de fuego… por parte de otros cuando el producto funcionó según lo diseñado y previsto.”
En un fallo de 44 páginas, el juez escribió que “si bien el tribunal tiene una simpatía considerable por el pueblo de México, y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que presentó la demanda, dijo que el gobierno impugnaría el fallo.
“El gobierno de México apelará la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas”, dijo en un comunicado.
La SRE también dijo que el gobierno continuaría argumentando que “la forma negligente en que… [las armas de fuego] se venden en los Estados Unidos facilita el acceso de los criminales a ellas”.
El ministerio dijo que la interposición de la demanda fue una “acción valiente y sin precedentes del gobierno mexicano para prevenir que las armas de fuego, muchas de las cuales son de alto poder, causen violencia en nuestro país”.
También dijo que su demanda ha recibido “reconocimiento mundial y ha sido considerada un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia en México y la región”.
Lawrence Keane, el abogado general de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, una asociación comercial de EE.UU. para la industria de armas de fuego, aprobó la desestimación de la demanda «sin fundamento».
“El crimen que está devastando al pueblo de México no es culpa de los miembros de la industria de las armas de fuego, que bajo la ley de los EE.UU. solo pueden vender sus productos legales a los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda después de pasar una verificación de antecedentes”, dijo Keane.
Sin embargo, la SRE dijo que no se da por vencida con la demanda.
“… El gobierno de México seguirá tomando medidas para acabar con el tráfico ilegal de armas. La demanda civil por daños y perjuicios contra quienes se lucran con la violencia que sufren los mexicanos pasa a una segunda etapa”, dijo.
En entrevista con la revista Proceso, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno sabía desde un principio que el sobreseimiento de su caso era una posibilidad.
“El argumento del juez es que la ley PLCAA, que entró en vigencia en 2005, otorga inmunidad a la industria de armas de fuego en Estados Unidos con respecto a demandas civiles… pero reconoce el impacto de la negligencia de la industria de armas de fuego en nuestro territorio”, dijo. dijo.
Ebrard dijo que el gobierno no estaba de acuerdo con la extensión de la inmunidad de Saylor más allá de las fronteras de Estados Unidos.
“… Lo que estamos diciendo es que el daño ocurre fuera de los Estados Unidos y por lo tanto no aplica PLCAA. Vamos a apelar diciendo que fuera del territorio de los Estados Unidos esa ley no aplica”, dijo Ebrard.
El juez “está interpretando la ley a favor de la industria de las armas de fuego diciendo, ‘no es responsable [por las acciones de las personas con sus armas] en ningún lado, ni en los Estados Unidos ni fuera de los Estados Unidos’, pero esa es su interpretación, no esa del Congreso [de los Estados Unidos]”, dijo.
Ebrard dijo que la apelación de México se presentará pronto y que el gobierno “buscará todos los precedentes” en la ley estadounidense para respaldar su caso. “Creemos que tenemos un buen caso”, agregó el canciller.
En su demanda, el gobierno estimó que el 2.2 por ciento de los casi 40 millones de armas que se fabrican anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México. Se cree que los demandados fabrican hasta 597,000 armas de fuego que ingresan a México cada año, entre las que también se encontraban Colt’s Manufacturing Company y Glock Inc.
